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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 30/11/2025 03:05
Milei mostró una camiseta de Estudiantes en su reunión con el canciller de Israel La divisoria de aguas a favor o en contra de Claudio “Chiqui” Tapia fue el mejor “principio de revelación” de los últimos tiempos. Las lealtades se pusieron a prueba dentro del sistema de poder y negocios, una “casta” intacta que como nunca quedó bajo el repudio de los hinchas. El que más rápido lo entendió fue Javier Milei, hábil en captar la bronca social y encauzarla en beneficio propio. Al Presidente le bastó con enviar dos mensajes en redes sociales expresando su respaldo a Estudiantes de La Plata, el club sancionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y dar de baja el viaje a Washington para presenciar el sorteo de la Copa del Mundo 2026. Esas señales fueron muestras de aversión hacia los manejos de Tapia, pero no una declaración de guerra. Más allá de que todo está supeditado a lo que disponga Milei, en la Casa Rosada no se preparan para una embestida. No consideran que sea un momento oportuno y tampoco existe un plan sobré qué hacer con la institución. Por el contrario, consideran que es riesgoso generar ruido justo allí, en la antesala de un año que será en “modo selección”. Entre el 11 de junio y el 19 de julio se desarrollará el campeonato mundial en Estados Unidos, Canadá y México. En el oficialismo estiman que el fervor por ver jugar a Lionel Messi, ahora sí en su despedida, desplazará cualquier otro tema de la agenda y sería imprudente disparar una batalla que enturbie ese clima cuando falta poco tiempo para la competencia. El Chiqui Tapia junto a Messi Los jugadores mantuvieron silencio desde que arrancó el escándalo con la AFA, a partir de la controvertida decisión de crear un título para destacar a Rosario Central, el equipo de Ángel Di María. El reconocimiento se convirtió en un bumerang, afectando la figura del rosarino, uno de los más queridos de la camada de la tercera estrella. El grupo había sellado en 2022, después de coronarse en Qatar, un pacto para tratar de mantenerse lo más alejados posibles de las rencillas de poder y de la política. Hace unos días, Alberto Fernández reconoció las fallidas negociaciones con la AFA en el programa de streaming “Se viene”: “Yo les ofrecí a los jugadores que vayan a la Casa Rosada sin mí y se asomen en el balcón”. El ex presidente mencionó a Pablo Toviggino, tesorero de la asociación, como interlocutor para esa postal que no se dio. Esa regla continúa vigente para la administración de LLA. Un ejemplo: Messi solicitó no compartir el mismo día de disertación que Milei en el America Business Forum, un evento que reunió a mega estrellas y líderes globales en Miami, el 5 y 6 de noviembre pasado. Y así ocurrió. No se trata de una animosidad del futbolista contra el Presidente, sino de una norma que ya regía de antes y cuyo propósito es evitar “la utilización política”. Haberlos puesto en la misma jornada habría sido forzar una situación (un encuentro) y el capitán argentino tampoco deseaba protagonizar un desplante. El aura de Messi envolvió a Tapia hasta ahora, cuando empieza a ser abucheado en canchas y shows musicales, como pasó en el de Andrés Calamaro y en el de Wos. Quizá sea un rechazo pasajero, quizá no. Esa especie de protección le funcionó durante años para adoptar medidas discrecionales, algunas perjudiciales para el fútbol local (como el diseño de los torneos), y capear las sospechas de arbitrajes a medida. Ese flanco, el de la reprobación social, es más novedoso que el judicial. El presidente de la AFA viene sorteando diversas demandas en Tribunales y no cree que lo afecte la reciente denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI). Esa investigación describe un entramado de lavado de dinero por $818.000 millones de la firma Sur Finanzas. El dueño de la empresa es Maximiliano Ariel Vallejo, cercano a Tapia como él mismo se encarga de mostrar en fotos. Su vínculo más visible con el fútbol es a través de auspicios (Racing, Banfield, Barracas Central, Los Andes, Atlanta, Temperley, etc) y préstamos, como a San Lorenzo. En el material que analizan en la DGI y que se aportó a la Justicia, no aparece un nexo directo de la AFA en la maniobra, al menos por ahora. De hecho, la investigación arrancó hace siete meses, sin relación alguna con Tapia, y básicamente debido a la desprolijidad de la operatoria del “prestador de servicios de pago”. Del total del monto sospechado de lavado, el 31% corresponde a sujetos no categorizados y, dentro de ese grupo, el 9% son apócrifos y un 27% monotributistas de escasa capacidad económica. Chiqui Tapia y Karina Milei “Esa causa no le va a hacer daño a Tapia”, arriesga un funcionario que conoce los vericuetos y considera que en el eslabón final de la financiera está la “política del conurbano”. Hay otros caminos que sí lo podrían complicar, advierte la misma fuente, pero sin precisiones. El Gobierno optó por no recorrer esas instancias. Tampoco La Libertad Avanza acelera la idea de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Ese formato no es admitido por la AFA, que exige a los clubes como requisito de afiliación estar organizados jurídicamente como una asociación civil, es decir, sin fines de lucro. El primer intento oficial de modificación fue a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, al inicio de la gestión libertaria. Allí se conminaba a las asociaciones, federaciones y confederaciones a adecuar sus estatutos con el fin de permitir las SAD. La aplicación de esos artículos del decreto fue suspendida por la Justicia. Aún así, en agosto de 2024, el Ejecutivo promulgó la reglamentación desoyendo el fallo, en una jugada más simbólica que con efectos prácticos. “A la gente no le gusta que la política se meta donde no debe. Que lo puteen a Tapia no quiere decir que quieren que intervenga el Presidente”, describe un colaborador. El Gobierno está enfocado en una lista de prioridades que ubican al Presupuesto y la reforma laboral en el tope. Aunque parece fácil y accesible, aún no está garantizado el número para aprobar la “ley de leyes”, que rige la pauta de ingresos y gastos de la administración pública. Las conversaciones fluyen pero no se cierran en términos concretos. La discusión sobre las normas laborales son un capítulo más complejo, y que ya avisan desde un sector del sindicalismo que —según cómo resulte— puede terminar judicializada. Es un clásico de la política en las últimas dos décadas: proyectos estructurales, parteaguas en los partidos, se juegan su aplicación en un tribunal. Es por eso que, desde un ala del oficialismo, apuraban el nombramiento de jueces, incluidos los de la Corte. Tarde o temprano, todo termina allí, un cuerpo en el que los libertarios se sienten en desventaja. Una iniciativa que tomó velocidad en los últimos días fue la modificación a la Ley de Glaciares. La historia de esta norma es interesante porque muestra la tensión orginaria del peronismo/kirchnerismo y cómo se impuso esta última versión. En 2008, el entonces diputado Miguel Bonasso, representante del ala izquierda del kirchnerismo, promovió el proyecto basado en la cuestión ambiental y se opuso al lobby del sector minero y a los intereses de los gobernadores peronistas, como José Luis Gioja. Cristina Kirchner terminó vetando esa ley, con un rol clave de Néstor en ese acto. Luego, en 2010, ella dio “libertad de acción” para tratar otra vez el asunto en el Congreso, y terminó aprobada, contra la opinión del PJ y de su marido. Minera Barrick Gold, en San Juan (Reuters) Milei dijo públicamente que pretende desandar ese andamiaje legal. Las empresas consideran un riesgo que el texto sea ambiguo en la determinación de lo que significa “ambiente periglaciar”, donde no se puede desarrollar la actividad. No está precisado y nadie quiere poner un dólar donde no sabe exactamente si está habilitado por ley. Se hizo un inventario en 2018, pero no se reguló este gris, con lo cual, todo sigue igual. En Gobierno barajó dos opciones: 1) sancionar una norma que delegue en las provincias la determinación de esas zonas o 2) especificar el alcance de las categorías. Este tema forma parte de los ítems relevantes en la relación bilateral con Estados Unidos. La energía y la minería son los protagonistas del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que vence a mediados del año que viene. Juntos representan el 98,3% del total aplicado por el momento. De esa cifra, el 64,8% corresponde al sector minero, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. El rubro registra una solicitud de inversión por USD 21.953 millones, cuyo 73% está aún pendiente de aprobación. Se calcula que un cambio en la Ley de Glaciares podría potenciar un área que está hace décadas sub explotada y más en comparación con otros países, como Chile. La gran mayoría de los proyectos mineros que se anotaron en el RIGI se concentran en el cobre, equivalentes a USD 16.011 millones y en segundo lugar al litio, bastante más abajo, con USD 4.665 millones. Será interesante ver cómo coordina LLA el trámite parlamentario y a quiénes elige para presidir las comisiones de Minería, con fuerte presión de gobernadores para ocupar esas sillas. La temporada alta del Congreso arranca recién el 10 de diciembre. Milei prefirió no pisar el acelerador en este mes y medio de paréntesis post electoral, y se volcó a ordenar la interna dentro de su gabinete. Los bandos enfrentados sólo bajaron las armas, hay una pax superficial y operativa, a la espera de que se equivoque el otro. Sergio Neiffert El dato más relevante es cómo queda la cúpula de la Secretaría de la Inteligencia del Estado (SIDE). Sergio Neiffert buscó alinearse directamente con los hermanos Milei, luego de disidencias con su padrino en el puesto, Santiago Caputo. El asesor le perdió la confianza, al punto de haberle solicitado, sin éxito, que cediera la firma a otro funcionario del organismo. ¿Qué rompió ese vínculo? Neiffert se mostró el martes pasado, al mediodía, en las oficinas del primer piso del asesor, en un mensaje para exhibir distensión y desalentar las versiones de relevo. A pesar de estas rispideces, la Casa Rosada goza de la calma de un monasterio comparado a lo que vive Axel Kicillof en su negociación con la Legislatura. Fracasó su intento de aprobar una autorización de endeudamiento para cubrir, en gran medida, compromisos financieros. El principal escollo para el gobernador no es la oposición, sino la tropa enrolada en ese concepto amorfo llamado Fuerza Patria. “Acá lo que traba todo es (Sergio) Massa y La Cámpora”, sostiene un funcionario bonaerense, que encuadra los vaivenes en una pelea por cargos en la Cámara de Diputados y el BAPRO, sumado a las disidencias que venían de antes. Alexis Guerrera y Facundo Tignanelli Con aire de drama, en la gobernación afirman que si no sale esa ley se complica el pago de aguinaldos y eso es un efecto dominó sobre los municipios. Ese escenario de crisis no parece conveniente para nadie, aún así no hay seguridad de que el martes, en un nuevo intento legislativo, la cosa salga bien para Kicillof. Cristina Kirchner no emitió ninguna instrucción para zanjar el conflicto. Tuvo su pico de intervención política para la campaña, y ahora se adapta al régimen más reducido de visitas, impuesto por la Justicia luego de haber encabezado un encuentro con nueve economistas en su departamento. A casi seis meses de su detención domiciliaria, pasa el tiempo entre lecturas, viendo algo de tele, rutinas de actividad física en su cinta y la pintura, un hobby menos conocido.
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