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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 17/11/2025 17:30
(ADN).- El Poder Judicial proyectó un presupuesto de funcionamiento para 2026 de 270.900 millones de pesos. El documento, elaborado por el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General, fue remitido a los poderes Ejecutivo y Legislativo para su tratamiento. Lo proyectado asciende a 270.900 millones de pesos e incluye un detallado plan de infraestructura para consolidar sedes propias, junto con inversiones en digitalización e informatización. Según la Acordada, el proyecto reúne las necesidades de todas las áreas judiciales y prioriza criterios de prudencia y moderación, optimizando los recursos materiales y humanos bajo pautas de racionalidad del gasto público. En esa línea, la solicitud de recursos adicionales se fundamenta para brindar a la Legislatura la información suficiente para su análisis. El documento también destaca que los montos proyectados se encuentran por debajo de la inflación interanual, que al mes de septiembre de 2025 registraba el 31,8%, y que el aumento del presupuesto con respecto a 2025 es del 28%, en continuidad con los criterios de austeridad que sostiene el Poder Judicial. La proyección para 2026 se estructura nuevamente en cuatro programas: Jurisdiccional, Ministerios Públicos, Consejo de la Magistratura y Organismos Auxiliares. La Acordada señala que se hicieron las previsiones necesarias para cubrir todas las vacantes de cargos de magistrados, funcionarios judiciales y de ley, tanto por renuncias o ascensos como por los nuevos organismos creados por ley. En materia de infraestructura tecnológica, la Acordada detalla una sostenida inversión que incluye 1.500 millones de pesos destinados específicamente a procesos de digitalización. Se remarca la consolidación y transformación de los procesos judiciales y administrativos mediante la integración de herramientas de Inteligencia Artificial y la recolección sistemática de datos estadísticos. Para ello se consideró el incremento de la demanda, la obsolescencia del equipamiento y el crecimiento edilicio previsto para 2026. También se proyecta el fortalecimiento de los sistemas Puma y Janus, así como la digitalización integral de los Archivos Judiciales. La Dirección General de Sistemas será responsable de mantener la infraestructura informática, garantizar la seguridad y acompañar los nuevos proyectos tecnológicos. Otro rubro central es la inversión prevista en obras públicas, condicionada a la aprobación del presupuesto. Entre las más relevantes se contempla la continuidad de la construcción de la Ciudad Judicial de Cipolletti y del Complejo Judicial de El Bolsón. También se prevé la construcción del Complejo Judicial de San Antonio Oeste, en función del crecimiento proyectado para la zona este de la provincia. Asimismo, se proyecta la refacción del inmueble del Consejo de la Magistratura, la readecuación del edificio ubicado entre las calles España y Urquiza de Cipolletti —ya licitada— y diversas intervenciones en los Juzgados de Paz de Ingeniero Huergo, Sierra Colorada, Valcheta, General Conesa y Dina Huapi. En San Carlos de Bariloche se ejecutarán obras de refacción y adecuación, junto con el desarrollo del proyecto de la primera etapa del futuro complejo judicial de la ciudad. En Viedma se prevé la puesta en valor de diferentes dependencias del edificio central, incluido su auditorio. También se realizará la refacción y modernización de la morgue judicial y de la CIMARC en General Roca, el mantenimiento y repintado exterior de la Ciudad Judicial de Villa Regina, la instalación de sistemas de generación fotovoltaica en Juzgados de Paz y la incorporación de un sistema de monitoreo remoto de shelters. El presupuesto incluye además soluciones edilicias para la sede judicial de Allen, la refacción del Juzgado de Paz de Pilcaniyeu, la construcción del Depósito General en Viedma, la instalación de sobretechos en el Complejo Judicial de Ingeniero Jacobacci y el inicio del nuevo Complejo Judicial de Choele Choel. Asimismo, se contemplan obras menores destinadas al mantenimiento y conservación de edificios propios en toda la provincia. La suma total proyectada asciende a 270.900.815.000 pesos, correspondientes a gastos de personal, funcionamiento y recursos propios. La Acordada consigna que el Programa Jurisdiccional alcanza 121.718.483.000 pesos; el Ministerio Público, 90.698.201.000 pesos; el Consejo de la Magistratura, 884.092.000 pesos; y los Organismos Auxiliares, 57.600.039.000 pesos. El documento incorpora además partidas para la Oficina de Derechos Humanos y Género, destinadas a ampliar los mecanismos de acceso a justicia para las personas en situación de vulnerabilidad y a garantizar la transversalidad de los derechos humanos en el servicio judicial. Finalmente, se incluyen fondos para la Escuela de Capacitación Judicial y su Plan de Formación Integral 2026, orientado al desarrollo profesional y a la actualización permanente de magistrados, funcionarios y empleados.
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