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» Diario Cordoba
Fecha: 07/11/2025 12:44
El equipo de gobierno del PP en la Diputación Provincial de Córdoba ha explicado este jueves su plan de subida de las tarifas del agua y la basura para el próximo año. Salvador Fuentes, presidente de la institución, ha lanzado una advertencia catastrofista: si no se aprueban sus propuestas de incrementos en Emproacsa (agua) y Epremasa (basura), ambas empresas irán "a la quiebra" el año que viene. Las explicaciones de Fuentes van dirigidas a los consumidores, para intentar hacerles ver por qué tienen que pagar más por estos servicios. Pero sobre todo tienen como destinatarios a los grupos de la oposición, que ya han mostrado su rechazo a los "tarifazos". Está previsto que este viernes se reúna una comisión informativa para analizar los expedientes de subida de las tasas, y ahí el PP se encuentra en minoría, al contrario de lo que ocurre en los consejos de administración de las empresas públicas. Es la fase preparatoria de un pleno extraordinario que está previsto que se celebre el próximo lunes para dar el visto bueno a las subidas y que estén listas antes de que acabe el año. Por ahora todo apunta a una negativa de la oposición en su conjunto (PSOE, IU y Vox), lo que obligaría a mantener las tarifas actuales, según ha explicado el presidente de la institución. De ahí se deriva la hipotética "quiebra" tanto de Epremasa como de Emproacsa, que de acuerdo con las previsiones de Fuentes se produciría sin remedio el año que viene. En ese escenario habría que optar por una reestructuración de las sociedades públicas o incluso una "privatización". El plan de los responsables públicos (Fuentes en Emproacsa y Andrés Lorite como presidente de Epremasa) para por subir en torno a 5 euros al mes de media a cada familia, casi 60 euros al año por ambos conceptos, la recogida de basuras y la gestión del agua. En concreto, Epremasa tendría que subir su tasa poco más de 2 euros al mes, mientras que Emproacsa necesita 2,78 euros de media más por cada familia. Planes para equilibrar las cuentas La delicada situación de ambas empresas públicas se explica en parte por factores comunes como el aumento de sueldos de la plantilla, los gastos corrientes o las inversiones. Nada fuera de lo normal. Más bien, el principal elemento que distorsiona las cuentas, en la versión de Fuentes y Lorite, tiene que ver con los compromisos ambientales y de economía circular impuestos por Bruselas. Cada vez se recicla y se limpia más, y eso cuesta dinero. Bajo el principio de "quien contamina paga", son quienes usan los servicios de agua y basura -esto es, los propios consumidores- quienes deben asumir todos los costes de las nuevas instalaciones. Epremasa tiene la situación más complicada. Está obligada a implementar y gestionar el llamado "quinto contenedor", en el que sólo se depositan residuos orgánicos y que hasta hace unos años no existía. Eso conlleva además toda una serie de instalaciones logísticas y de reciclaje que hay que costear, como la planta de Montalbán. Lorite no cuestiona la norma (de hecho fue aprobada por los populares en Europa y consentida por el PP en el Parlamento nacional), pero considera que las obligaciones que conlleva están en el centro de la deuda de Epremasa, que para el año que viene se situará en 12 millones de euros si no hay ninguna subida. Para pagar el quinto contenedor y todo lo que conlleva aparejado, Epremasa tendría que aplicar el año que viene una subida del 44% en la tarifa, desde los 140 euros actuales hasta 200 por cada vivienda y año. Con una reducción de gastos prescindibles y otras medidas, la subida se podría quedar en un 25% hasta los 175 euros anuales. Pero Lorite ha explicado que la Diputación está dispuesta a realizar una inyección extraordinaria de dinero para dejar la subida en un 17,5% y 165 euros por ejercicio. Son algo más de 2 euros por familia cada mes. El coste del agua En Emproacsa, por contra, los costes añadidos derivan de la gestión de infraestructuras hidráulicas cada vez más numerosas. Fuentes explicó que el año pasado la empresa mantenía 47 depuradoras, que serán 53 el año que viene; son instalaciones que paga la Junta pero que luego gestiona, en la mayor parte de los casos, la empresa del agua de la Diputación. En cuanto a estaciones de bombeo, pasarán de 69 a 80. En resumen, de 116 instalaciones hidráulicas importantes se pasará a tener 133; "estamos gestionando más con menos recursos", dijo Fuentes. A ello hay que añadir otros costes añadidos relacionados con la gestión hídrica, como el aumento en las sanciones por los vertidos sin depurar, una consecuencia precisamente de la lentitud en la puesta en marcha de las plantas de tratamiento de las aguas residuales, que llevan décadas de retraso. O un incremento del 20% en los costes de los materiales y las previsiones de mejora en el convenio, entre otras cuestiones. En esta tesitura, Fuentes estima que las pérdidas del año que viene en Emproacsa, "si no hacemos nada", serían de 6,5 millones de euros. Para enjugar las pérdidas, el responsable político de la empresa ha propuesto subir de una tacada tanto el IPC de este año como el del año pasado, que tampoco fue aceptado en su día por la oposición. En términos porcentuales, es un aumento del 5,37% en la factura del agua; de media, 2,78 euros por familia cada mes.
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