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» El Ciudadano
Fecha: 09/11/2025 12:21
Argentina atravesó distintos procesos políticos y económicos a lo largo de la última década que provocaron un fuerte impacto en el bolsillo de trabajadores y trabajadoras. Desde el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, pusieron foco en este etapa y calcularon que las recurrentes caídas en el salario real produjeron una transferencia de ingresos que incrementó los excedentes del sector privado en un valor equivalente a 290.000 millones de dólares. En paralelo, destacaron a los grandes ganadores de este proceso que se beneficiaron con la implementación de medidas de emergencia cambiaria y financiera, tomadas por distintos gobiernos y con las que vieron una oportunidad para sus negocios. Fue el caso de los sectores energético, agroexportador y de los bancos. En este último caso por ejemplo, se vio reflejado con el incremento de pasivos remunerados que potenciaron la capacidad del sector de apropiarse de la renta financiera obteniendo abundantes ganancias. El informe, que fue presentado durante la semana en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR, dedica también un apartado en el que explican el destino de esas grandes ganancias. El sector privado logró dolarizar una parte importante de los volúmenes obtenidos en ese período. Desde Mate estimaron que la pérdida de divisas por dolarización de excedentes desde diciembre 2015 fue de 190.000 millones de dólares. Como contracara se aceleró el proceso de endeudamiento externo del país, tanto en el sector público como en el privado, llegando a 114.000 millones de dólares. La frágil economía de los bajos salarios El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía partió desde la asunción de Mauricio Macri en 2019 como un quiebre y una “fuerte ofensiva del capital sobre el salario y sobre las estructuras institucionales”. En ese sentido, repararon en dos aspectos: la fuerte redistribución regresiva de los ingresos y el ciclo voraz de fuga de capitales y endeudamiento externo sufrido en el periodo. En materia distributiva, el gobierno de Macri comenzó con una importante devaluación del peso que se tradujo rápidamente en una aceleración de la inflación. La vía inflacionaria fue el camino escogido para la licuación salarial. Sin embargo, la práctica sindical ganada a través de más de una década de paritarias activas, comisiones internas y medidas de fuerza de carácter sectorial y general, evitó una fuerte pérdida en los ingresos durante la primera mitad del mandato: terminando 2017, el salario real de las y los trabajadores registrados del sector privado logró ubicarse a 4 puntos porcentuales del nivel alcanzado en noviembre de 2015. Durante 2018 y 2019, el panorama cambió y la pérdida salarial se hizo más pronunciada. El salario real terminó, en diciembre de 2019, 18 puntos por debajo del percibido cuatro años antes. Ya con la crisis en marcha, el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) suscribieron el mayor préstamo en la historia del organismo, del cual llegaron a desembolsarse US$44.500 millones. La Argentina terminó esta etapa con un crecimiento sin precedentes de la deuda pública, que en cuatro años pasó de representar 52,6% del PBI a representar 90% del producto, con el agravante de que la porción de la deuda denominada en moneda extranjera ahora era mayor que antes. Si solo tomásemos el conjunto de papeles y contratos fijados en moneda extranjera, el endeudamiento público nacional pasó de 36,4% a 70% del PBI. Desde entonces pasó una década y, con diferentes intensidades, el poder de compra del salario no paró de caer. Si bien durante el gobierno de Macri (y actualmente durante la gestión de Javier Milei) se buscó intencionalmente generar una fuerte transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital, también durante el gobierno de Alberto Fernández el poder adquisitivo del salario cayó, aunque en menor proporción. La participación de las y los asalariados en el producto se redujo así del 54% alcanzado durante el último año del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011/2011-2015), al 44% en la actualidad. Esta pérdida de 10 puntos porcentuales implicó una transferencia acumulada desde 2015 equivalente a US$290.000 millones. Esto explica la disponibilidad de excedentes en manos privadas para su fuga en las ocasiones en las que encuentran un canal de exteriorización disponible o para la permanente presión sobre el frente externo de la economía, cuando el control de cambios se vuelve más intenso. No solo se produjo esta transferencia de ingresos del salario al capital en forma directa, en este periodo, a través de la caída del salario real; también ocurrió una pérdida de la capacidad estatal para captar y reconducir una parte importante del excedente económico socialmente generado. Este doble proceso se verificó a través de los balances contables de las empresas y de la información que publica la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al agrupar las declaraciones juradas que realizan las compañías. Entre 2017 y 2022, el capital incrementó en 6 puntos su participación en el reparto del valor, quitándole prácticamente 3 puntos al trabajo y 3 puntos al Estado. Los datos de la AFIP muestran que la facturación del total de las empresas del país creció en este mismo periodo (2017-2022) 18% en términos reales y que el resultado operativo, en cambio, lo hizo en casi 20%. Mientras que el peso del impuesto a las ganancias sobre las ventas de las compañías disminuyó 35%, en tanto que los salarios redujeron su participación en las ventas 25%. Ganadores en la emergencia Uno de los principales ganadores que destaca Mate en el período relevado es el sector financiero, al que señalaron como benefactor a partir de dos fuentes de ganancias: la diferencia que obtiene por prestar al sector privado y recibir sus depósitos (ganancia tradicional) y los ingresos obtenidos por el rendimiento de los títulos públicos que tiene en su poder. Cuando la economía crece, los privados piden préstamos y allí se origina la ganancia del sector. Cuando la economía entra en crisis, los bancos vuelcan el excedente en créditos al sector público. El sector no se aisló de la dinámica recesiva y crítica de la economía sino que sacó ventaja de ella. El incremento de la deuda del Banco Central que mantuvo “fronteras adentro” una parte del excedente de liquidez, implicó un negocio seguro en un clima inestable. El «respirador artificial» de una economía en terapia intensiva determinó un incremento notable de la ganancia y de la rentabilidad. Por su parte el sector energético, principalmente en sus primeros eslabones, ocupó un lugar central en este cilco de inestabilidad permanente. Resultó beneficiario de onerosos estímulos y transferencias estatales primero, y de una internacionalización de sus precios después. Al igual que en el sector financiero, “la emergencia” determinó beneficios crecientes para las compañías del sector energético. El estado se desentendió de la disputa por la apropiación de la renta petrolera y entre 2018 y 2023 pasó de apropiarse del 21% del valor agregado sectorial aquedarse con el 13%. La totalidad de esa pérdida estatal fue apropiada por las energéticas. En tanto, las empresas del sector agroexportador presentan tramas corporativas complejas a través de las cuales realizan operaciones comerciales y financieras que les permiten reducir la carga impositiva en el país y apropiarse de una mayor cantidad de dólares. El principal mecanismo utilizado para esto es el comercio intrafirma: el 86% de las exportaciones y el 81% de las importaciones se hacen entre empresas de un mismo grupo económico. La sub facturación de las primeras y la sobre facturación de las segundas son la norma en el sector. Sólo 8 empresas realizan el 95% de las exportaciones de harinas de soja, el 93% de las de aceite, el 72% de la de granos. En los últimos años las exportaciones del complejo oleaginoso y cerealero representaron la mitad del total exportado por el país. Por la fragilidad del frente externo de la economía nacional, el poder relativo de los grupos económicos de la actividad es enorme. Desde 2022, a través de la no liquidación de la cosecha, el sector presionó al gobierno y logró un conjunto de medidas que lo beneficiaron y le permitieron obtener mejores resultados.
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