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» El Ciudadano
Fecha: 09/11/2025 12:19
Minutos antes de las once de la mañana, este martes 4 de noviembre, el juez federal Germán Sutter Schneider pronunció en la sala de audiencia palabras que todavía a muchos les resulta difícil de procesar. La absolución de todos los acusados —cuando elevaron la causa eran 22 pero llegaron a la sentencia 17— generó sorpresa y amargura no sólo entre sobrevivientes de la represión estatal feroz de marzo del 75 en Villa Constitución, sino también entre abogados querellantes y la propia Fiscalía. En las más de 353 sentencias por este tipo de causas que contabilizó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde 2006 hasta septiembre de 2025, son muy pocos los casos en que todos los acusados fueron absueltos. A veces hubo algunas o muchas condenas o algunas o muchas absoluciones, pero pocas veces se dio la situación de que todos los acusados resulten absueltos. Este medio encontró al menos nueve sentencias donde ocurrió, entre 2015 y este año. Hay una que se destaca y tiene en común con el Villazo que se trató de muchas víctimas: en la causa La Cueva III, en 2021, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata absolvió a los cuatro acusados que había por los delitos de asociación ilícita, secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra 62 víctimas, muchos abogados desaparecidos en la conocida como Noche de las Corbatas en 1977. La diferencia, igual, es que en aquel juicio se juzgaron a cuatro personas, todas integrantes del Ejército. En el Villazo se juzgaron a 17 personas, dos eran jerárquicos de la empresa Acindar y los demás eran policías, casi todos federales. Todos fueron absueltos. El martes también dieron la orden de liberar de forma inmediata a Pellegrini, que según testimonios de sobrevivientes y familiares esa misma noche fue visto en libertad en Villa Constitución, donde tiene domicilio. Él era miembro jerárquico del área de personal de la empresa. Ricardo Oscar Torralvo integraba la planta administrativa. Los demás absueltos son: Amadeo Chamorro, exintegrante de la Guardia Rural «Los Pumas» de la Policía de Santa Fe; Roberto Álvarez, Roberto Raúl Squiro, Oscar Alberto Vessichio, Juan Carlos Faccendini, Emilio Hugo Marciniszyn, Aldo Ramon Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdes, Carmen Amanda Grosolli De Hellaid, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Anibal Lozano Windus, Oscar Roberto Giai, Horacio Miguel Nardi y Juan De Jesus Martínez, todos policías federales. De las nueve causas donde todos resultaron absueltos, en dos había solamente un acusado. Y de esas nueve causas de todos absueltos solo una, en común con el Villazo, tocó la pata civil de la dictadura: en la causa Torres Queirel, en 2018 en Corrientes, se absolvió al único acusado por la desaparición forzada del trabajador rural Marcelo Peralta en 1977. Héctor Torres Queirel era el interventor militar del municipio de Virasoro, tenía una estancia llamada María Aleida y Peralta desapareció ahí mientras trabajaba. Esa propiedad era lindera a la empresa yerbatera Las Marías. Entonces, la Fiscalía pidió que se investigara al presidente de la empresa Adolfo Navajas Artaza. No pasó. Artaza falleció en 2022. Aquel juicio fue la primera vez que se trató la responsabilidad de esa empresa con la represión ilegal. Cuestionamientos al fallo El martes pasado, en la puerta del tribunal, después de la lectura del fallo, sobrevivientes, familiares y activistas tomaron un megáfono, repudiaron la sentencia, apuntaron contra los jueces y el sistema judicial en su conjunto. El Villazo es una causa emblemática en la región por varios motivos: los secuestros y asesinatos contra trabajadores metalúrgicos, la mayoría sindicalizados, se dieron desde marzo de 1975, un año antes del inicio del golpe de Estado en Argentina; fue la primera vez en la jurisdicción que se investigó la complicidad empresarial en la represión ilegal. El juicio investigó por primera vez secuestros y asesinatos cometidos contra trabajadores, la mayoría metalúrgicos y sindicalizados. En esta elevación se incluyeron 75 casos y declararon más de 200 testigos. No hubo una sola condena, aunque Sutter Schneider votó en disidencia. El magistrado utilizó palabras que en este contexto importan mucho porque encuadró varios de los casos como “delitos de lesa humanidad” y consideró que había que dictar al menos dos condenas. Es decir, el fallo no fue unánime. El 6 de febrero a las 20 se darán a conocer los fundamentos y ahí la Fiscalía y las querellas tendrán 10 días para apelar. Para el fiscal Adolfo Villatte —que había pedido penas de prisión perpetua y cárcel común para los dos integrantes de Acindar y penas de hasta 25 años a los policías— los delitos investigados en esta causa configuran delitos de lesa humanidad “porque ocurrieron dentro del plan sistemático y clandestino de eliminación de enemigos políticos llevado adelante por la dictadura militar”: “En el juicio, en en lo que fueron los prolegómenos, acreditamos que al menos con el Operativo Independencia, y tal vez antes incluso, que ya se habían considerado delitos de lesa humanidad hechos ocurridos en el marco del Operativo Independencia que fue en febrero del 75 entonces a partir de ahí en adelante ya se considera acreditada la existencia del plan sistemático y de la comisión de delitos de lesa humanidad”. Además, subrayó que a lo largo del juicio por el Villazo “se había querido forzar el encuadramiento político de las víctimas en el PRT-ERP” porque, a su vez, “el PRT había sido declarado ilegal y por eso buscaron decir a toda costa que las víctimas tenían militancia en esa organización”. Siguiendo con los cuestionamientos al fallo, para la abogada querellante, Gabriela Durruty, “hay una contradicción en el veredicto que habilita el camino directo al máximo tribunal penal del país. No puede interpretarse en forma tan diversa la profusa prueba. Tenemos serias posibilidades de que se acepte nuestro planteo porque la razonabilidad es un principio jurídico básico y por mandato internacional el Estado debe garantizar que estos crímenes se sancionen y se garanticen las condenas. Casación va a revertir este fallo”. Además, consideró que “la conducta de los magistrados puede provocar que Argentina se enfrente a sanciones internacionales”. Para la abogada no fue menor el hecho de que sea una causa tan asociada a la pata civil que sostuvo la represión ilegal: “Es Acindar, es el poder real. Acá había que juzgar y condenar la responsabilidad civil como nunca porque el presidente del directorio era Martínez de Hoz y fue sucedido por López Aufranc, uno de los mayores represores del Cordobazo”. José Alfredo Martínez de Hoz era parte del directorio de Acindar en 1975 y al año siguiente se convirtió en el ministro de Economía de la dictadura de Jorge Rafael Videla. En los testimonios ofrecidos durante el juicio, muchos subrayaron que cuando fueron los secuestros en las casas de los trabajadores, los criminales caían con los legajos de cada uno. Además, en 2022, en el marco de la ley nacional de Sitios de Memoria, se hizo una señalización en la puerta de la empresa Acindar en Villa Constitución: “el Albergue de Solteros” fue el lugar donde muchos de los trabajadores secuestrados fueron torturados. Estaba ubicado en el predio de la empresa, fue demolido antes de que termine la dictadura pero ya en 1984 la misma Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) visitó el lugar en el marco de su investigación. En su fallo, el Tribunal también rechazó declarar el lugar como ex centro clandestino de detención. En Argentina ya se señalizaron unos 800 lugares así. “En el operativo Serpiente Roja del Paraná se ensayó lo que luego fue aplicado a todo el país. La responsabilidad de la civilidad se ventiló en estás audiencias No fue un grupo de locos, fue un plan sostenible y diseñado. No fueron las cúpulas del Ejército, había una resistencia al plan económico y estos fallos disciplinan, intentan garantizar impunidad. Acindar sigue existiendo y creció exponencialmente en la dictadura. No condenar a esta empresa es clasista. Es un fallo que intenta disciplinar”, expuso Durruty. El 20 de marzo de 1975 se montó en Villa Constitución, 60 kilómetros al sur de Rosario, un operativo que se conoce como Serpiente Roja del Paraná: cerca de cuatro mil efectivos de las fuerzas de seguridad y del Ejército se desplegaron por la ciudad y localidades al sur de Santa Fe y al noreste de Buenos Aires. Villa Constitución venía de un fuerte proceso de sindicalización de trabajadores, sobre todo metalúrgicos, y la Lista Marrón —que disputó y le quitó la conducción local a los representantes de la UOM a nivel nacional— se impuso en las elecciones sindicales de los metalúrgicos. Ejemplificó que los reclamos de los trabajadores de la UOM tenían que ver con conseguir “zapatos con seguridad para el trabajo o tener cobertura odontológica, no era la revolución”: “Eran los reclamos más básicos de cualquier trabajador. En Villa Constitución ensayaron un modelo que después volvieron a implementar cada vez que pudieron. Estos juicios cuestionan un modelo de país por eso no son delitos del derecho común, son delitos que se cometen con otra finalidad”. Sobre la lectura del veredicto Finalmente, para la abogada querellante es importante señalar algo relativo a las condiciones en que se dio el veredicto: “Quiero hablar del respeto. Uno de los momentos más importantes en un juicio es cuando un magistrado da a conocer su veredicto. Sin embargo, se trató de una lectura acelerada y además se leyó la disidencia, que no suele hacerse y eso generó mucha confusión incluso entre los letrados, los abogados querellantes y la fiscalía. Los integrantes del tribunal se retiraron con una velocidad increíble sin dejarnos ni en el sistema ni en soporte papel una copia del veredicto. Tardamos 40 minutos y nos lo terminó dando un gendarme. Las víctimas de este juicio estaban confundidas y tuvimos que salir a la vereda a explicarles”. Fuera de la sala de audiencia, el clima osciló entre el desconcierto —nadie esperaba la absolución de todos— y la tristeza pero enseguida organizaron una suerte de conferencia de prensa en la puerta con megáfono en mano. Muchos tomaron la palabra, hubo aplausos, gritos, algunas lágrimas. Para ellos, para los que esperan un reconocimiento de sus dolores y ausencias, se abrió una nueva etapa de su larga lucha por obtener justicia. Ya llevan medio siglo. Siguen en eso.
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