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  • Escribano santafesino, hermano de un camarista federal de Paraná, será indagado en causa por corrupción

    Parana » Informe Digital

    Fecha: 13/11/2025 13:06

    Un grupo de fiscales federales de Rosario, coordinados por Javier Arzubi Calvo, pidió la detención del juez federal Gastón Salmain, imputado en varias causas y bajo investigación del Consejo de la Magistratura. Al mismo tiempo, los funcionarios del Ministerio Público solicitaron la indagatoria del financista Fernando Whpei y del escribano santafesino Santiago Busaniche, señalado como operador del Poder Judicial Federal, informó el diario La Nación. El requerimiento contra Salmain se suma a una serie de pesquisas por corrupción en la justicia federal de Rosario que ya derivaron en la detención domiciliaria del exjuez federal Marcelo Bailaque. Santiago Busaniche, hermano del vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Mateo Busaniche, fue allanado y le secuestraron el teléfono celular en el marco de la causa que lo sindica como operador en las esferas más altas de la Justicia Federal, sobre todo en Comodoro Py. Salmain afronta múltiples investigaciones y un sumario disciplinario en el Consejo de la Magistratura que lo sitúan en el centro de un escándalo por corrupción judicial. La causa más grave lo involucra como presunto cómplice del financista Fernando Whpei en una operatoria que habría permitido comprar 10.000.000 de dólares al tipo de cambio oficial durante el cepo cambiario, en diciembre de 2023. El 5 de diciembre de ese año, cinco días antes del cambio de gobierno, Salmain hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Fideicomiso Attila SA, autorizando el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con un techo de 10.000.000 de dólares. Detrás de esa fiduciaria se encuentra Whpei, empresario que controla varias mutuales en Santa Fe y que en octubre de este año se presentó como arrepentido en la causa que tiene a Bailaque con prisión domiciliaria. La maniobra habría permitido comprar divisas al valor oficial para luego venderlas en el mercado informal al precio blue, con una ganancia estimada en cerca de 2.000.000 de dólares para Whpei. Según la declaración del propio financista arrepentido, Salmain se habría quedado con el 15% de la operación. El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023 y, aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos distintos. Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, cuyos signos distintivos coinciden casi en forma idéntica con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron a sí mismos. Cuando el Banco Central pidió al magistrado que suspendiera la medida un día después de su autorización, Salmain decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. Los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos, investigan si la operatoria incluyó algún rédito personal para el juez y si hubo maniobras irregulares con la divisa. Los registros oficiales señalan que la firma adquirió al menos 1.128.850 dólares, que fueron transferidos a DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. La investigación cobró impulso tras la presentación de Whpei como arrepentido en la causa contra el exjuez Bailaque, donde está acusado de participar en una trama de extorsión y corrupción institucional. Whpei permanece detenido en su domicilio desde mediados de mayo y su prisión domiciliaria fue prorrogada hasta enero de 2026. En paralelo, Salmain es investigado por otro episodio vinculado con el ex titular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien también se presentó como arrepentido en marzo. A fines del año pasado, el magistrado intentó, de modo poco ortodoxo, quedar con la competencia de las causas que tramitaban contra Vaudagna, implicado en casos de corrupción junto a Bailaque. Los fiscales lo recusaron y evitaron que el expediente permaneciera en su juzgado. Según fuentes judiciales, Salmain mantenía una relación acreditada con Vaudagna desde 2018, antes de ser nombrado juez en 2023, y podría haber buscado concentrar esos expedientes a cambio de dinero. Una nueva pericia al celular de Vaudagna recuperó conversaciones de WhatsApp borradas que revelaron 48 mensajes intercambiados entre el exfuncionario y un contacto agendado como “Gastón Salmain” entre diciembre de 2018 y mayo de 2019. Esa investigación motivó que los fiscales de Procelac solicitaran el allanamiento del despacho de Salmain. El juez federal Carlos Vera Barros autorizó la medida, pero las órdenes se publicaron por error en el Centro de Información Judicial y fueron enviadas mediante el sistema Lex 100 a todas las fiscalías federales de Rosario. El secreto se esfumó. Cuando la medida ya era pública, Salmain permaneció desaparecido durante 32 horas hasta que agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo localizaron en su departamento del barrio de Belgrano, en Buenos Aires. El magistrado entregó su iPhone 17 apagado y sin el código de desbloqueo. Además, desde julio pasado está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por no haber informado en sus antecedentes, al concursar para juez, que veinte años atrás fue separado de la Justicia Federal de la Capital Federal por ofrecer un soborno para direccionar un expediente. Esa cesantía administrativa le impedía ingresar a la carrera judicial, pero la omisión facilitó que la Comisión de Acuerdos del Senado aprobara su pliego en dos oportunidades y así accediera al cargo de juez federal. La situación de Busaniche Otro protagonista de estas tramas es el escribano Santiago Busaniche, quien iba a ser imputado este martes pero su defensa recusó a todos los fiscales y demoró el trámite; finalmente, el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz rechazó la recusación. Busaniche, oriundo de Santa Fe y radicado en Buenos Aires, fue objeto de cuatro allanamientos y la Policía Federal se llevó su teléfono celular, cuya pericia será clave: en el smartphone de Vaudagna, ya analizado por la justicia, figuran conversaciones entre ambos. En esos diálogos aparecen referencias a la causa que se montó en el juzgado de Bailaque contra el financista Claudio Iglesias, a quien supuestamente extorsionaron al iniciarle una causa en 2019 a partir de un anónimo falso que ingresó a la AFIP y luego fue presentado ante ese magistrado. Busaniche se consolidó en los últimos años como un operador judicial de alto vuelo, con vínculos en lo más alto de la justicia federal a nivel nacional. Es un personaje enigmático y con gran poder de influencia dentro del ámbito judicial. Sus nexos alcanzan ámbitos del Poder Judicial que la investigación aún no logró desentrañar por completo. En la trama que involucra a Bailaque, Vaudagna y Whpei, Busaniche intervino en 2019 y nuevamente dos años después. Según fuentes judiciales, en una primera etapa fue quien presionó para que se dictaran los allanamientos contra Iglesias en el juzgado de Bailaque, tras la denuncia de la AFIP basada en el anónimo trucho que originó la maniobra. Para los investigadores, Busaniche buscaba, con ese anónimo que señalaba a Iglesias como uno de los lavadores de dinero de Los Monos, sacarlo de la carrera en San Cristóbal Seguros, donde el financista aspiraba a un cargo de mayor relevancia en el directorio. No está claro aún por qué habría una orden que emanaba “desde arriba”, de lo más alto del poder judicial, para neutralizar a Iglesias en esa empresa. Paralelamente, según la instrucción, se gestó una extorsión contra el financista: habría pagado cerca de 200.000 dólares para obtener su sobreseimiento en esa causa, que tramitaba Bailaque y que, a diferencia de lo habitual, no había sido delegada a la fiscalía federal. Otro tramo de la investigación coloca a Busaniche en el centro de una orden que habría instruido a Vaudagna para que, a partir de documentación que debía presentar la AFIP, favoreciera a Iglesias. Esa acción parece contradecir la maniobra previa. Los investigadores interpretan que buscaban que a Iglesias le devolvieran unos 100.000 dólares secuestrados en los allanamientos de 2019; con ese dinero, según la hipótesis, él podría pagar el soborno exigido por Whpei. Fuente: Diario La Nación

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