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Fecha: 25/11/2025 10:49
Busca formalizar a millones de trabajadores en negro y plantea cambios en período de prueba, registración e indemnizaciones, además de límites al bloqueo sindical. Esta semana, el proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo vuelve a ganar impulso. La diputada nacional Verónica Razzini, una de las principales impulsoras de la iniciativa, sostuvo que “hay una extrema confidencialidad. Todo lo que se habla son trascendidos. No se puede hablar de borradores, pero sí de las condiciones que nos llevan a la reforma laboral”. La legisladora santafesina subrayó que uno de los pilares de la reforma es incorporar al sistema formal a “esa cantidad de millones de trabajadores que está en negro”. Según ella, “se necesita de manera urgente que ingresen” para que puedan acceder a derechos de los que hoy no gozan. En presentaciones anteriores, Razzini propuso extender el período de prueba laboral, simplificar la registración de trabajadores y eliminar algunas multas por falta de registro. También planteó declarar delito penal al bloqueo de empresas. En cuanto a indemnizaciones, su propuesta explora un régimen similar al de la UOCRA, lo que implica reconfigurar las formas tradicionales de compensación por despido. Asimismo, Razzini reaccionó ante las críticas de ciertos sindicatos. Afirmó que “no podés resistirte a algo que no conocés” y cuestionó que algunas organizaciones hayan tomado posición antes siquiera de conocer el texto definitivo. Sobre las acusaciones de flexibilización excesiva, defendió su visión: “Si tenemos casi la mitad de los trabajadores fuera del sistema, hay algo que está mal y hay que empezar a modificarlo”. Añadió que la propuesta no es una “locura” sino una oportunidad para “dar derechos a gente que no tiene absolutamente ninguno”. Para Razzini, el mundo sindical argentino debe reinventarse. Según ella, la nueva ley laboral debe reconfigurar cómo operan los gremios y establecer límites a ciertas protestas, respetando “los derechos de los otros”. Además, celebró un decreto reciente que amplía las actividades consideradas esenciales, lo que implica que ciertos sectores deberán garantizar un servicio mínimo del 75 % durante huelgas.
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