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» Misionesparatodos
Fecha: 17/11/2025 10:44
Después de las elecciones de octubre, el fiscal Franco Piccardi avanzó con una serie de indagatorias basadas en los indicios concretos sobre la ruta de dinero de esa presunta red. Detrás de escena, la auditoría interna de la Andis no arrojó un solo dato y en el organismo mencionan a funcionarios que sobrevivieron a la purga. El llamado a indagatoria al extitular de Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, por parte del fiscal Franco Piccardi parece no haber alterado los ánimos en la Casa Rosada ni en el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, volvió a activar en el plano judicial uno de los principales escándalos de corrupción de la gestión libertaria. Al mismo tiempo, persisten las dudas por la falta de precisiones sobre la auditoría interna que lanzó el Gobierno el pasado 22 de agosto, cuando a través del Boletín Oficial decretó la intervención del organismo ponendo al frente de la misma a Alejandro Vilches bajo el paraguas de Mario Lugones. Al momento, no hay ni un solo dato que surja de la misma. Piccardi llamó a indagatoria a 15 personas. Además de Spagnuolo citó a Pablo Atchabahian, Héctor Calvete, Daniel Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta. Algunos de estos nombres estarían todavía trabajando en la Andis. Nelio González, Roger Grant o Lorena Di Giorno todavía cumplirían funciones en la agencia, lo que refuerza la hipótesis de que la auditoría no estaría avanzando. Además, dejaría en evidencia que no hay vasos vinculantes entre las autoridades y expediente judicial, por lo que personas involucradas podrían seguir revistiendo funciones. El detalle fino de la auditoria interna está en manos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y de la la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). En un marco de hermetismo se filtró un informe técnico reveló casos de sobrefacturación. El informe final permanece sin ser redactado. La hipótesis de Piccardi y del juez federal Sebastián Casanello es que se construyó un esquema de recaudación con el direccionamiento de las licitaciones. Las empresas que se vieron beneficiadas por el esquema de recaudación son Profarma, Génesis, New Farma y Floresta. Algunas de ellas eran las adjudictarias, otras simulaban participar de la compulsa. Una maniobra que habría estado coordinada según sopecha la Justicia. El circuito montado habría recaudado en los primeros casi dos años de gestión $43 mil millones. En el mismo estarían implicado no solo Spagnuolo, sino también Daniel Garbellini, el ex titular de Incluir Salud la obra social del organismo para pensionados. En el Gobierno mantienen la tesitura de que la postura de Picardi y Casanello no altera el futuro de Karina Milei. Además, sostienen que la causa podría ser fácilmente impugnada por la procedencia de los audios y descartan que el Estado Naciona (la Procuración del Tesoro) se presente como querellante en la causa. Piccardi llamó a indagatoria al examigo de Milei por haber encontrado filmaciones en las que se lo ve ingresar en el domicilio de Héctor Calvete, un operador de droguerías, con una mochila colgada al hombre tal como reveló La Nación. Además, Piccardi encontró chats en los que Spagnuolo habría recibido pagos en efectivo por $5 millones y los habría guardado en dicha mochila. Spagnuolo fue echado de la Andis en medio del escándalo de los audios que señalaban a Karina y a Eduardo “Lule” Menem como recaudadores a través de sobreprecios en la compra de medicamentos vía Incluir Salud. Garbellini (quien era el titular de Incluir) también fue echado cuando estalló el escádalo de los audios, y era señalado por un delegado de Lule para garantizar el mecanismo recaudatorio. De hecho, en los audios que se conocieron en agosto pasado Spagnuolo se mostraba molesto por la designación de Garbellini. Un dato político llamativo es que el Gobierno se ha mantenido expectante ante la cautelar de un juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, que obligó a reponer todas las pensiones por discapacidad. Si bien el Gobierno apeló, no hubo mayores movimientos. El área de la Andis que otorga la pensiones está trabajando con “normalidad” pese a la insistencia por parte del Gobierno de haberse otorgado sin control. Por Pablo Varela-Perfil
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