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Paraná » Entreriosactual
Fecha: 26/11/2025 22:28
VICTORIA: Denuncia penal por crueldad animal: un caballo muerto en una pialada vuelve a encender la polémica El aberrante episodio ocurrido el 23 de noviembre en una pialada en Victoria, donde un equino murió en plena pista ante la mirada de cientos de personas, ya no es solo tema de conversación en redes sociales: llegó a la justicia penal. Las organizaciones Conciencia Animal y Ecoguay Gualeguay presentaron una denuncia penal por crueldad animal ante el Ministerio Público Fiscal de Victoria, provincia de Entre Ríos. La presentación –según informaron– fue realizada con el patrocinio letrado de los doctores Cecilia Domínguez, Fernando Di Benedetto y Juliana Darrigo, quienes pidieron que se investigue en el marco de la Ley 14.346 de malos tratos y actos de crueldad contra los animales y las normas provinciales que regulan estos espectáculos. El caso se conoció a partir de un video que circuló en redes, donde se ve la maniobra sobre el caballo y, luego, al animal desplomado mientras el público sigue la escena como parte del “show”. Para las ONG, lejos de un accidente aislado, se trata de la consecuencia lógica de una práctica violenta que expone a los animales a riesgos extremos en nombre de la “tradición” y el entretenimiento. En su presentación, las organizaciones reclamaron que el Ministerio Público Fiscal disponga de manera urgente todas las medidas de investigación penal preparatoria: identificación de organizadores, responsables de la pialada, jinetes, médicos veterinarios intervinientes –si los hubo– y funcionarios que autorizaron el evento. El objetivo es claro: que haya responsables penales por la muerte del equino y que no quede reducida a una anécdota en redes sociales. La denuncia también pone bajo la lupa el rol del Estado municipal y provincial. Para que se realicen estos eventos suele haber habilitaciones, seguros, controles mínimos. Si un caballo muere en la pista en un contexto de jineteada o pialada, no es solo un “gaje del oficio” gauchesco: es un hecho que, en pleno siglo XXI, debe ser revisado a la luz de la legislación vigente y del consenso social cada vez más amplio respecto al bienestar animal. El debate no es nuevo. Desde hace años, distintas ciudades del país discuten la continuidad de jineteadas y pialadas financiadas o promovidas por el Estado. La pregunta es siempre la misma: ¿hasta dónde se puede invocar la “tradición” para justificar prácticas que implican sufrimiento, lesiones y, como en este caso, la muerte de un animal? La denuncia presentada en Victoria vuelve a plantear esa discusión, pero ahora con nombres propios y un hecho concreto. Las ONG denunciantes fueron contundentes: esperan que la justicia no mire para otro lado, que actúe con la misma energía con la que se persiguen otros delitos y que siente un precedente para que estos espectáculos dejen de ser zonas liberadas. “Que se condene a quienes asesinaron a un equino”, reclamaron públicamente. Mientras tanto, en Victoria queda flotando una interpelación incómoda: ¿qué lugar ocupa la protección animal en la agenda de las autoridades locales? ¿Se seguirán promoviendo y auspiciando eventos donde la diversión depende del riesgo extremo sobre un animal, o este caso marcará un antes y un después? La pelota –y la responsabilidad– ahora están en la cancha del Ministerio Público Fiscal y de los funcionarios que deben garantizar que la ley se cumpla para todos: también para quienes hacen negocio o política a costa del maltrato animal.
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