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Colon » El Entre Rios
Fecha: 19/11/2025 06:30
La Argentina llega al final del año con una ley clave atrapada en la indecisión política: el proyecto para frenar la ludopatía juvenil, aprobado por Diputados en noviembre de 2024, está a punto de caer si el Senado no lo trata antes del 20 de noviembre del 2025. Mientras el Gobierno anuncia que vetará la norma y la industria del juego presiona para desactivarla, crecen las apuestas entre adolescentes, los algoritmos que los capturan y las familias que ven cómo el “casino en el bolsillo” les gana la batalla. Entre proteger a los menores o dejar que el mercado avance, la dirigencia enfrenta una definición que ya no puede seguir postergando. Por Roque Guillermo Benedetto Contador Público, Abogado y Escribano Por estos días, en algún aula de la Argentina, un chico de 13 años mira el celular debajo del banco, no está chateando, no está viendo un video: está apostando. No sabe bien por qué lo hace; sólo sabe que la notificación vibra, que hay un “bonus”, que el algoritmo le muestra combinadas cada vez más arriesgadas y que sus compañeros también juegan. El partido de la mañana es “una oportunidad”, la adrenalina es un empujón, el celular; un casino portátil y el Estado… un espectador inmóvil. Esta es la postal que atraviesa el debate más incómodo del Congreso: el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, aprobado por Diputados el 20 de noviembre de 2024 y que perderá estado parlamentario el 20 de noviembre de 2025 si el Senado no lo trata. Esa fecha no es un invento, ni una especulación: fue advertida por la Conferencia Episcopal Argentina, que envió una carta formal al Senado alertando sobre la inminencia del vencimiento y sobre la responsabilidad institucional que pesa sobre quienes tienen la lapicera legislativa. La carta decía, entre otras frases que dolieron más de lo previsto: “Los gobiernos no pueden ser cómplices de instigación a la ludopatía” y acaso, sin quererlo; definió con precisión quirúrgica la esencia del problema. I. Una media sanción que nadie quiso tocar: anatomía de una ley en suspenso Era una tarde de noviembre de 2024, cuando Diputados aprobó, con una mayoría amplia, un proyecto que parecía destinado a convertirse en uno de los hitos sanitarios de la década: una ley capaz de poner límites a las apuestas online, ese ecosistema que convirtió a la adolescencia en terreno fértil para la monetización del riesgo. El texto establecía medidas que, en cualquier país con sensibilidad pública, serían vistas como obvias: 1) verificación de identidad ligada al RENAPER, 2) límites a los medios de pago, 3) prohibición de publicidad masiva e intrusiva, 4) sanciones penales endurecidas para operadores ilegales, 5) programas educativos y de prevención de adicciones digitales. Nada revolucionario, apenas sentido común, pero lo que siguió fue el silencio. Durante meses, el proyecto quedó archivado en comisiones del Senado, no hubo avances, no hubo dictámenes, no hubo voluntad política real, parecía que ninguna fuerza quería pagar el costo de enfrentar un negocio que derrama dinero sobre clubes, medios, influencers, redes sociales y operadores internacionales. Un negocio al que no le interesa el bienestar de los menores: le interesa su tiempo, su ansiedad y su capacidad de entrar —una y otra vez— a la aplicación. II. Cuando el Senado despertó, el tiempo ya corría Recién en octubre de 2025, tres comisiones del Senado -Salud, Legislación General y Justicia- iniciaron un plenario apresurado, como quien recuerda tarde que dejó el agua en el fuego. Escucharon a psiquiatras, especialistas en adicciones, docentes, directores de escuelas, médicos, representantes internacionales y referentes religiosos. Las presentaciones fueron duras, casi brutales. Los datos se multiplicaron: adolescentes endeudados, conductas compulsivas, rendimientos escolares que se pulverizan, violencia doméstica provocada por pérdidas económicas y un mercado digital que no necesita dealers ni persuasión: sólo necesita una notificación push. En ese plenario también estuvieron los otros actores: clubes preocupados por la caída de sponsors, medios inquietos por la pérdida de ingresos, plataformas interesadas en frenar cualquier regulación, operadores que ven en los adolescentes una fuente fabulosa de rentabilidad. Todos con argumentos, con intereses, pero con una diferencia crucial: los primeros defienden vidas; los segundos, balances. III. El Ejecutivo, cómodo en la tribuna: anuncia veto y propone un proyecto “alternativo” El Gobierno nacional no dejó lugar a especulaciones, ya que anunció que, si el Senado aprueba la ley, la vetará y lo dijo sin sutilezas: la norma es “prohibicionista”, “excesiva” y “contraria a la libertad”. Mientras tanto, trabaja en un proyecto propio, más “liviano”, menos restrictivo, más amigable con el mercado. Es una definición política, no técnica, ya que la libertad que se invoca es la de apostar, no la de crecer sin adicciones. Y cuando se defiende esa ‘libertad’ en un contexto de algoritmos diseñados para generar dependencia, la discusión deja de ser meramente ideológica. Se vuelve vacía cuando la otra parte del contrato -el adolescente- ni siquiera puede ejercerla de modo pleno.- IV. La carta que puso en jaque a la política En este tablero donde todos amagan, pero nadie decide, irrumpió la Conferencia Episcopal con una intervención inesperada. No fue una proclama moralista, sino un documento institucional, dirigido a la presidenta del Senado, que describió con precisión lo que ocurre en los territorios: que la ludopatía se expande entre los menores, que el Estado está fallando y que la demora legislativa tiene consecuencias concretas y dolorosas. Y lanzó la frase que ya marcó la discusión: “La ludopatía es un atentado contra la vida.” El impacto fue inmediato al poner a la política frente a un espejo incómodo, porque ya no se trata sólo de una discusión técnica, sino de una disputa por la legitimidad moral del poder. V. La clase dirigente frente al espejo Si el Senado deja caer la media sanción, el país no perderá sólo un proyecto, sino también la oportunidad de establecer un piso mínimo de protección para una generación entera que está siendo moldeada por las lógicas del juego compulsivo diseñado por plataformas transnacionales. Y si el Poder Ejecutivo veta la ley, el mensaje quedará grabado sin matices: entre proteger a los jóvenes y proteger al mercado, eligió lo segundo. A esta altura, ya no hay margen para eufemismos, pues la demora no es técnica, es política; la resistencia no es conceptual, es económica y por sobre todo la omisión no es neutral, es cómplice. VI. Las historias que ningún lobby quiere contar Mientras senadores, ministros y asesores discuten modelos regulatorios, la vida real ocurre en otro lado: un chico de 15 años que se endeuda en una billetera virtual para recuperar “lo perdido”; una madre que descubre un historial de apuestas a las 3 de la mañana; un docente que intenta explicar por qué el ‘cashout’ -esa función que permite cerrar la apuesta antes de que termine el partido, siempre en beneficio de la casa- no es un juego inocente sino un mecanismo de extracción psicológica; un club de barrio que ve cómo jóvenes dejan el deporte para seguir las cuotas deportivas desde la tribuna… o desde el aula. La pregunta no es si la regulación será perfecta, sino si el Estado tiene la valentía mínima para intervenir. VII. Cuando la política elige no elegir La ley de ludopatía no va a resolver por sí sola todas las adicciones, no va a eliminar todos los riesgos; pero sería el piso mínimo para empezar a desactivar una bomba silenciosa que está estallando en la cara de miles de familias. Y si el Senado la deja morir, o si el Ejecutivo la veta, habrá que escribirlo con todas las letras: el Estado argentino decidió, con plena conciencia, dejar a los menores a merced de la industria que lucra con su adicción. En este tema, la neutralidad no existe, la inacción tampoco y ante ello existen dos caminos: proteger o permitir. El 20 de noviembre será simplemente el día en que sepamos cuál eligió la dirigencia. Fuente: El Entre Ríos
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