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» El Ciudadano
Fecha: 09/11/2025 21:05
“El nuevo soldadeo es el prestamista y el casinito”. Luciano Vigoni trabaja con pibas y pibes en los barrios desde hace más de una década. Primero como militante y luego como funcionario a cargo del programa Nueva Oportunidad, una iniciativa provincial que ha recibido innumerables elogios internacionales. Ese prestigio le confiere a Vigoni ser una voz autorizada para medir el impacto en el territorio de las políticas neoconservadoras del mileísmo, que profundizan la desigualdad y la desesperanza. Para el dirigente del nucleamiento Encuentro por Rosario, cuyo máximo referente es el médico Leonardo Caruana, la situación es crítica, aunque hay una esperanza al final y es la de una salida colectiva que permita la reconstrucción de lazos sociales. – Qué percibís en los territorios cuando se acerca fin de año, algo siempre complicado en la Argentina; cuando se está cumpliendo la mitad del mandato de Javier Milei, alguien que se propuso destruir el Estado desde adentro, según dijo. – La organización más importante que tiene la ciudad en los territorios no es la estatal sino la delictiva. Y en la delictiva no pongo solamente la venta de merca, de alita, de crack, pongo fundamentalmente un tema que nosotros dejamos de lado y es el hacer plata con plata. Es el casinito, es el préstamo del narco a la familia y es la recuperación de esa plata y cómo todo eso se va pagando. – Cómo funciona ese sistema. – Hoy tenemos una estructura que baja desde el presidente con ese mensaje y también de los sectores medios y altos que buscan hacer plata con plata y que el trabajo ocupe cada vez menos lugar para producir guita. El endeudamiento, si bien yo no tengo cifras finas como para decirte que es más que el narcotráfico, ocupa un lugar cada vez más importante en todo lo que tiene que ver con el juego clandestino y el prestamismo. Hay una financiarización escandalosa. – El casinito, o sea el juego online ilegal, viene a reemplazar la vieja quiniela clandestina. ¿De qué manera opera esta estructura? – Uno se baja una cuenta y te cargan para que vos juegues. Eso son los casinitos, los truchos, los ilegales. Hay cajeras en el barrio que te dicen o ponen en el estado de WhatsApp: «Estoy cargando». Y vos les pedís: «¿Me cargás tanto?». Tenés algunos que te dicen: «Me lo pagás el fin de semana, yo el viernes paso a cobrar», y tenés otros que mientras vos vas cargando les tenés que ir transfiriendo. Te pasan una cuenta bancaria. En general es un vecino. Tenés confianza, son redes cercanas. La cajera te hace un usuario, te pasa un link, vos entrás y ahí te dice cuánto te cargó y ves si ganás. Es el nuevo soldadeo: el prestamista y el casinito. – ¿Hay salida a esta situación? – No hay discusión seria sobre por qué los jóvenes están expuestos a las economías delictivas, al juego, a problemas de salud mental y a una sociedad individualista que los abandona. Hay una cultura de la fragilidad: la crisis económica y social ha generado un deterioro psicológico significativo. Se ha registrado un aumento notable en la tasa de suicidios y en los malestares, como depresión y ansiedad, causados principalmente por la falta de trabajo y la vulnerabilidad. Esto propicia una ruptura de lazos: la complejidad de la situación lleva a pibas y pibes encerrados y una fractura de las redes comunitarias. Las instituciones como la escuela y el club se ven desbordadas o debilitadas. La respuesta no es otra gran estructura de persecución, sino una gran estructura de cuidados. – ¿Cómo sería el rol del Estado y de las organizaciones en ese sistema de cuidados? -El camino es acompañar desde los clubes, las escuelas y la territorialidad; reconfigurar un Estado que priorice los cuidados, no el castigo. Llevamos años viendo cómo la receta de aumentar el presupuesto en seguridad y maltratos sólo profundiza los problemas. Es hora de cambiar el rumbo e invertir en los vínculos, no en las políticas hechos que generan más violencia. -A dos años ya de la implementación de la política de mano dura con el Plan Bandera, y una sintonía entre Nación y provincia, ¿cómo analizás el impacto en los barrios? – En la provincia de Santa Fe, el avance de la «doctrina Bullrich» atraviesa un período de institucionalización que traerá mayores niveles de violencia en el mediano y largo plazo. En el último año, se vienen sucediendo una serie de cambios y transformaciones que, leídos de manera integral, significan la consolidación de un modelo de control social basado en la criminalización de los jóvenes y el endurecimiento punitivo del sistema penal. -¿Cuál es el efecto al interior de las prisiones? – Para no ser abstractos: lo que se anuncia en los programas de televisión y se instala como «verdad» única en la agenda—la necesidad de «ser duros»— tiene su traducción real en dos frentes: en las prácticas cotidianas de vigilancia y hostigamiento en los barrios populares, y en el trato cada vez más severo hacia los jóvenes que están privados de su libertad en el sistema penitenciario. Sistema penal que según los datos oficiales de la Procuración Penitenciaria de la Nación son elocuentes. En 1996, en todo el país había 25.163 personas detenidas; en 2023, la cifra trepó a 111.967. En menos de tres décadas, la población carcelaria se cuadruplicó. Pese a ello, nadie podría afirmar que el endurecimiento del sistema penal y las detenciones masivas hayan reducido los niveles de violencia. Sin embargo Bullrich y su doctrina lograron en la provincia una serie de reformas que miradas en su conjunto permiten empezar a visualizar cual será el destino de muchos jóvenes la provincia. – Este endurecimiento del sistema procesal santafesino y los cambios legislativos a nivel nacional, ¿qué producen entre las juventudes? – La ley anti-mafia, promovida por Bullrich y celebrada en Santa Fe «con bombos y platillos», al tratar a todos los eslabones de una organización con la misma dureza, ignora las realidades de vulnerabilidad. Un joven cooptado por el narcotráfico que es utilizado para cuidar o distribuir, es equiparado legalmente con el que comete homicidio o al jefe adulto de la organización o responsable del entramado económico y financiero. -Vos has dicho que hay en ejercicio una política de la dureza, de la crueldad. ¿Esto también se ve en Santa Fe? – Para abonar al clima de época, la Corte envió en agosto al Senado un proyecto de modificación que permitiría a los jueces de adultos abordar causas de menores, eliminando la especificidad que requiere la justicia penal juvenil de la cual los tratados internacionales a los que el país adhirió tiene como esencia lo mismo que el nuevo código. Es más: hoy, en el ex Irar (Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, CERPJ), hay 49 jóvenes alojados en sólo ocho sectores con 44 camas, de los cuales seis no cuentan con agua potable. Es una superpoblación clara, que genera dificultades concretas para brindar un abordaje especializado y digno. El lema de Bullrich y Milei de «tratar a los niños como adultos» se va corporizando en Santa Fe. – Cómo ves esta uniformidad en el tratamiento de diferentes eslabones, siempre entre los estratos populares y sobre todo en los jóvenes, y pocas veces entre los delitos económicos. – No se trata de bajar la guardia en la seguridad, sino en perseguir a las cabezas de las organizaciones de manera diferente que a los pibes que son captados por ellas e implementar políticas que tiendan a evitar que los pibes y las pibas de los barrios terminen en las bandas. También, en desarrollar un sistema que sea más duro con aquellos que se enriquecen gracias a las actividades ilícitas. -El lema parece ser aplacar la violencia y para eso sólo está a la vista una solución: encarcelar. – Mientras tanto, el blanqueo, la corrupción y el lavado de activos—dimensiones estructurales de la violencia—no resultan prioritarios para un gobierno obsesionado únicamente con el equilibrio fiscal como única responsabilidad estatal. Esta mirada financiera, que desconoce la complejidad social, lleva al país a transformaciones que, para quienes trabajamos hace años con jóvenes, sabemos que van a aumentar los niveles de violencia.
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