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» Diario Cordoba
Fecha: 17/11/2025 16:59
Más margen fiscal o ajuste presupuestario. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha propuesto este lunes que las comunidades puedan tener un déficit anual conjunto del 0,1% del PIB en cada uno de los próximos tres ejercicios. Pero también ha advertido al PP (e indirectamente a Junts) de que, de tumbarlo en el Congreso, obligarán a los gobiernos autonómicos (la mayoría liderados por los populares) a un ajuste fiscal de 1.750 millones de euros el año que viene y 5.485 millones entre 2026 y 2028. Una posibilidad que no se ha mostrado optimista de evitar: "Es una consigna de partido (en referencia al PP). Van a votar en contra, perjudicando a sus territorios y ciudadanos". Aunque hay ciertas dudas legales, Montero ha afirmado que "las leyes" establecen que, si no se aprueba en las Cortes la nueva senda fiscal que el Consejo de Ministros aprobará este martes, las autonomías tendrán que tener equilibrio presupuestario (déficit cero) en los próximos ejercicios. Y ha recordado que ya el año pasado las comunidades gobernadas por el PP, que este lunes han votado en contra de la propuesta del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se abstuvieron en la votación de la senda fiscal que planteaba el Ejecutivo central y posteriormente el grupo parlamentario popular en el Congreso votó en contra, lo que junto a los votos de Vox y Junts provocó que decayera la propuesta. La también vicepresidenta primera, en esta línea, se ha esforzado en argumentar que el nuevo planteamiento de senda fiscal es mejor para las comunidades, a las que se pide un "nulo esfuerzo", que para el Gobierno. "En todo el periodo, las comunidades no tendrán que hacer ningún esfuerzo añadido. Realizarán el esfuerzo la Administración Central y la Seguridad Social", ha argumentado. Así, ha destacado que el Ejecutivo se ha fijado reducir su déficit del 2,2% de 2025 al 1,8% el año que viene, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028. Del 1,8% de déficit de 2026, ha añadido, 1,4 puntos porcentuales (más de 23.000 millones de euros) corresponden a las transferencias que tendrá que hacer a la Seguridad Social para cumplir los acuerdos del Pacto de Toledo. En cuanto a los 0,4 puntos restantes, ha destacado que incluyen la previsión de ingreso del impuesto a la banca, pero ha recordado que los 1.500 millones que se prevén recaudar se transferirán a las comunidades y equivalen a 0,1 puntos adicionales. En la práctica, ha defendido, el objetivo de déficit para la Administración Central del Estado sería del 0,3%, frente al 0,2% de las autonomías (0,1% de déficit y otro 0,1% por el ingreso del impuesto a la banca). Más recursos para las comunidades En la misma línea, Montero ha anunciado que las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica que recibirán las comunidades el año que viene se han revisado al alza a un récord de 157.731 millones de euros, un 7% más que en 2025. Si se incluye la liquidación pendiente de 2024 (13.506 millones), los gobiernos regionales recibirán 170.300 millones, un 7,7% más y también un máximo histórico. "No es algo caído del cielo, se debe a la buena evolución económica", ha argumentado tras apuntar que la suma del incremento de las entregas a cuenta y la posibilidad de incurrir en un déficit del 0,1% supone "más capacidad de gasto" para las comunidades. La ministra, asimismo, ha apuntado que la regla de gasto (el porcentaje máximo de aumento del gasto primario neto de medidas discrecionales de ingresos y sin contar el gasto cíclico en desempleo ni los programas europeos financiados con ingresos de la UE) se elevará del 3,2% de 2025 al 3,5%, para bajar después al 3,4% en 2027 y al 3,2% en 2028. Se trata de una variable muy importante, ya que las nuevas reglas fiscales europeas ponen más foco en ella que en el cumplimiento del déficit, como venía sucediendo antes. Además, las comunidades que no cumplan la regla de gasto no podrán elevar su déficit al 0,1% previsto. Prodecimiento presupuestario La aprobación de la senda de objetivos de déficit y deuda de ese trienio para cada uno de los diferentes niveles de la administración pública (Estado, Seguridad Social, autonomías y corporaciones locales) constituye el trámite previo para poder avanzar en la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. El Gobierno tiene mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con lo que su propuesta ha salido adelante pese al rechazo de las autonomías gobernadas por el PP. Una vez superado ese trámite, el Consejo de Ministros aprobará este martes dicha senda fiscal y el límite de gasto no financiero (conocido como 'techo de gasto'). Los objetivos de estabilidad presupuestaria pasarán después al Congreso, donde se tendrán que votar (no así el 'techo de gasto'). Si son rechazados en una primera ocasión, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe presentar por segunda vez una nueva o la misma senda en el plazo de un mes. Montero ha previsto que esa segunda votación tendría lugar antes de final de año. En caso de un segundo rechazo, la ley establece que los proyectos de Presupuestos de las diferentes administraciones deben confeccionarse sobre la base de los objetivos vigentes. Rechazo anticipado Desde Junts ya anticiparon su rechazo, independientemente de la propuesta que Hacienda llevase al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Otros socios tienen prevista para esta misma semana una reunión con Hacienda, a partir de la cual fijarán posición. Sin embargo, en el Gobierno ya contemplan el escenario de que decaerá esta primera propuesta por el voto en contra de los posconvergentes. En Hacienda no garantizan que vayan a presentar los Presupuestos antes de final de año, el plazo que había marcado el jefe del Ejecutivo. La intención pasa por ganar tiempo para negociar y mientras tanto lanzar guiños a Junts, avanzando en los acuerdos pendientes del pacto de investidura. El Gobierno no ha logrado aún aprobar ninguna nueva ley de Presupuestos del Estado en la actual legislatura. Los últimos aprobados fueron los del ejercicio 2023 y son los que se han prorrogado ya dos veces, para 2024 y 2025. El reparto de los objetivos de déficit y deuda y la aprobación de la regla de gasto para el año próximo debían haber sido aprobados antes del 30 de junio (según el plazo establecido en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera). Estos pasos previos son imprescindibles para poder cumplir otro plazo legal: el que obliga a Estado, autonomías y corporaciones locales a aprobar su correspondiente techo de gasto presupuestario para el año siguiente antes del 1 de agosto. El Gobierno, además, debería haber remitido a las Cortes el proyecto de cuentas, según fija la ley general presupuestaria, antes del 30 de septiembre.
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