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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 08/11/2025 03:18
Al iniciarse el juicio de la Causa Cuadernos —que involucra a 87 imputados y es considerada la mayor causa de corrupción en la historia argentina—, se pone en el centro a Cristina Fernández de Kirchner como supuesta jefa de un sistema de recaudación ilegal entre 2003 y 2015. El entramado exhibe una asociación ilícita donde empresarios consentidos, obras adjudicadas a dedo y contratos millonarios construyeron una maquinaria de saqueo institucional que todavía corre por ruedos penales. Por AF La Causa Cuadernos no es solo otro expediente más de corrupción: es la radiografía de un modelo de Estado en el que los contratos públicos fueron moneda de cambio para beneficiar a una coalición de poder política y económica. En ese modelo, Cristina Fernández de Kirchner aparece como figura clave: acusada por la fiscalía de haber liderado junto a su esposo, el fallecido Néstor Kirchner, una asociación ilícita para direccionar contratos estatales hacia empresarios amigos, a cambio de aportes ilegales. La mecánica del saqueo Durante los dos mandatos de Fernández de Kirchner (2007-2015) —y también en los años de Néstor en el poder—, se construyó un sistema de adjudicación de obra pública donde los gobiernos nacional y provincial entregaban contratos a empresas que, a su vez, pagaban sobornos, componían financiamiento político ilegal o participaban del reparto paraestatal. Los “cuadernos” del chofer Oscar Centeno describieron con detalles cifras, recorridos y bolsos que circulaban entre funcionarios y contratos. El Gobierno, el Ministerio de Planificación y otros organismos estatales funcionaban como oficinas de reparto para las firmas que querían asegurarse licitaciones. Y mucho de ese reparto pasó por Córdoba, Santa Cruz, y otros núcleos donde el poder regional se vinculó al nacional. Empresarios y complicidad institucional Empresas de infraestructura, energía y transporte se convirtieron en protagonistas del esquema: desde la adjudicación de represas en Santa Cruz hasta obras viales en la pampa argentina. Algunas de esas empresas tenían lazos con Córdoba (como ya se mencionó en la nota previa). La acusación sostiene que esas compañías entregaron dinero ilegalmente, y que el sistema se apoyó en la cercanía del poder político para garantizar impunidad o adjudicaciones privilegiadas. Lo grave es que el fenómeno no se presentó como “un acto aislado”, sino como una práctica sistemática, que según la fiscalía fue “el mayor caso de corrupción de los últimos veinte años” argentino. ¿Estado capturado o deliberadamente saqueado? El análisis crítico inevitable es éste: ¿fue un Estado capturado por grupos económicos o fue un Estado deliberadamente montado para saquear lo público? En ambos casos, el resultado es el mismo: la obra pública —que en teoría debía fortalecer infraestructura, conectar regiones y crear empleo— se convirtió en fuente de enriquecimiento ilícito, de privilegio para unos pocos y de deuda para todos los argentinos. En ese contexto, la responsabilidad política de Cristina Fernández de Kirchner es central: si la acusación de jefa de asociación ilícita prospera, se demostrará que el poder presidencial no solo miró hacia otro lado, sino que organizó, planificó e instrumentó el saqueo. El factor Córdoba y los empresarios locales Como señalamos anteriormente, la influencia de la trama llega también a Córdoba. Aquí empresas fundadas o dirigidas desde la provincia quedaron implicadas en el régimen de coimas. No es un detalle menor: revela que el circuito de corrupción no se limitó a la Capital Federal o a la Patagonia, sino que alcanzó al país todo. Ese despliegue federaliza la responsabilidad y muestra que los “negocios” con el poder no tenían fronteras internas. El costo social y el legado Más allá de las multas, de los procesamientos y de los juicios, la Causa Cuadernos deja un legado negativo: Obras públicas infladas en precio o ejecutadas parcialmente que podrían haber valido mucho más para el país. Una cultura de impunidad donde los empresarios y los políticos confiaban en que el sistema los protegería. El desprestigio de la función pública y la ruptura de la confianza ciudadana con sus instituciones. Cuando un Estado no cumple su rol de control, cuando el dinero público se utiliza como botín y no como herramienta de desarrollo, quien paga es la sociedad entera. ¿Qué esperar del juicio? El debate oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7 arranca con más de 600 testigos, audiencias virtuales, empresarios arrepentidos y un sostenido cuestionamiento a la autenticidad de los “cuadernos”. Para que esto no quede en otro expediente más sin consecuencias reales, será clave que: La Justicia logre una sentencia clara y firme que marque una ruptura con la impunidad. Las empresas implicadas actúen: devoluciones, sanciones y reformas internas que impidan repetir el ciclo. La política revise seriamente las reglas de contratación, adjudicación y supervisión para lectores y ciudadanos comunes. La “Causa Cuadernos” es mucho más que un enredo judicial, representa el corazón de una arquitectura de poder que convirtió lo público en privada bolsa. Y en ese juego, Cristina Fernández de Kirchner aparece no como víctima o secundaria, sino como la posible capitana de una trama que asfixió al Estado. Periodista de investigación. Post Views: 8
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