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» Impactocorrientes
Fecha: 20/11/2025 17:58
Milei, el rey del abandono: 6.400 barrios populares al desamparo El Gobierno invirtió apenas 4,2 millones de dólares en obras de integración sociourbana en lo que va del año. Un trabajo de Fundar sugiere un ambicioso plan de urbanización para los próximos 12 años, aunque enfrenta desafíos para el financiamiento. Compartir en Facebook Compartir en Twitter El Gobierno de Javier Milei dejó librado al abandono a más de cinco millones de habitantes que residen en los 6.467 barrios populares del país: en lo que va del año, la administración libertaria invirtió apenas 4,2 millones de dólares para financiar obras de integración sociourbana, el 0,2 por ciento de la inversión anual requerida, según revelaron investigadores y organizaciones sociales. Los datos se desprenden del trabajo “De los barrios populares a la ciudad formal: aportes para un plan nacional de integración sociourbana”, elaborado por el think thank Fundar y la ONG Techo, que advirtieron que, si bien el financiamiento a la política de integración sociourbana en los últimos años ha sido insuficiente”, el derrumbe se agravó tras la llegada de Milei al poder, con una “caída sostenida de la inversión pública” que se agudizó más en el último año. Según el paper, “existe un déficit estructural de financiamiento para avanzar en la agenda de integración”: el trabajo sugiere una inversión millonaria para resolver la brecha de infraestructura que supera los 27 mil millones de dólares, con un plazo de 12 años y un financiamiento anual de 2.250 millones de dólares. “Sin inversión en integración sociourbana se condena a millones de personas y miles de familias a seguir viviendo en la exclusión. No se trata de viviendas, servicios o infraestructura, sino de reconocer a los barrios populares y las personas que viven ahí como parte fundamental de la Argentina”, aseguró a Página|12 el director ejecutivo de TECHO, Juan Maquieyra, uno de los autores del trabajo. Un ajuste feroz sobre los más vulnerables Sin embargo, nada parece más alejado en los planes del Gobierno de Milei que desarrollar un plan de urbanización sólido para los sectores populares. De hecho, desde diciembre de 2023 se paralizaron miles de obras de integración sociourbana y se perdieron miles de empleos. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Argentina hay 6.467 barrios populares: el 92 % carece de conexión formal al agua potable, más del 98 % no tiene gas natural; el 97 % no tiene acceso formal a cloacas y el 66 % tiene conexiones eléctricas irregulares o muy precarias. Además, el 70 % están expuestos a al menos un factor de riesgo ambiental, como basurales, inundaciones o contaminación. Pero detrás de las estadísticas se esconde el drama de más de cinco millones de personas que a diario enfrentan problemas en la vida cotidiana en los barrios populares: dificultades para tomar un baño caliente en invierno, hacinamiento, inseguridad y eventos climáticos extremos que golpean con más fuerza en villas y asentamientos humildes sin infraestructura adecuada para soportar olas de calor o tormentas, que además son cada vez más frecuentes. “Hoy son cinco millones de personas las que viven en estos barrios. Permitir que continúen en condiciones que son directamente inhumanas es algo que no se puede aceptar”, agregó Maquieyra. Con la paralización de la obra pública el problema se agravó. Las organizaciones sociales exigen el cumplimiento de la ley 27.453, sancionada hace ocho años, que busca garantizar la integración sociourbana de los asentamientos relevados a partir de 2016 como parte de la tarea del Renabap, una política pública impulsada durante el macrismo que se sostuvo y amplió durante el Gobierno de Alberto Fernández y ahora está paralizada. De hecho, en 2024 Milei redujo al mínimo el presupuesto del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), alegando supuestas “demoras y falencias” en las obras, aunque luego los propios funcionarios de la gestión libertaria indicaron que no hubo irregularidades. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impuso entonces un amparo para frenar esa decisión. Y si bien un fallo judicial ordenó garantizar el cumplimiento de las obras, aún están paralizadas. En mayo de 2025, el Gobierno fue un paso más allá y eliminó el FISU. Maquieyra aseguró que la eliminación de ese fondo “dejó miles de obras en riesgo” cuyo futuro aparece como “incierto”. “El FISU se consolidó como la herramienta más importante en términos de recaudación y organización para la ejecución de obras de integración sociourbana, permitió realizar avances considerables mediante obras de infraestructura básica, mejoramientos de viviendas y la construcción de equipamientos comunitarios”, señala el trabajo de Fundar. Un plan integral para urbanizar barrios populares El trabajo de Fundar advirtió que el déficit de financiamiento es uno de los mayores obstáculos para la integración sociourbana. Si bien en los últimos dos años se agravaron los problemas, el incremento de la cantidad de barrios populares y habitantes que residen en ellos es de larga data: entre 2022 y 2023 aumentó un 13 % la cantidad de asentamientos y villas (de 5.687 a 6.467); y casi un 16 % la superficie que ocupan (de 590.276.330 metros cuadrados a 684.201.855). También se incrementó el monto necesario para resolver la brecha de infraestructura, que Fundar estimó en 27,6 millones de dólares. Además de los recursos económicos —“no hay plata”, insiste el Gobierno desde que asumió— existen otros desafíos, como las dificultades territoriales y morfológicas de los barrios, que impiden el desarrollo de soluciones lineales, y obliga diseñar soluciones específicas para cada uno. Dicho de otro modo, no es lo mismo urbanizar un asentamiento inundable a la vera de un río en el Conurbano bonaerense que una villa que crece en altura en la Ciudad. De hecho, las especificidades locales son claves, si se tiene en cuenta que la Provincia de Buenos Aires y otros cuatro distritos concentran la mayoría de la población y el 70 % de los barrios tienen menos de 150 familias. “Requieren el diseño de intervenciones ajustadas según la escala, localización y contexto”, concluyó el estudio. Los 27.6 millones de dólares que calculó Fundar permitirían la instalación de redes de agua, cloacas, gas y electricidad dentro de los barrios y en los hogares, equipamiento urbano y para la red vial. “Es un cálculo proyectado en 12 años, lo cual supone una inversión anual de 2.304 millones de dólares al año”, indica el trabajo. Los investigadores sugieren articular estrategias sostenibles que combinen fuentes de financiamiento nacionales, provinciales y municipales, incorporando “instrumentos innovadores como la inversión del mercado de capitales y aportes de organismos multilaterales”, estrategias “poco exploradas en Argentina” debido a la “falta de estabilidad macroeconómica de los últimos años”. “Se deben tomar decisiones firmes para alcanzar una inversión de 27 mil millones de dólares en los próximos 12 años (equivalente al 0,4 % del PBI anual) y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad digna para millones de personas”. Según el paper, “ya existen marcos normativos, proceso de implementación diseñados y probados y el instrumento necesario: el FISU”. Sin embargo, los autores son conscientes de un aspecto central para el desarrollo del plan: “Falta el financiamiento”. Por Agustín Gulman
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