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Fecha: 19/11/2025 09:01
El magistrado declarará el 25 de noviembre, mientras que Fernando Whpei lo hará el 27. La fiscalía acusa a ambos —junto al escribano Santiago Busaniche— de integrar una asociación ilícita para direccionar una causa y habilitar la salida de fondos al exterior. El titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, Gastón Salmain, será indagado el próximo 25 de noviembre en una causa que lo investiga por su presunta participación en una asociación ilícita junto al financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche, destinada —según el Ministerio Público Fiscal (MPF)— a facilitar la fuga al exterior de U$S10 millones entre septiembre de 2023 y abril de 2024, en plena vigencia del cepo cambiario. Salmain fue imputado por cohecho pasivo agravado por ser magistrado judicial y prevaricato. En un legajo conexo, también enfrenta denuncias por abuso de autoridad, lo que motivó que la semana pasada se allanara su despacho y se secuestraran computadoras, documentación y su teléfono celular. La decisión de convocarlo a indagatoria fue tomada por el Juzgado Federal N°4, a cargo de Carlos Vera Barros, que entendió que existen elementos suficientes para sospechar su participación en los hechos. No obstante, rechazó el pedido de detención requerido por la fiscalía, al estar Salmain amparado por la inmunidad de arresto prevista en la Ley N°25.320 de fueros. Además, el magistrado fijó las fechas de las declaraciones de los demás imputados: Busaniche deberá presentarse el 26 de noviembre y Whpei, el 27. Ambos, junto al exjuez federal Marcelo Bailaque y el exdirector de ARCA Rosario Carlos Vaudagna, están también investigados en una trama de presuntas extorsiones a empresarios. La maniobra y el 10% del “blue” Los fiscales federales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, junto al fiscal general de PROCELAC Diego Velasco, el fiscal de PROCELAC Rosario Juan Argibay Molina, y el titular de la PIA Sergio Rodríguez, sostienen que Salmain, Whpei y Busaniche conformaron una estructura asociativa con permanencia en el tiempo, destinada a manipular expedientes judiciales. El caso se originó en una demanda presentada por Attila Fideicomisos SRL, con la que se buscaba declarar la inconstitucionalidad de resoluciones del Banco Central que restringían el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Como medida cautelar, Attila pidió autorización para usar fondos en pesos depositados en REBA y adquirir hasta U$S10 millones para transferirlos al exterior —concretamente a “DB ACF Netherlandsl BV”— pese a las limitaciones del cepo. Según la fiscalía, Whpei utilizó su influencia para que Salmain y Busaniche direccionaran la causa y habilitaran la operación. A cambio, el juez y el escribano habrían reclamado el 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue al momento de la transacción, lo que representaba unos U$S200.000. Reuniones, resoluciones y un expediente acelerado La investigación detalla que el 2 de octubre de 2023, Whpei se reunió con Salmain en su despacho, donde le entregó el borrador de la presentación y obtuvo una evaluación favorable sobre su viabilidad. Lo vinculado al trámite práctico, según los fiscales, quedó en manos de Busaniche. El expediente tuvo una serie de decretos y resoluciones que, para el MPF, muestran un trato preferencial y deliberado: entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre de 2023, Salmain formalizó la demanda, dio traslado al BCRA, declaró vencidos plazos que no habían expirado y concedió la cautelar que habilitaba la operatoria en dólares, rechazando sucesivos planteos del Banco Central. La maniobra se tensó tras la corrida cambiaria del 13 de diciembre de 2023: al no conformarse Salmain y Busaniche con el porcentaje previsto, surgieron amenazas cruzadas y, finalmente, el juez terminó enviando el expediente al MPF denunciando una supuesta estafa procesal por parte de Attila. En marzo de 2024, la Cámara Federal de Rosario concluyó que las pruebas presentadas no acreditaban la existencia de una deuda genuina ni la veracidad de la operación. El capítulo por abuso de autoridad Salmain también enfrenta otro expediente por abuso de autoridad, investigado por el fiscal general Javier Arzubi Calvo y el equipo de la Unidad Fiscal Rosario. En este marco, se allanó su despacho y se inspeccionaron tanto su vehículo oficial como el de su custodia policial. Según la acusación, el magistrado habría intentado obtener información interna de la causa que lo compromete: tras serle denegado el acceso por un problema en el sistema Lex100, el 21 de octubre de 2025 envió un oficio a la PSA, invocando sus atribuciones de juez federal, para solicitar la identidad de los agentes que participaron en el secuestro de su teléfono y en las medidas ordenadas por otro juez. Para la fiscalía, se trata de un hecho de “gravedad institucional”, en tanto implicaría el uso indebido de su investidura para interferir en la investigación que lo tiene como imputado.
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