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Fecha: 20/11/2025 14:34
La Cámara de Exportadores de Pescados de Río de Santa Fe advirtió que la exportación representa menos del 6% del total extraído y que la decisión provincial no cuida el río ni aborda el problema real: la falta de controles. La Cámara de Exportadores de Pescados de Río de Santa Fe advirtió el impacto económico y social tras la decisión provincial de suspender las exportaciones. “No resuelve el problema de fondo”, expresó el titular de Paraná Fishing, Ariel Gandossini. La decisión del Gobierno de Santa Fe de suspender por un año el acopio de pescado destinado a exportación generó una respuesta inmediata y contundente por parte del sector privado. Desde la Cámara de Frigoríficos Exportadores de Pescados de Río y Afines de Santa Fe advirtieron que la medida no solo es ineficaz para proteger el ecosistema, sino que además afectará a miles de familias que dependen de la actividad. Su presidente, Ariel Gandossini, fue categórico en diálogo con ON24 y afirmó: “Es un tema complicado y no hay expectativas de soluciones reales. Es cierto que el recurso está escaseando, pero la medida tomada no es la correcta para solucionar ese problema”. La Cámara sostiene que la decisión no apunta al verdadero problema: la falta de controles en el río. Gandossini remarcó que el gobierno provincial no tiene competencia para bloquear exportaciones y que el enfoque es erróneo. “La Provincia no tiene la facultad de suspender la exportación de pescado, eso es jurisdicción de Nación. Sí tiene la facultad de realizar una veda o un cupo de extracción, porque el recurso sí le pertenece”, expresó el titular de la firma Paraná Fishing. Desde el sector aseguran que el impacto económico será inmediato, con riesgos para pescadores, acopiadores y frigoríficos. En esa misma línea, el dirigente advirtió que la medida no impedirá que se siga pescando, sino que solo trasladará la actividad hacia otras provincias. “La medida no cuida el río porque el pescador puede pescar acá y vender al acopiador en Victoria o San Nicolás. Para cuidar realmente al río tiene que haber una medida hecha por Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires o un cupo de extracción entre las tres provincias”, explicó. El sector respaldó sus argumentos con números que, aseguran, muestran que la exportación es mínima en relación al volumen total extraído. Gandossini detalló: “Santa Fe en las primeras 45 semanas de este año lleva exportadas 2.668 toneladas que multiplicado por mil son 2.662.000 kilos de pescados. La provincia tiene alrededor de 4.000 pescadores. Si el pescador pesca 4 días a la semana, la división nos da que pesca menos de 4 kilos por día, dos pescados. Por más que lo venda caro, con eso no vive”. “El Consejo Provincial Pesquero dice que por cada pescado que se declara salen 10 más del río. Sobre el total, la exportación no llega al 6 por ciento, es decir, esta medida no va a cambiar nada, es demagógica, y lo único que hace es perjudicar a la provincia: a sus pescadores, acopiadores y frigoríficos, que abarca a más de 7.000 personas”, afirmó el empresario. Mientras el sector privado expone sus cuestionamientos, el Gobierno provincial fundamenta su decisión en la necesidad urgente de recuperar el recurso ictícola. La resolución conjunta de los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Desarrollo Productivo establece que desde el 3 de diciembre quedará suspendido el acopio de pescado con destino a exportación por un año, con el objetivo de preservar la biodiversidad y frenar la sobreexplotación. Las autoridades se apoyan en estudios biológicos que describen un deterioro acelerado del ecosistema. Investigaciones recientes alertan sobre un “empobrecimiento” en el Paraná, con drástica caída en talla y cantidad de especies, especialmente del sábalo, base de la biomasa y principal producto exportado. El dato crítico es que, de cada 100 sábalos analizados en julio de 2025, solo seis eran aptos para reproducirse. En 2016, último año de reproducción exitosa, los valores eran muy superiores. La resolución también cita como antecedente la sentencia judicial Nº 711/2023 del Juzgado Civil y Comercial de la 11ª Nominación de Rosario, que ordenó al Poder Ejecutivo provincial adoptar políticas más estrictas de preservación del recurso ictícola. Para el gobierno, esta medida es una respuesta obligada frente a la crisis ambiental del Paraná y un paso necesario para evitar un escenario de colapso irreversible. Sin embargo, en el sector pesquero creen que la acción gubernamental llega tarde y mal. Según advierten, la ausencia de coordinación con Entre Ríos y Buenos Aires debilita cualquier esfuerzo de conservación.
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