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Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 25/11/2025 09:54
Escribe el abogado ambientalista Ricardo Luciano. Los funcionarios de la Secretaría de Ambiente Provincial gastan los dineros públicos en viajar a conferencias, como se publicó en el portal oficial. “La presencia de la Provincia con una delegación oficial participó en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), celebrada en la ciudad de Belém, Brasil. La delegación fue encabezada por la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, y el director de Cambio Climático, Maximiliano Gómez”. También realiza convocatorias como que “el Gobierno entrerriano lanzó la invitación a la ciudadanía para formar parte de una serie de instancias participativas del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático”. Y pronuncian ostentoso eslogan: “La provincia de Entre Ríos asume la lucha contra el cambio climático como un desafío político, social y económico de primer orden. Lejos de tratarse de una agenda ambiental sectorial, las políticas climáticas que hoy impulsa el Gobierno provincial están profundamente conectadas con los grandes objetivos del desarrollo: humano, económico y productivo, la seguridad alimentaria, el ordenamiento del territorio y la integración regional”. Pese a esas convocatorias y costosos viajes, en casa estamos sin ninguna acción de control concreta por parte de la mentada Secretaría. En lugar de ocuparse de lo que les corresponde, como es evidente que no tienen idea del cargo que ocupan, sólo realizan acciones marketineras. A diario recibimos información de vecinos que se quejan de alguna actividad que ataca a su salud y al medioambiente, acciones contaminantes que, son los ciudadanos de a pie que las visibilizan y demuestran con eso la inoperancia de la secretaría de Ambiente provincial y, en algunos casos municipales. Existen sentencias judiciales para determinar la ineficacia de la Secretaria provincial, en las que se ordena hacer lo que la ley determina, y no lo hacen porque no conocen lo que deben hacer y están ocupados en viajar y en reuniones inocuas. El 6 de noviembre, la Fundación Cauce buscaba obtener, a través de una Solicitud de Acceso a la Información Pública Ambiental (Saipa), datos claves respecto a la ampliación de la navegabilidad del río Uruguay y trabajos de “modernización” en el complejo Salto Grande. El Gobierno entrerriano no respondió en tiempo y forma, por lo cual la ONG inició una acción judicial. El 30 octubre, también la Fundación Cauce y el Foro Ecologista Paraná presentaron una denuncia penal por contaminación en la cuenca del río Paraná. La presentación solicita una investigación por delitos de contaminación ambiental, inspecciones inmediatas en los parques industriales de Paraná y Crespo, identificación de empresas responsables y revisión del accionar de los funcionarios encargados del control. La acción judicial se realizó luego que se registrara nuevamente la aparición de aguas sanguinolentas sobre arroyo Espinillo, afluente de arroyo Las Conchas, ambos tributarios del río Paraná. Denuncia que el dragado de la Hidrovía se licitará sin estudio de impacto ambiental. El 28 octubre, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial denunciaron penalmente a los responsables de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la audiencia pública convocada para tratar las condiciones de licitación de la gestión de la Hidrovía. Esta reunión estaba prevista para este 3 de noviembre “y buscaba convalidar un nuevo salto en el proceso de profundización de la Vía Navegable Troncal (VNT)” sobre el río Paraná, señalaron desde la organización. En el encuentro, se adelantó, se presentaría un informe por el cual se trataría de evadir los requisitos de la Ley General del Ambiente, se apuntó. Nuevamente, aguas sangrientas en arroyo Espinillo del 26 octubre, ya que se registró otra denuncia más de contaminación del arroyo Espinillo, tributario de arroyo Las Conchas, vertiente que desemboca en el río Paraná, aguas arribas de la capital entrerriana. No es la primera vez que se detectan aguas sanguinolentas, teñidas por un color rojo, se recordó. En octubre de 2024 se detectó el origen en una fuga de líquidos tóxicos de las lagunas de tratamiento del Parque Industrial de Crespo que desbordan con las lluvias. Esta vez, las aguas pestilentes se vieron en el paraje conocido como Calzada de Espinillo, a unos 7,3 kilómetros noreste de Sauce Pinto, en el departamento Paraná. El 18 octubre, se conoció que el diputado nacional Atilio Benedetti propone fumigar con agroquímicos a 10 metros en todo el país, el 15 octubre constatan nuevos taponamientos por terraplenes ilegales en islas de Victoria y el 7 octubre por la causa Amarras, sin reparación ambiental y la querella es apartada del expediente Podría aburrirlos con ejemplos que se dan a diario por el nulo funcionamiento de la Secretaría de Ambiente provincial y de varios municipios. La semana pasada pusieron por enésima vez el grito en el cielo los vecinos del barrio Don Pedro por el no funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos líquidos del PIG. La justicia llama El 4 de noviembre fue citado a indagatoria por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri el presidente municipal de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, el 18 de noviembre tuvo su audiencia de indagatoria la secretaría de Ambiente provincial, Rosa Hojman. En diciembre están citados el 2 de diciembre el secretario de minería Ricardo Iturriza, el 16 de diciembre lo hará el ministro de Desarrollo Productivo Guillermo Bernaudo, y el 26 de diciembre la presidenta de Cristamine S.A. Amalia Maluendez, poseedora de varias areneras y plantas de lavado de arena de sílice en nuestra provincia. Luego, el 9 de febrero de 2026, tendrá que concurrir a prestar declaración indagatoria el ex intendente de Ibicuy, Gustavo Roldan, y la lista no está cerrada en esta causa que tramita en el Juzgado Federal de Gualeguaychú porque hay responsables que no han sido citados todavía. Cuando empresas y funcionarios incumplen la ley, es la justicia la que pone las cosas en su lugar para que cumplan con la normativa vigente, para bien de todos es algo que está sucediendo y, para tranquilidad de los ciudadanos comunes el único que está tratando de ordenar todo es el Juez Federal de Gualeguaychú, al que debemos de estar agradecidos.
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