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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 28/11/2025 04:03
Compartilo con A casi veinte años de la crisis por las pasteras, las orillas de Colón y Paysandú vuelven a caldearse. Pese a los intentos diplomáticos de enfriar la situación, el conflicto por la planta de hidrógeno verde de la firma HIF Global avanza con la aprobación ambiental de Uruguay para su ubicación, desoyendo el reclamo argentino de relocalización y despertando el temor a un impacto irreversible en el turismo y el ecosistema fluvial. Un río Uruguay que vuelve a dividir La historia parece repetirse sobre el Río Uruguay. Casi dos décadas después del intenso conflicto que enfrentó a Argentina y Uruguay por la instalación de las plantas de celulosa (primero Botnia y luego UPM) en Fray Bentos, un nuevo proyecto industrial amenaza con encender la misma mecha. Se trata de la planta de hidrógeno verde que la multinacional chilena HIF Global planea construir en la costa de Paysandú, frente a la ciudad de Colón, con una inversión estimada de 6.000 millones de dólares. El paralelismo con el conflicto de 2005 es inevitable y ronda cada reunión diplomática. Tanto el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, como su par argentino, Pablo Quirno, han coincidido en un punto: “Nunca más puentes bloqueados” , en un claro intento por desvincular ambos episodios y evitar que la protesta social escalde a los niveles de entonces, cuando asambleistas ambientales cortaron el tránsito internacional por varios años. La postura argentina: la sombra de un precedente Del lado argentino, la postura es liderada con firmeza por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien ha planteado de forma consistente la necesidad de relocalizar la planta. Su argumento se centra en el “impacto negativo que tendrá en el turismo y el desarrollo sostenible en la costa”, una bandera idéntica a la que se enarboló durante el conflicto de las papeleras. El gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Colón, José Luis Walser, acompañaron al canciller argentino Pablo Quirno en la reunión con su par uruguayo para abordar el proyecto de la planta en Paysandú. La voz más crítica es la del intendente de Colón, José Luis Walser, quien ha encabezado manifestaciones multitudinarias y ha elevado el tono del reclamo, afirmando que “se terminan los tiempos institucionales y de Cancillería, y hay que empezar a tomar decisiones”. Walser acusa al presidente uruguayo Yamandú Orsi de incumplir su palabra, ya que, según declara, “dijo que la planta se iba a correr o se iban a bajar las chimeneas y ninguna de esas cosas pasó”. La defensa uruguaya y el fantasma de Botnia Frente a estos reclamos, la posición uruguaya se afianza en su soberanía y en la rigurosidad de su evaluación ambiental. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, ha sido contundente: “No está el ánimo de correr la planta”, argumentando que una relocalización supondría retroceder “dos o tres años” en el proceso. Olivera defiende el proyecto destacando las modificaciones realizadas, como la reducción de la superficie de la planta y la creación de una cortina de árboles para mitigar la contaminación visual, que es la preocupación principal de los colonenses. Además, remarca que la planta “es verde o simplemente no lo es”, argumentando que el acceso a los mercados internacionales, especialmente el europeo, está supeditado al cumplimiento de estrictos estándares ambientales. Argentina y Uruguay reviven el conflicto conflicto por las papeleras, que ahora se traslada a la planta de hidrógeno verde de Paysandú. Piden relocalización y temen impacto ambiental. Advertencias en el Congreso y lecciones no aprendidas La disputa trasciende la coyuntura y llega al plano normativo. En el Congreso argentino, el diputado y exgobernador entrerriano Gustavo Bordet ya había encendido las alarmas sobre los proyectos de hidrógeno verde, advirtiendo que, aunque se promocionan como energía limpia, pueden ocultar un “uso intensivo de recursos naturales como el agua y la tierra”. Bordet cuestionó específicamente que la ley de promoción en debate podría favorecer “inversiones externas concentradas, sin garantizar el cuidado ambiental, el valor agregado local, empleo de calidad o desarrollo de tecnología nacional”. Sus advertencias resuenan ahora con fuerza en el conflicto desatado en el Río Uruguay, subrayando la necesidad de un debate amplio que parece no haber tenido lugar. Un diálogo con tiempo prestado Mientras tanto, la maquinaria institucional gira a toda velocidad en Uruguay. El Ministerio de Ambiente ya otorgó la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) al proyecto, clasificándolo en la categoría “C”, la de mayor impacto potencial, lo que exige la realización de un Estudio de Impacto Ambiental completo y una audiencia pública. La resolución de la Dinacea es clara al señalar que pueden surgir “elementos […] que podrían resultar limitantes para autorizar el presente proyecto”, incluyendo la disponibilidad de agua, las emisiones y la idoneidad del emplazamiento. Las negociaciones continuarán durante el verano, pero la ventana para el diálogo parece estrecha. La combinación de un precedente histórico traumático, la firme oposición local argentina y la determinación uruguaya por consolidar la que sería la mayor inversión en su historia, configura un escenario complejo donde el fantasma del río que une y divide planea una vez más sobre la relación bilateral.
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