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» Data Chaco
Fecha: 26/11/2025 03:59
Cinco años después de la muerte de Diego Armando Maradona, la causa que busca establecer si hubo responsabilidades penales en su atención médica sigue sin una sentencia y recién ahora intenta retomar el rumbo. Entre nulidades, maniobras defensivas y el escándalo que barrió a una jueza del tribunal, el expediente sigue atrapado en su propio laberinto. El 25 de noviembre de 2020, el astro murió por un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca crónica y una miocardiopatía dilatada. Su fallecimiento abrió una investigación destinada a determinar si el equipo médico actuó con negligencia durante la internación domiciliaria posterior a su neurocirugía. Para la Fiscalía, esa atención fue deficiente, riesgosa y contraria a los protocolos que su estado demandaba. Por eso acusan a los profesionales por homicidio simple con dolo eventual, al considerar que sabían del peligro y aun así no intervinieron de manera adecuada. Lo que debía resolverse en un juicio rápido terminó transformándose en una pesadilla institucional. El primer debate oral, que había avanzado durante varios meses, quedó anulado tras descubrirse que una de las juezas, Julieta Makintach, participaba en la filmación de un documental clandestino sobre el proceso . La gravedad del hecho no solo invalidó todo lo actuado: también terminó en su destitución por mal desempeño y dejó a la causa en punto muerto. La destitución de Makintach implica que no podrá volver a desempeñarse en el ámbito judicial ni acceder a la jubilación propia del cargo. Superado ese capítulo, un nuevo tribunal —el TOC N°7 de San Isidro, integrado por Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón— convocó a una audiencia preliminar para ordenar la prueba y habilitar formalmente el juicio oral. Ese encuentro se realizará el 2 de diciembre y será el último paso antes del debate, previsto para el 17 de marzo del año próximo, siempre que no prosperen las objeciones que prepara la defensa. Los acusados siguen siendo los mismos que en el juicio anulado: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su superior Mariano Perroni, la médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el clínico Pedro Di Spagna. En paralelo continúa la causa contra la enfermera Dahiana Madrid, quien insiste en ser juzgada por un jurado popular; su proceso aún no tiene fecha. La audiencia del 2 de diciembre también será escenario de una jugada clave de los defensores: el planteo del principio "non bis in idem", que prohíbe juzgar a una persona dos veces por un mismo hecho. Sostienen que, como el juicio ya comenzó una vez —y aunque haya sido declarado nulo—, sus clientes no pueden volver a enfrentar otro proceso. La postura no es compartida por la Fiscalía ni por las querellas, que remarcan que no hubo absoluciones ni sentencias firmes que activen la garantía de cosa juzgada. Mientras los jueces ordenan la prueba y deciden si habilitan o no ese planteo, el nuevo juicio se perfila como la instancia definitiva para esclarecer si existió negligencia en la internación domiciliaria de Maradona. El Ministerio Público sostiene que el dispositivo médico montado en la casa de Tigre fue insuficiente, improvisado y peligrosamente lejos de lo que exigía la condición del paciente. De comprobarse esta hipótesis, los profesionales podrían enfrentar penas de entre 8 y 25 años de prisión. Notas Relacionadas
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