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» Solochaco
Fecha: 20/11/2025 10:04
El diputado provincial Rubén Guillón explicó los alcances de la ley que prevé controles toxicológicos anuales para funcionarios de los tres poderes. La iniciativa alcanzaría a Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos constitucionales, con invitación a que los municipios se adhieran. La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco aprobó la semana pasada el proyecto de control toxicológico obligatorio para todos los funcionarios públicos. El autor de la iniciativa, el diputado Rubén Guillón, recordó que «este proyecto se presentó en el 2014» y remarcó que tras más de una década de debate finalmente consiguió respaldo legislativo. La normativa aún debe ser promulgada o vetada por el Poder Ejecutivo, que tiene los plazos legales para expedirse. Guillón explicó que la ley «aplica para todos los funcionarios de los tres poderes» y que alcanza al gobernador, ministros, subsecretarios, diputados, jueces, fiscales, defensores y también a los organismos constitucionales. Además, sostuvo que se invita a los municipios a adherirse para incorporar a concejales e intendentes. Según detalló, el estudio incluye análisis de sangre, orina y la prueba comúnmente conocida como rinoscopia. «El control será obligatorio», afirmó. El diputado fundamentó su posición señalando que «quien consume sustancias no puede ejercer función pública», ya que —según dijo— el consumo compromete la capacidad de decisión. Aclaró que respeta la libertad individual, pero marcó una diferencia cuando se trata de cargos de responsabilidad institucional. También señaló que, si un funcionario resulta positivo, se garantizará confidencialidad y acceso a mecanismos de rehabilitación, aunque advirtió que, si la persona se niega a tratarse, el organismo correspondiente deberá apartarla de sus funciones. En cuanto al funcionamiento del sistema, Guillón anticipó que «habrá dos organismos habilitados para hacer los exámenes»: el Laboratorio Central de la provincia y el Instituto Médico Forense del Poder Judicial. Destacó además que «el costo de los estudios deberán asumirlo los funcionarios», para evitar traslado de gastos al Estado. Según los valores mencionados, la rinoscopia ronda los 25 mil pesos y los análisis complementarios superan los 90 mil. La norma establece que, una vez promulgada, habrá un plazo de dos meses para que todos los funcionarios en actividad realicen su primer control. Luego, los exámenes serán de forma anual. Guillón también señaló que la ley prevé la posibilidad de solicitar análisis extraordinarios si existiera sospecha fundada de consumo. El legislador afirmó que la implementación busca reforzar la confianza pública y enviar una señal clara frente al avance del narcotráfico. Ahora, la iniciativa depende de la decisión del gobernador, que deberá definir si promulga la ley o la devuelve para un nuevo debate legislativo. Fuente: noticiero9.com.ar
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