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Concordia » cndigital.
Fecha: 15/11/2025 13:38
El MPD y la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) han formalizado un convenio de cooperación mutua. El objetivo central de esta alianza es desarrollar estrategias efectivas que permitan derribar las barreras institucionales y facilitar el acceso a la justicia para la comunidad sorda. “El MPD ha formalizado esta cooperación interinstitucional con la universidad pública, considerándola una pieza fundamental para el fortalecimiento y enriquecimiento mutuo", afirmó Aranzazú Ormache, asesora técnica del Ministerio Público. "Esto forma parte de una política que venimos desarrollando con diversas entidades educativas. Desde principios de año hemos articulado intercambios que nos permitieron seleccionar e incorporar a estudiantes del segundo año de la Tecnicatura, interesados en la labor del organismo, para realizar sus prácticas profesionales supervisadas”, detalló. Los practicantes llevan a cabo un recorrido formativo por las distintas áreas del MPD, con una participación proactiva que incluye: Traducción de materiales audiovisuales y documentos para la promoción y divulgación de la Defensa Pública. Entrevistas, haciendo estos procesos plenamente accesibles para la comunidad sorda. Cuentan con el acompañamiento constante de referentes tanto académicos como institucionales que guían y supervisan la práctica, asegurando la calidad y pertinencia de su labor. Esta articulación se basa en el modelo social de la discapacidad, propuesto por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (incorporado al Código Civil y Comercial argentino en 2015). Este modelo subraya dos aspectos esenciales: Todas las personas poseen derechos inherentes e inalienables. Las barreras que limitan la participación plena y efectiva en la sociedad no residen en la persona, sino en el entorno institucional. En este contexto, Ormache enfatizó: “Cuando pensamos en políticas de inclusión y acceso a justicia, advertimos que la deuda es de las instituciones para con la comunidad. El problema de adaptación y acceso es nuestro, de los operadores de justicia. Por lo tanto, somos receptivos a todo aporte que contribuya a achicar esas barreras que hemos construido”. La asesora concluyó que el esfuerzo debe ser “creativo” para “recibir al otro y adaptarnos a sus capacidades, sin que eso implique una restricción en términos de derechos”. El MPD continuará con la articulación de estas acciones de acceso a justicia con estudiantes/practicantes durante lo que resta del año y a lo largo de 2026. Este esfuerzo se suma a otros convenios establecidos con universidades, facultades e instituciones de formación profesional, como la Residencia en Salud Mental de Entre Ríos, bajo el firme convencimiento de que el trabajo en red e interdisciplinario es una pieza clave para la ejecución exitosa de las políticas de inclusión y acceso a justicia. Fuente: APFDigital
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