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» Diariopinion
Fecha: 13/11/2025 10:50
La situación judicial de Julio De Vido volvió a tensionar el escenario político-judicial argentino. Este miércoles, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) rechazó el planteo de su defensa y confirmó que el exministro de Planificación Federal deberá presentarse el próximo 13 de noviembre para cumplir la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Tragedia de Once. El fallo llega tras la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso la orden de detención del exfuncionario kirchnerista, cuya participación en los hechos fue evaluada en el marco de la investigación por las responsabilidades políticas y administrativas detrás del accidente ferroviario de 2012, que provocó 51 muertos y más de 700 heridos. La defensa denuncia arbitrariedades y prepara un reclamo internacional Por la mañana, el abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi, había calificado de "arbitraria" la decisión de la Corte Suprema, denunciando una "velocidad sospechosa" en el rechazo del recurso de queja que habían presentado para cuestionar tanto la legitimidad como el monto de la pena. En un comunicado titulado "Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales", Rusconi sostuvo que el máximo tribunal posibilitó la ejecución de la condena sin considerar un planteo previo de prescripción de la acción penal, que —según argumenta— debió resolverse de manera prioritaria por tratarse de una cuestión de orden público. El letrado remarcó que, a su criterio, la acción penal contra De Vido ya se encontraba prescripta. Argumentó que el último acto interruptor —la sentencia no firme dictada el 10 de diciembre de 2018— cumplió casi siete años sin resolución definitiva, superando el plazo máximo de prescripción previsto para el delito imputado. "La prescripción operó de puro derecho", afirmó. El fallo del TOF 4 y la decisión final Pese a las objeciones de la defensa, los jueces Fernando Canero, Ricardo Ángel Basilico y Néstor Costabel resolvieron este miércoles "rechazar el planteo" y "mantener indefectiblemente la convocatoria" del 13 de noviembre para concretar la detención del exministro en una cárcel común. La resolución reafirma el camino marcado por la Corte Suprema, que dejó firme la condena y habilitó la ejecución de la pena, cerrando así cualquier margen de maniobra en el fuero local para evitar su encarcelamiento. Críticas a la prensa y aclaración sobre el alcance de la condena Entre sus críticas, Rusconi también apuntó contra sectores de la prensa por "desinformar" respecto del alcance de la condena. Recordó que De Vido "nunca fue condenado por el choque de Once", sino que fue absuelto de esa imputación directa, al determinarse que la colisión fue consecuencia de la temeridad del maquinista. Según su posición, la condena recae sobre otra imputación —vinculada a incumplimientos en los controles y responsabilidades funcionales— que, insiste, se encontraría prescripta desde diciembre de 2024. La defensa lleva el caso ante Naciones Unidas Frente al escenario adverso, la defensa anunció que presentará una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra. La presentación buscará activar el mecanismo de "acción urgente" para impedir lo que califican como una "privación de libertad ilegal". "Ante la enorme gravedad institucional de lo que está ocurriendo en etapas tan oscuras para el futuro del Estado de derecho, recurriremos al sistema internacional", aseguró Rusconi, quien sostuvo que la decisión judicial vulnera garantías fundamentales. Un caso que vuelve a encender el debate político y jurídico La confirmación de la condena y la inminente detención de Julio De Vido reactivan un capítulo sensible en la agenda pública argentina: el de las responsabilidades políticas en la gestión del transporte ferroviario y las derivaciones judiciales de la Tragedia de Once, una de las mayores catástrofes ferroviarias de la historia reciente. Mientras el exministro se prepara para enfrentar el cumplimiento efectivo de su pena, su defensa insiste en que se trata de una persecución judicial y promete llevar el caso hasta las instancias internacionales más altas. El desenlace, una vez más, vuelve a colocar a la Justicia argentina bajo el centro del debate.
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