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» El Ciudadano
Fecha: 27/11/2025 00:23
La Justicia Federal santafesina confirmó que el 18 de febrero iniciará el juicio oral y público contra Juan Ignacio Suris, el preso “super VIP” que entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 habría pagado coimas para gozar de privilegios inusitados dentro de la delegación Santa Fe de la Policía Federal. Suris es oriundo de Bahía Blanca, conocido por sus vínculos con Leonardo Fariña y está detenido en Santa Fe desde noviembre de 2023 tras ser procesado por narcotráfico y asociación ilícita mientras residía en la localidad de Esperanza, del departamento Las Colonias. Además de Suris, se encuentran imputados los entonces responsables de su custodia: el comisario Leonardo Rafael Benítez, su subjefe, también detenido; el comisario Guillermo Gabriel Gallo, jefe de la División Unidad Operativa Federal; y una mujer de Entre Ríos, Mariana Martínez, señalada como la encargada de llevar el dinero con los que se compraba el trato preferencial del detenido. De acuerdo a lo trascendido de forma oficial, el escándalo estalló el 22 de enero de 2024 tras un llamado anónimo a una línea del Ministerio Público Fiscal (MPF) que alertó que Suris podía circular libremente por la seccional y que una mujer identificada como “socia” le había entregado a Benítez un millón de pesos. La Gendarmería allanó la delegación el 11 de marzo y corroboró que Suris vivía con trato privilegiado mientras cumplía la pena unificada de ocho años de prisión ordenada por la justicia federal de Bahía Blanca. Según la investigación, el “jefe del descontrol” era Benítez, quien mantenía un vínculo económico con Suris y lo trataba como a un superior: dentro de la delegación lo llamaban “el inquilino” o directamente “el tercer comandante”, tal como dio a conocer el propio MPF en su sitio oficial. La acusación señala además que Suris “recibía visitas sin control, usaba celulares, ocupaba el casino de oficiales durante el día y contaba con aire acondicionado, ventilador, pesas, frigobar y múltiples comodidades impropias de un detenido”. Su rutina incluía “desayunos tardíos, series de ejercicios, reuniones con familiares, abogados, amigos y ‘novias’, y jornadas que culminaban en asados preparados por los propios policías con carne, carbón, bebidas alcohólicas y gaseosas compradas con el dinero que llegaba en sobres y que se contaba sobre el escritorio del subcomisario Benítez”. La investigación reconstruyó que los agentes dejaban asentadas en un libro informal compras casi diarias: entre las pruebas figuran facturas por $143.215,47 y $97.645,34 abonadas a comienzos de 2024, además de registros de comida encargada por aplicaciones como PedidosYa. Según la Cámara Federal de Rosario, ese libro era utilizado exclusivamente para llevar la contabilidad del dinero aportado por Suris. En un reciente pedido de informes ingresado a la Legislatura por el diputado provincial, Carlos del Frade, se señaló al caso Suris como el tercer gran escándalo que salpica a la Policía Federal en Santa Fe, tras las condenas en 2021 contra Marcelo “Lechuga” Lepwalts (sentenciado a 4 años y medio por brindar cobertura a un narco al que debía investigar) y Mariano Valdéz, el comisario que había simulado un tiroteo en la autopista Buenos Aires–Rosario para encubrir tráfico de anfetaminas. “Cuadro objetivo” de coimas Las camaristas Élida Isabel Vidal y Silvina Andalaf Casiello confirmaron en febrero pasado los procesamientos de Gallo y Suris, y declararon firmes los de Benítez y la mujer que llevaba el dinero. En su resolución, remarcaron que se probó un “cuadro objetivo” de coimas: Suris entregaba dinero directamente o mediante terceros, y los policías garantizaban privilegios que excedían por completo las condiciones mínimas de dignidad alegadas por las defensas. Entre las evidencias se citan los testimonios de agentes que vieron fajos de efectivo sobre el escritorio del subcomisario mientras Suris estaba presente, el análisis de libros de novedades donde se registraban reuniones privadas entre el detenido y Benítez, y las anotaciones del libro informal habilitado por Gallo, que funcionaba como hoja de ruta del peculado. La Cámara procesó a Gallo como coautor de cohecho pasivo y peculado, y autor de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, y embargó sus bienes por ocho millones de pesos. Benítez quedó procesado por los mismos delitos, más encubrimiento doblemente agravado y violación de secretos, con prisión preventiva y un embargo de diez millones. Suris fue procesado como autor de cohecho activo, con embargo por seis millones, y sólo obtuvo falta de mérito en el delito de encubrimiento agravado. La mujer acusada de llevar el dinero afronta cargos como partícipe de cohecho activo y un embargo de tres millones.
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