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» Data Chaco
Fecha: 15/11/2025 11:51
La investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) destapó un esquema de desvío multimillonario que, según la Fiscalía, funcionó durante casi dos años y combinó asociación ilícita, cohecho y defraudación agravada. Las maniobras se habrían articulado a partir de la manipulación del sistema de compras de medicamentos e insumos de alto costo, con un mecanismo que permitió direccionar licitaciones y sobrefacturar de manera sistemática. Solo en un año, el perjuicio para el Estado superó los $43.000 millones. El fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello avanzaron en esta etapa sobre los principales protagonistas visibles: los exfuncionarios Diego Spagnuolo (exdirector ejecutivo) y Daniel Garbellini (exdirector de Acceso a Servicios de Salud). La investigación, sin embargo, apunta también a las personas que habrían facilitado su llegada al organismo y a quienes habrían impulsado la cartelización entre droguerías, entre ellos los hermanos Kovalivker, propietarios de la firma Suizo Argentina, con vínculos fluidos con referentes políticos del entorno de la familia Menem. Cómo operaba el sistema interno Según la Fiscalía, la maniobra se estructuró sobre dos circuitos de compras: Uno "regular" con competencia real entre 14 a 16 empresas; Y otro de "compulsas reducidas", donde participaban solo 3 o 4 droguerías seleccionadas de antemano: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta. En este segundo circuito, el patrón era constante: dos empresas resultaban adjudicatarias reales, mientras las otras dos simulaban competir, presentaban ofertas no competitivas o directamente no cotizaban. El resultado era una apariencia de legalidad para un mercado en realidad cartelizado. La segmentación por rubro estaba perfectamente definida. Profarma y Génesis concentraban el 93% de las adjudicaciones vinculadas a medicamentos, mientras que New Farma y Floresta monopolizaban las compras de insumos auditivos como audífonos e implantes cocleares. Los análisis técnicos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas revelaron diferencias de precios exorbitantes entre compras abiertas y compulsas reducidas. Un ejemplo: el medicamento Macitentan, que costaba $411.764 en una compulsa abierta, apareció adjudicado tres días después por casi $8,3 millones, un aumento del 1900%. Casos similares se repetían con otros fármacos de alto costo, confirmando un patrón sistemático de sobreprecios. Los tres niveles del esquema delictivo La estructura criminal identificada por la Fiscalía estaba distribuida en tres capas: 1. Los funcionarios a cargo de la Andis Spagnuolo y Garbellini tenían poder de decisión sobre el sistema de compras. Según la investigación, direccionaban licitaciones, garantizaban cobertura institucional y recibían pagos en efectivo por su intervención. 2. Los operadores externos con poder interno Los intermediarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian actuaban sin cargo formal, pero impartían órdenes dentro de la Andis y organizaban la estrategia general. Incluso colocaron personal propio para manejar información sensible y facilitar pagos. Entre ellos, Lorena Di Giorno, Eduardo "Pino" González y Luciana Ferrari, esta última empleada de un laboratorio pero con acceso directo al sistema de compras del organismo. 3. Los empresarios beneficiados Los dueños de las droguerías favorecidas —Génesis, Profarma, New Farma y Floresta— coordinaban qué firma ganaría cada compulsa y rotaban adjudicaciones según el producto. El encargado de ejecutar las compulsas en el sistema era Roger Grant, siguiendo instrucciones precisas. Circuito financiero y lavado La Fiscalía detectó múltiples mecanismos para canalizar y blanquear los retornos ilegales. Spagnuolo habría recibido al menos $5 millones en efectivo y mantenía US$ 82.000 no declarados en una caja de seguridad, además de una máquina contadora de billetes en su domicilio. Garbellini, por su parte, afrontaba gastos personales muy superiores a su salario y realizó obras por montos millonarios en su vivienda. Para el lavado a gran escala, el Ministerio Público identificó dos figuras clave: Alan Pocovi , señalado como receptor de efectivo que luego invertía en criptomonedas mediante una plataforma llamada "NEBLOCKSHAIN"; , señalado como receptor de efectivo que luego invertía en criptomonedas mediante una plataforma llamada "NEBLOCKSHAIN"; Sergio Mastropietro, vinculado a la empresa Baires Fly, que recibía transferencias desde las droguerías justificadas como "compra de kilómetros para aeronaves". Las facturas emitidas coincidían exactamente con los montos recibidos. Escuchas telefónicas revelan órdenes directas para mover dinero a través de ambos, lo que los ubica como parte de la infraestructura financiera del esquema. En el caso de Baires Fly, la existencia de un servicio de aviación privada permanente también despertó sospechas sobre posibles planes de fuga. Notas Relacionadas
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