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Parana » Informe Digital
Fecha: 17/11/2025 15:11
Leonardo Fornerón tenía 28 años cuando nació su hija mayor. Ignoraba que su expareja estaba embarazada —ella se lo había negado— hasta que un estudio de ADN confirmó que la niña, nacida el 16 de junio de 2000 en una clínica privada y entregada sin su consentimiento a un matrimonio porteño, era su hija. Siempre sostuvo que la bebé había sido vendida y comprada. Desde entonces reclama su restitución y, en ese largo recorrido, llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en dos oportunidades ante la Corte Suprema. Hoy M. —como se identifica públicamente a su hija— tiene 25 años. En 2025 se encuentra en marcha en Buenos Aires el juicio contra siete imputados: la pareja que recibió la adopción irregular, la madre biológica, los intermediarios, un abogado y funcionarios del Poder Judicial, acusados de la presunta sustracción y retención de una niña menor de 10 años de la esfera de custodia de su padre, delito penado con entre 5 y 15 años de prisión. Fornerón tiene hoy 53 años y es policía. Vive en Rosario del Tala. Es padre de otros cinco hijos y no ve a M. desde hace 13 años. El expediente indica que la niña fue entregada un día después de su nacimiento a un matrimonio porteño mediante un acta administrativa. Cinco años más tarde, la Justicia entrerriana convalidó esa entrega en un proceso de adopción repleto de irregularidades. Todo sucedió en plena democracia. El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 18 de la Capital Federal. Las audiencias fueron fijadas para el viernes 31 de octubre y los días 7, 14 y 28 de noviembre y 5 de diciembre. Acompañan legalmente a Fornerón los abogados Margarita Nicoliche y Diego Dousdebes. Están imputados la madre biológica, D.E.E.; el matrimonio adoptante, integrado por B. y Z.; Raúl del Valle, juez en lo Civil y Comercial de Victoria que firmó la sentencia de adopción; el abogado de los presuntos apropiadores, Salvador Espona; y dos intermediarios, Paul Reynoso y Ariel Barreto. El 27 de abril de 2012, Leonardo Aníbal Javier Fornerón consiguió ante un tribunal supranacional lo que nunca había logrado en doce años ante jueces y fiscales provinciales: que escucharan su caso, atendieran su petición y dictaran justicia ajustándose a la ley. El caso es conocido, pero vale la pena repasarlo. Fornerón, entonces con 27 años, mantuvo una relación breve en Rosario del Tala con Diana Enríquez. De esa relación nació Milagros, quien en 2012 estaba por cumplir 12 años y a quien él sólo había visto una vez, durante 45 minutos, en el Hotel Casino Victoria, el día de su inauguración. Ese encuentro, rodeado de personas, fue dispuesto así por un juez. Aquel día se contó una verdad y se dejaron muchos silencios. Fornerón no pudo decirle a Milagros que era su padre biológico, que había pedido verla y que la había buscado cuanto pudo. La niña tenía cinco años y él sólo pudo presentarse como un “amigo”. Le regaló un conejo. Milagros nació el viernes 16 de junio de 2000 y, al día siguiente, se labró un acta de adopción en la clínica donde nació. Julio Ramón Francisco Guaita, entonces defensor de Menores y hoy secretario del Juzgado de Instrucción de Victoria, avaló la entrega. Fornerón no supo nada hasta el 3 de julio, cuando se enteró del nacimiento. Se presentó ante la defensora de Pobres y Menores de Rosario del Tala para reconocer a la niña, y comenzó su vía crucis. Batalló contra dos jueces: Daniel Olarte, de Rosario del Tala, y Raúl del Valle, de Victoria. Acudió a la Cámara del Crimen, que revocó fallos anteriores, pero el Superior Tribunal de Justicia confirmó lo actuado en primera instancia. Aunque un estudio de ADN comprobó su paternidad, sólo le reconocieron derechos mínimos. El 4 de mayo de 2011, durante una audiencia en la Sala Civil y Comercial del STJ, se encontró con Milagros y sus padres adoptivos, y se estableció un régimen de visitas bajo estricta confidencialidad. Pero ya era tarde. El 29 de noviembre de 2010 el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Comisión Interamericana interviniera sin lograr que el Estado argentino corrigiera las irregularidades. El tribunal recibió testimonios de altos funcionarios del Gobierno nacional. Un secretario de Niñez afirmó que la Justicia entrerriana “cercenó de forma sistemática la guarda de su hija al señor Fornerón y, con ello, la posibilidad de conformar su propia familia”. Dos ministros de Justicia calificaron la actuación de los jueces provinciales como “paradigmáticamente grave”, señalando que dilataron el proceso hasta construir un “contexto fáctico irreversible”. La sentencia fue contundente: condenó al Estado argentino a establecer de inmediato un proceso de vinculación entre padre e hija y a investigar la actuación de los funcionarios judiciales. Ordenó además implementar formación obligatoria para operadores judiciales y tipificar la venta de niños como delito. Dispuso la publicación del resumen oficial de la sentencia y la indemnización para Fornerón y su hija. En 1984, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, Argentina suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció la competencia de la Comisión Interamericana. Ese marco permitió que el caso avanzara cuando la Justicia provincial cerró sus puertas. El Estado argentino fue condenado a garantizar la vinculación efectiva entre padre e hija y a revisar la entrega irregular realizada en Victoria. El caso incluso motivó una advertencia del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al gobernador Sergio Urribarri sobre la actuación del defensor Guaita, quien protocolizó un trámite de adopción un sábado. El expediente alcanzó también a los magistrados Daniel Olarte, Raúl del Valle, Julio Guaita y Marcelo Balbi, para quienes se solicitó un jury. Olarte se jubiló y los otros tres fueron absueltos por falta de mérito. Fornerón insistió siempre en probar su paternidad y en denunciar el accionar judicial. Un ADN lo confirmó. Milagros nació en un sanatorio privado de Victoria, aunque su madre vivía en Rosario del Tala, a 100 kilómetros. Al día siguiente del nacimiento, el defensor suplente Julio Guaita dispuso la entrega de la bebé a una pareja porteña. El padre se enteró recién el 3 de julio y se presentó de inmediato para reconocerla. La madre negó su paternidad y afirmó que la niña estaba con una tía. El 11 de julio de 2000 se abrió una causa en el Juzgado de Instrucción de Tala. Durante el proceso se denunciaron irregularidades, entre ellas la inscripción de los adoptantes en los registros provinciales. Fornerón inscribió a su hija en el Registro Civil de Victoria el 18 de julio; los adoptantes recién el 1º de agosto solicitaron la guarda judicial. Tres días después el juez Olarte archivó la causa. Aunque la Cámara revocó el fallo, el Superior Tribunal lo confirmó. El 18 de octubre de 2000 Fornerón inició otra causa en el Juzgado Civil y Comercial a cargo de Del Valle, donde pidió la restitución. Un ADN acreditó su paternidad, pero tampoco tuvo éxito. El caso llegó entonces a la Corte Interamericana, que falló el 27 de abril con la firma de los jueces Diego García-Sayán, Manuel Ventura Robles, Margarette May Macaulay, Rhadys Abreu Blondet, Alberto Pérez Pérez y Eduardo Vio Grossi. La Corte dictaminó que el Estado debía restablecer la vinculación padre-hija, supervisar su avance y determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados. Ordenó capacitar a operadores judiciales y tipificar la venta de niños como delito. También dispuso la publicación del resumen oficial de la sentencia y el pago de una indemnización. En concepto de daño material fijó 45.000 dólares para Fornerón, más 5.000 dólares por atención psicológica. Por daño inmaterial estableció 60.000 dólares para el padre y 40.000 dólares para la hija. Y por gastos del proceso dispuso el pago de 10.000 dólares, más 15.000 dólares para los abogados intervinientes.
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