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Parana » Informe Digital
Fecha: 07/11/2025 12:35
Cristina Kirchner está acusada de haber sido la beneficiaria final de al menos 38 pagos de sobornos por 17 millones de dólares en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. Según la acusación fiscal leída este jueves, esos desembolsos provinieron de empresarios para mantener sus contratos de obras públicas. El mega juicio comenzó contra la expresidenta y otras 86 personas, entre exfuncionarios y empresarios de los más poderosos del país. En la primera jornada del proceso, que se desarrolla por Zoom, la expresidenta participó desde su domicilio de San José 1111 junto a su abogado Carlos Beraldi; allí permanece presa, condenada a seis años en la causa Vialidad. En la cámara apenas se adivinaba su perfil; solo se la vio completa cuando el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, pidió a todos los acusados que se dejaran ver para constatar su presencia. El juicio oral, a cargo de Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, comenzó con la lectura de la acusación del fiscal Carlos Stornelli, quien instruyó la causa. La investigación, iniciada a partir de una nota del diario La Nación, se basa en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que según el expediente trasladó a funcionarios del kirchnerismo cuando recogían sobornos en empresas y los llevaban, entre otros lugares, a la Quinta de Olivos y al departamento de Recoleta de la expresidenta. El expediente incluye en realidad seis causas. Este jueves se leyeron 132 páginas de las 678 que componen la acusación de la primera causa (número 9608); luego continuará la lectura de las acusaciones de las otras cinco causas. A partir de lo reseñado en estas primeras páginas, el fiscal Stornelli consideró a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y beneficiaria final de al menos 38 pagos por 17 millones de dólares, más otro pago por 1,5 millones de pesos. En el dictamen también se mencionan seis entregas adicionales de montos no cuantificados en el requerimiento de elevación a juicio. Stornelli sostuvo que la expresidenta fue coautora del delito o destinataria final del dinero recaudado en numerosos hechos de cohecho pasivo a través de los funcionarios de la organización. Entre los aportantes señalados por la fiscalía aparece Juan Carlos de Goycochea, del Grupo Isolux, quien habría realizado, a través del exfuncionario Roberto Baratta, seis entregas que totalizaron 300.000 dólares entre abril de 2009 y mayo de 2010. La acusación detalla además que Guillermo Wagner entregó a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, 500.000 dólares que habrían sido llevados a la Quinta de Olivos. En otra entrega, Muñoz habría recibido 800.000 dólares, suma que, según uno de los cuadernos, era parte de un monto separado por Baratta. El 22 de septiembre de 2010, la fiscalía sostiene que se recaudaron aproximadamente 1.000.000 de dólares que fueron llevados al departamento de Recoleta de Cristina Kirchner para ser entregados a Muñoz. Otro empresario mencionado es Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, quien habría aportado 3.500.000 dólares en una valija que Centeno subió a su auto y envió al departamento de Recoleta, desde donde Muñoz la habría retirado, según la acusación. Claudio Glazman, por su parte, figura con al menos 13 entregas que van desde 200.000 dólares hasta 2,5 millones de dólares; esos pagos —relata el expediente— eran entregados a Hernán Gómez, asistente de Baratta, para ser trasladados a los domicilios del matrimonio Kirchner. Entre los apuntados por la fiscalía se mencionan pagos concretos realizados por Glazman: 200.000 dólares en una caja el 17 de septiembre de 2009; 250.000 dólares en otra caja el 23 de septiembre de 2009; y un total de 500.000 dólares en dos bolsos el 30 de septiembre de 2009. En la primera audiencia también se nombraron como pagadores a Hugo Dragonetti (Panedile Argentina); Benjamín Gabriel Romero y Rodolfo Armando Poblete (Hidrovía); Raúl Vertúa (Servicios Vertúa); Jorge Juan Mauricio Balán; Miguel Ángel Marconi; Rubén David Aranda; Enrique Menotti Pescarmona; y Francisco Valenti, de IMPSA. Según el requerimiento de elevación a juicio (hasta la página 132), la calificación jurídica imputada a Cristina Kirchner es la de jefa de una asociación ilícita y coautora de cohecho pasivo reiterado en 22 oportunidades. La asociación, sostiene la fiscalía, desarrolló sus actividades al menos desde mayo de 2003 hasta noviembre de 2015. Su finalidad habría sido organizar un sistema de recaudación de fondos ilícitos para “enriquecerse ilegalmente” y destinar parte de esos recursos a la comisión de otros delitos. El Tribunal Oral Federal N°7 finalizó la audiencia a las 14:30 y continuará el próximo jueves con la lectura de esta primera acusación. Minutos después de iniciado el proceso, pasadas las 10:20, el juez Enrique Méndez Signori pidió a los acusados: “Arbitren las medidas necesarias para que se los pueda ver”. Hasta ese momento, varios imputados se escondían detrás de sus abogados; tras la advertencia, el defensor Alberto Beraldi cambió el encuadre de su cámara y Cristina Kirchner apareció sentada a su lado, con una polera blanca y un saco oscuro. La lectura, que comenzó con una demora de una hora por la tardanza de algunos imputados en conectarse, arrancó con la declaración del periodista de La Nación Diego Cabot, quien narró cómo recibió los cuadernos de las coimas de manos de Jorge Bacigalupo y las primeras verificaciones que hizo sobre esos apuntes. A continuación, el escrito describe las constataciones judiciales iniciales y los primeros allanamientos que derivaron en detenciones de empresarios y exfuncionarios. La secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, fue quien inició formalmente la lectura del requerimiento. En lo leído se afirma que la destinataria final del dinero de los sobornos era Cristina Kirchner. Cerca de las 11:30, continuó la lectura el otro secretario, Ernesto Ruiz; a las 12:25 se dispuso un cuarto intermedio y la audiencia se reanudó a las 12:57. Los jueces estuvieron físicamente en la sala de audiencias del sexto piso del Palacio de Tribunales, en Talcahuano 550, mientras que los 87 acusados siguieron el juicio desde sus casas o desde los estudios de sus abogados, conectados por Zoom. Por ahora, las audiencias de este juicio se celebrarán solo los jueves, entre las 9:30 y las 13:30; desde el 3 de marzo se sumarán los martes como segundo día de audiencias. La etapa de lectura está prevista que se extienda hasta el 11 de diciembre. La fiscalía está dirigida por la fiscal general Fabiana León, con el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ignacio Ambrosio y Claudio Nimis. Con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio quedó formalmente abierto el juicio oral. Los jueces suelen postergar sus resoluciones hasta el final del proceso, salvo cuestiones urgentes. Completada esta etapa, comenzarán las declaraciones indagatorias de los acusados, la oportunidad en la que podrán ejercer su defensa; estas audiencias se transmitirán por Zoom abierto, aunque la fiscalía pretende que las indagatorias sean presenciales. Luego se exhibirá la prueba mediante la declaración de testigos; esa etapa no estará abierta por YouTube, sino que solo podrán seguirla periodistas y público acreditado a través de un Zoom cerrado, para evitar que un testigo conozca de antemano lo declarado por otro y ajuste su relato en consecuencia. Finalizadas las declaraciones de testigos y peritos, se realizarán los alegatos y se volverá a conectar YouTube para la transmisión del cierre del proceso y la lectura del veredicto. Se estima que el juicio durará varios años, dado que los testigos previstos superan los 440 y los acusados son 86.
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