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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 24/11/2025 16:57
Si bien todavía no se ha presentado el proyecto de “modernización laboral” que impulsa el gobierno de Javier Milei, las condiciones ya se muestran desfavorables para los trabajadores. Jornadas de doce horas, cierres de empresas y despidos se multiplican a lo largo y a lo ancho de la provincia. Lunes, 24 de Noviembre de 2025, 6:03 Redacción EL ARGENTINO Argentina comienza a discutir los términos de la “modernización laboral” que el gobierno de Javier Milei volvió a impulsar tras el triunfo en las elecciones del 26 de octubre. Muchos sostienen que, más allá del nombre con que se la presente, se trata de cambios en la relación entre empleados y empleadores que ya se experimentaron en el país y que, siempre, tuvieron consecuencias negativas para las grandes mayorías. El momento elegido para avanzar en estos cambios evidencia mayor fortaleza en términos políticos por parte del oficialismo, pero, en el plano económico el panorama muestra recesión, caída sostenida del consumo, pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas en todo el territorio nacional. Entre Ríos, claro, no es la excepción. Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y julio de 2025 la provincia registró una pérdida neta de 658 empleadores, lo que representa una contracción del 3,8% en la cantidad de empresas. En el mismo período, se destruyeron 9.992 puestos de trabajo registrados, una caída del 3,6%. El sector más afectado en términos de cierre de empresas fue el Comercio (con 161 empleadores menos), mientras que, en términos porcentuales, los Servicios Artísticos, Culturales, Deportivos y de Esparcimiento lideraron la caída (-15,4%). Del empleo privado al trabajo informal EL ARGENTINO dialogó con distintos actores del mundo del trabajo, que pusieron el foco en la realidad entrerriana. Irina Asrilevich es licenciada en Relaciones del Trabajo (UBA) y titular de Laboroscopio, desde donde remarcó la falta de datos estadísticos recolectados por organismos provinciales, aunque apeló a los datos del Indec, de donde se desprende, por ejemplo, que “en el Gran Paraná hubo un incremento del desempleo al comparar los segundos trimestres de 2024 y 2025. Pasando de 3,7 a 5,6 puntos porcentuales en la última medición”. “Empleo hay, pero en condiciones cada vez más precarias. Salarios que no alcanzan, derechos que no se ejercen, protección de la seguridad social que brilla por su ausencia. Lo que se ve es que hay una mutación de empleo privado a trabajos independientes o informales”, indicó la profesional. “El mercado tiene expectativas de que el ordenamiento de la macroeconomía va a empezar a encontrar un puente con la economía cotidiana, que será más fácil acceder al crédito para la inversión productiva y eso repercutirá en un incremento de la actividad económica y por lo tanto en nuevos puestos de trabajo”, opinó Asrilevich. Y cerró: “la duda que nos queda es si el modelo económico en el que está pensando el gobierno es uno basado en la producción y el trabajo o, más bien, en la especulación financiera cuya demanda de trabajadores dista de ser intensiva”. Ley Bases y DNU 70 Un repaso por la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y del Decreto 70/2023 vislumbra los ejes sobre los cuales busca avanzar la gestión libertaria. El Gobierno nacional había impulsado su primer intento de modificación de la legislación laboral mediante el Decreto 70/2023, pero su capítulo laboral fue declarado inconstitucional por la Justicia. Luego, el Congreso aprobó (con el apoyo de los legisladores que responden al gobernador Rogelio Frigerio) la Ley Bases, que incluyó algunos cambios al régimen laboral. Por ejemplo, modificaciones al período de prueba (de 3 a 8 meses), la creación de un fondo de cese laboral y la habilitación a un trabajador independiente a contratar a otros trabajadores independientes, sin generar una relación de dependencia. Ya el DNU 70 planteaba una fuerte flexibilización, derogando las indemnizaciones dobles en caso de una relación laboral no registrada o efectuada de manera deficiente y la restricción al derecho de huelga, al considerar "servicios esenciales" o "actividades de importancia trascendental", a diversos rubros. “La sanción de leyes laborales no genera trabajo” José Ruiz es director del Instituto del Trabajo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER). En diálogo con este medio, hizo referencia a sus palabras en la apertura del “Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos”, realizado el mes pasado en Paraná. “A pesar que es un hecho científicamente comprobado que la sanción de leyes laborales no genera trabajo, sino que ello depende de las condiciones de desarrollo de una sociedad y su economía, la variable de ajuste ha sido constantemente la precarización del trabajador y la trabajadora mediante la imposición de reformas regresivas”, expuso en ese momento. Asimismo, no se mostró en contra de una reforma laboral que considere los nuevos trabajos, “pero también que haga foco en el trabajo como actividad creadora y no como mercancía, el dilema ético de la inteligencia artificial en el trabajo, la discusión de la jornada de trabajo y el derecho a la recreación, el derecho a la desconexión”, entre otros puntos. Ya el año pasado el Instituto de Derecho del Trabajo del CAER había emitido un duro dictamen contra la Ley Bases, considerada “una reforma regresiva que se destaca por retrotraer la cosmovisión del trabajo a siglos anteriores”. El trabajo de plataformas, como Rappi o Pedidos Ya, evidencia el avance de la precarización del mercado laboral “Eliminar la protección contra el despido arbitrario es eliminar la principal protección que tiene el trabajador. ¿Qué posibilidad alberga el trabajador de reclamar horas extras, o que se consigne la real fecha de ingreso, o solicitar una licencia por enfermedad si se elimina la protección contra el despido arbitrario? Peor aún, cuando el trabajador no está registrado ¿qué resguardo tiene contra un accionar abusivo del empleador?”, se pregunta el dictamen. Por otro lado, respecto al Fondo de cese laboral (que sustituiría a las actuales indemnizaciones) el documento sostiene que es un “impuesto al buen empleador”, quien “se ve obligado a aportar un porcentaje del salario del trabajador independientemente que en un futuro decida despedirlo o no. Los empleadores que intentan aumentar su productividad no contratan trabajadores y trabajadoras previendo despedirlos”. En este sentido, Rubén Seijo, profesor de la UBA y la Universidad Nacional de Quilmes, ofreció un claro ejemplo a EL ARGENTINO: “Con la cuota mensual a pagar, cada empresa tendrá un costo adicional a los descuentos de la seguridad social que ya se realizan; alternativa que en la mayoría puede resultar mucho más costosa que el actual sistema de indemnizaciones. Para tener una idea, una empresa puede tener treinta empleados y planear despedir solo a dos, pero la cuota del Fondo de Cese la paga por los treinta durante los 12 meses del año. Esto representa un claro aumento de costos y un fuerte desincentivo para la creación de empleos y emprendimientos”. La posición del gobierno entrerriano Días pasados, el gobernador Rogelio Frigerio se volvió a mostrar en favor de la reforma laboral. “La política hace rato que viene pateando para adelante una serie de reformas y creo que llegó el momento de concretarlas”, indicó en este sentido. “Tenemos prácticamente la misma cantidad de trabajadores informales que formales, y eso me parece una vergüenza”, aseguró, abonando a la idea de la flexibilización ayudaría a la creación de empleo registrado. “Debemos cambiar las normas para que todos los argentinos puedan acceder a un trabajo normal, en blanco y moderno. Hay que ajustar las normas laborales a estos tiempos, ya que los trabajos no son los mismos que hace 50 años”, indicó, en este sentido. Respecto a las discusiones que se vienen en el Congreso (las reformas se tratarán durante el verano, en sesiones extraordinarias), se descarta que los dos senadores entrerrianos por la Alianza Libertad Avanza (Benegas Lynch y Almeida) y los tres diputados electos (Laumann, Fregonese, Schneider) aportarán sus votos a la reforma del gobierno. De hecho, quienes encabezan las listas responden directamente al espacio del presidente Mieli, lo que deja reducida la capacidad de negociación del Gobernador entrerriano. Tanto Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, senadores electos, como el diputado electo Andrés Laumann vienen del sector empresarial. Benegas Lynch se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y se dedica al negocio agropecuario. Desde el 2007 tiene residencia en La Paz y fue quién quedó en el foco de la polémica luego de expresar la idea de privatizar la empresa binacional Salto Grande, aunque luego se retractó. Por su parte, Romina Almeida nació en Gualeguay y vive en Paraná hace mucho tiempo. Durante 15 años estuvo a cargo de la pyme familiar Leitis, una fábrica de galletitas, y hace siete que dirige su propio estudio de arquitectura. Esta es su primera incursión en la política partidaria y, dato no menor, es esposa de Hernán Viola, el apoderado legal del partido en la provincia. Andrés Laumann, en tanto, se dedica a la importación y comercialización de productos de movilidad eléctrica y, también, cuenta con máquinas viales en alquiler. Integra el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Polo y, en la campaña 2023, de la que fue parte como candidato a intendente de Paraná, se hizo conocido por dar entrevistas con una máscara de Batman. Ambos senadores como el diputado libertario poseen un perfil marcadamente empresarial, dato no menor si se considera que son quienes definirán, en el marco de la reforma laboral, el futuro de miles de trabajadores. La falacia de la industria de los juicios Uno de los argumentos más fuertes para avanzar sobre los derechos laborales es el de “la industria de los juicios”. Son muchas las voces que han argumentado en contra de esta idea, una de las más autorizadas es la de Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, quien aseguró que “la cantidad de juicios laborales es ínfima en comparación con el número de violaciones a los derechos laborales”. “El problema es otro: muchas empresas, sobre todo PyMES, tienen niveles de rentabilidad muy bajos debido a múltiples factores: tipo de cambio, infraestructura deficiente, mercado interno cada vez más pequeño, etc”. Por lo que “al no poder reducir costos por esta vía, muchos empleadores recurren a incumplir con la legislación laboral, ya que en el corto plazo nadie hace juicio por eso. Todos los trabajadores priorizan mantener su puesto de trabajo”. En esta línea, José Ruiz diferenció a Entre Ríos del mapa nacional: “Hay que tener en cuenta que por el tipo de economía que se desarrolla en la provincia el porcentaje (de juicios) es menor. Existe mayor informalidad por tipo de actividad (actividades agropecuarias o de zafra) y por tamaño de empresas. No hay grandes empresas (salvo frigoríficos de pollo o algún molino) como en la provincia de Buenos Aires o en CABA, donde tenés industria fabril y manufacturera”. Además, “hay menos litigiosidad cultural y el porcentaje de conciliaciones (sin llegar a juicio) es altísimo”. “Hay una reforma laboral que es de hecho” “Lo primero que hay que decir es que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto fue impuesto en la dictadura militar, aprobado en la década del 90 y hubo un intento del macrismo”, sostuvo el abogado laboralista Andrés Ocampo. “Pero hay una reforma laboral que ya están llevando a cabo las empresas. Acá, en Gualeguaychú, la empresa Baggio estableció cuatro días de doce horas con cuatro días de descanso. Sin fines de semana, sin horas extras…es la misma lógica de las bolsas de horas, de la Ley de bases y el Decreto 70/2023, que ya había sido propuesta por el presidente Macri”. “Estas reformas no sólo no crean empleo, sino que destruyen las condiciones del empleo registrado vigente. Lo que genera mayor rotación y, por lo tanto, más desempleo. Y, por otro lado, una mayor concentración de la tasa de ganancias de los empleadores y la pérdida de derechos de los trabajadores”, cuestionó Ocampo. En esta línea, Rubén Seijo referenció una investigación realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Tendencias Mundiales del Empleo 2014”, sobre reformas realizadas en 110 economías del mundo entre 2008 y 2014, que evidenció que “no existe un vínculo directo entre el grado de rigor de la legislación protectora del empleo y la tasa de empleo agregada” y que “las reformas desregulatorias de la legislación protectora del empleo aumentan el desempleo a corto plazo si se ejecutan durante periodos de crisis”. Si bien resta la presentación formal del proyecto de reforma en el Congreso de la Nación, los principales puntos puestos en la discusión pública hasta ahora evidencian condiciones desfavorables para el grueso de los trabajadores y una reforma que se está llevando a cabo de hecho, en Entre Ríos y en todo el país. Más allá de los matices de los cambios que se negocien en Diputados y Senadores, se impone una realidad inexorable: sin crecimiento económico no habrá cambios legislativos ni leyes que favorezcan la creación de empleo.
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