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» El siglo web
Fecha: 17/11/2025 17:56
La Justicia Federal de Tucumán avanza en una de las causas económicas más complejas de los últimos años: la presunta conformación de una asociación ilícita tributaria que, desde 2011, habría operado un entramado de sociedades para evadir impuestos, apropiarse de aportes previsionales de trabajadores del Ingenio La Trinidad y vaciar empresas del grupo económico vinculado a la explotación azucarera. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el mecanismo funcionó durante más de una década y que sus integrantes —contadores, administradores y apoderados— podrían recibir penas que van de tres años y medio a diez años de prisión.La investigación nació a partir de múltiples fiscalizaciones de AFIP y procedimientos penales que expusieron la rotación sucesiva de empresas que asumían la explotación del ingenio, quedaban luego sin actividad ni patrimonio y dejaban impagos impuestos, aportes previsionales y obligaciones laborales. El dictamen fiscal señala que el grupo habría operado a través de firmas como Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA. Cada una se mantenía activa por un período corto, registraba empleados y operaciones, y luego quedaba vaciada mientras aparecía otra sociedad formalmente a cargo de la planta. Los fiscales identificaron como imputados a Ricardo Sixto Ansonnaud —considerado organizador del esquema—, a Fabio Enrique Seoane —señalado como responsable operativo—, a dos empleados y a un hombre fallecido recientemente. En el caso de Los Chaguares SA, solo por IVA y Ganancias, se detectaron cifras millonarias en impuestos evadidos: más de $ 93 millones en 2017 y más de $ 109 millones en 2018, además de un importante volumen de aportes previsionales no ingresados entre 2017 y 2019. El dictamen también acusa maniobras como la ocultación de la realidad económica del ingenio, la omisión maliciosa de declaraciones juradas, el registro de créditos fiscales inexistentes y la utilización de socios sin capacidad económica que figuraban retirando azúcar producido. La Procelac intervino para analizar la estructura del grupo y el eventual diseño de mecanismos de lavado y vaciamiento. La figura imputada es la de asociación ilícita tributaria, prevista en el artículo 15 inciso “c” de la Ley Penal Tributaria, que sanciona a quienes integren una organización destinada a cometer delitos fiscales, sin necesidad de que cada hecho concreto se haya materializado. La fiscalía pidió medidas cautelares para asegurar bienes y garantizar posibles decomisos. Sin embargo, la causa tomó un giro tenso tras las declaraciones del abogado defensor Arnaldo Ahumada, representante de Ansonnaud y de parte de las empresas investigadas. El letrado afirmó que su cliente “no debe absolutamente nada”, porque todas sus obligaciones se encuentran acogidas a un plan de moratoria y blanqueo vigente desde hace tres años, aprobado con conformidad tanto del Ministerio Público Fiscal como de ARCA. Por ello planteó la nulidad de la indagatoria y calificó la acusación como “absurda” y “escandalosa”. Ahumada cuestionó que el Estado continúe percibiendo pagos de la moratoria mientras avanza una acusación por asociación ilícita: “Si me dicen que formo parte de una organización criminal, no deberían seguir cobrándome. Están recibiendo los beneficios de lo que dicen que es delito”. El abogado incluso insinuó motivaciones internas en la fiscalía, vinculadas a la necesidad de justificar recursos tras la reducción de causas de lesa humanidad. La defensa advirtió que esta contradicción “mina la seguridad jurídica” y criticó que, pese a la suspensión penal dispuesta en su momento, ahora se avance con nuevas imputaciones: “No podés ofrecer un plan de blanqueo donde prometés la suspensión de la acción penal y luego aparecer con esto en el medio del camino”. Con todos los acusados ya indagados, la Justicia deberá resolver en las próximas semanas si dicta el procesamiento y avanza hacia una etapa más profunda del expediente, o si hace lugar a los planteos de la defensa. Mientras tanto, el caso sigue ampliándose y promete convertirse en un antecedente relevante dentro de los delitos económicos vinculados al sector azucarero. fuente:contexto
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