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» Diario Cordoba
Fecha: 24/11/2025 21:16
El Gobierno ofrece descongelar los salarios de los funcionarios e incrementarlos un 2,5% este año, de forma retroactiva. El abono de dicha oferta se produciría todo de golpe en una 'súper paga' a cobrar este mismo mes de diciembre, donde coincidirían los atrasos con la paga extra de Navidad, según han trasladado distintas fuentes sindicales. Pese al movimiento, por el momento no existe acuerdo con las centrales y las negociaciones siguen. El Ejecutivo ha concretado este lunes a los sindicatos como quiere distribuir la subida salarial acumulada que pretende del 11% hasta 2028. Las condiciones no convencen todavía a las centrales, que seguirán negociando. "Función Pública ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión el próximo miércoles", ha hecho público el Gobierno mediante un comunicado. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha planteado una paga extraordinaria este diciembre que condense una subida del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero, según explican fuentes sindicales. Más de tres millones de empleados públicos están a la expectativa del desenlace de las conversaciones. Desde el Ejecutivo arguyen limitaciones presupuestarias a la hora de distribuir su oferta de incrementos salariales del 11%, que satisface a una mayoría sindical. No así la distribución del incremento, dónde se centra actualmente la negociación. "Todo el porcentaje iría a fijo, sin ningún tipo de variable", han apuntado desde UGT. El Gobierno sostiene que no puede exceder un incremento acumulado del 4% para 2025 y 2026, por los márgenes que Hacienda se ha impuesto en función del techo de gasto, y los sindicatos se resisten a aceptar dichas cuantías, ya que ello se traduciría en una probable pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos. "El principal escollo se encuentra en el porcentaje de subida salarial que el Ejecutivo ofrece para este año 2025 (con efectos retroactivos desde enero) y para 2026, que sería de un 4%, algo que vemos insuficiente", ha resumido CCOO en un comunicado. El Gobierno trata de consensuar con los sindicatos un acuerdo plurianual de incrementos salariales. Y es que las nóminas de los empleados públicos llevan congeladas desde enero y no ha sido hasta hace unas semanas que el ministerio que dirige Óscar López se ha puesto a conversar con los representantes de los trabajadores para corregirlo. Subida escalonada Para este año, desde Función Pública ponen encima de la mesa aumentar las remuneraciones un 2,5%, cifra muy similar a la que probablemente subirán las pensiones el año que viene -el IPC apunta a un incremento del 2,6%, a confirmar este viernes-. El Ejecutivo ofrece una cuantía algo por debajo de la inflación prevista para la media del año y tampoco ofrece compensarla el año próximo. No sería hasta 2027 cuando los funcionarios podrían ganar poder adquisitivo de nuevo. Según las cifras que remiten desde las centrales, para ese ejercicio el Ejecutivo pone encima de la mesa un 4%, algo que no convence. Es decir, de momento la sucesión de incrementos se distribuiría de la siguiente manera: 2,5% para 2025, 1,5% para 2026, 4% para 2027 y 3% para 2028. Posible acuerdo con todos los sindicatos UGT y CCOO todavían no han dado su 'sí', pero valoran los movimientos del Gobierno y están por la labor de firmar un acuerdo. El tercer sindicato en la mesa y que también podría sumarse a un acuerdo es Csif, que hasta ahora había optado por el 'no'. "Función Pública ha aceptado cuestiones fundamentales para nuestro sindicato: eliminar la tasa de reposición, mejoras en la promoción interna, elevar las cuantías por insularidad y por razón de servicio (manutención y alojamiento), que llevaban sin actualizarse dos décadas y mejorar la asistencia sanitaria en Muface. Desde Csif, valoramos estos aspectos y analizaremos el acuerdo en su globalidad", han trasladado desde el sindicato. La cuestión salarial es el hueso de las negociaciones, si bien hay otras materias encima de la mesa que también condicionan el cierre del acuerdo. Principalmente, las centrales reclaman que el Ejecutivo cumpla con compromisos antiguos pero no materializados, como es, entre otros, la reducción de la jornada laboral del personal de la Administración General del Estado (AGE) a las 35 horas semanales.
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