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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 17/11/2025 10:47
El sindicalista Rodolfo Aguiar aseguró que trabaja para generar una crisis en el Gobierno El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. La presentación, firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, se realizó por instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich, y quedó radicada ante la justicia federal. El eje de la denuncia se basó en declaraciones públicas de Aguiar en el contexto de la inminente presentación de un proyecto de ley de reforma laboral por parte del Gobierno Nacional. Según el escrito, el dirigente sindical expresó: “Lo quiero decir con total sinceridad... Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. Estas palabras, pronunciadas durante un reportaje sobre la reforma laboral, fueron consideradas por el Ministerio de Seguridad como una amenaza pública y deliberada dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del presidente de la Nación. Patricia Bullrich dispuso presentar una denuncia contra el sindicalista Aguiar La denuncia sostuvo que, al instar a “poner en crisis” al Gobierno, Aguiar estaría promoviendo una acción que podría encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que sancionan las amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. “Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional”, publicó el domingo la ministra Bullrich en sus redes sociales y el presidente Javier Milei replicó el mensaje. Además, el texto remarcó la gravedad de que tales manifestaciones provengan de quien ejerce la representación de los trabajadores estatales y subraya la amplia difusión que tuvieron los dichos, reproducidos en medios de comunicación y redes sociales. El escrito detalló que los fragmentos citados pueden consultarse en plataformas como Instagram, X (antes Twitter) y TikTok, lo que, a criterio del Ministerio, refuerza el carácter público y la potencial idoneidad de la amenaza. En el documento, Soto argumenta que las expresiones de Aguiar resultan “altamente reprochables” y que, al instar a provocar una crisis institucional, se estaría afectando el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. El funcionario sostiene: “Deliberadamente, está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación”. El Ministerio de Seguridad solicita a la Justicia Federal que se tenga por presentada la denuncia y que se inicie un sumario penal para investigar la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea de atentar contra el Gobierno Nacional, con el objetivo de impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales. El pedido formal incluye la apertura de una causa penal bajo los términos de los artículos mencionados del Código Penal. La presentación judicial se inscribe en un contexto de alta tensión política y sindical, marcado por el debate sobre la reforma laboral y la reacción de los gremios estatales. El conflicto central que subyace en la denuncia es la interpretación de los límites entre la protesta sindical y la protección del orden democrático, un tema que suele generar controversias en la vida institucional argentina. La denuncia del Ministerio de Seguridad puso en el centro de la escena la discusión sobre la responsabilidad de los líderes sindicales en sus manifestaciones públicas y el alcance de las figuras penales que resguardan el funcionamiento de las instituciones. Semanas atrás, Aguiar fue recibido por Cristina Kirchner en San José 1111 El documento concluyó con el pedido de que la justicia federal actúe conforme a derecho y dé curso a la investigación penal, dejando en manos del Poder Judicial la evaluación de la conducta denunciada y su eventual encuadre en los delitos previstos por la legislación penal argentina.
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