07/11/2025 07:41
07/11/2025 07:41
07/11/2025 07:40
07/11/2025 07:40
07/11/2025 07:30
07/11/2025 07:30
07/11/2025 07:30
07/11/2025 07:30
07/11/2025 07:30
07/11/2025 07:30
Concordia » Hora Digital
Fecha: 07/11/2025 04:58
El proceso judicial comenzará el 6 de noviembre y sentará en el banquillo a la expresidenta, exfuncionarios y 60 empresarios por presunta asociación ilícita y sobornos en obras públicas. Este jueves 6 de noviembre a las 9:30 comenzará el juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, que será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). En este proceso judicial se juzgará a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, otros exfuncionarios y a 60 empresarios, acusados de integrar una asociación ilícita que habría funcionado entre 2003 y 2015 para cobrar sobornos a contratistas del Estado. La causa, considerada por la justicia federal como “la mayor maniobra de corrupción de los últimos veinte años”, se basa en los registros del chofer Oscar Centeno, quien anotó detalladamente los pagos ilegales realizados por empresarios a funcionarios públicos. La fiscal general Fabiana León destacó que se trata de “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”. El tribunal estará integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli. En total, hay 86 imputados, de los cuales 60 son empresarios. La principal acusación recae sobre Cristina Kirchner, a quien se le atribuye el rol de jefa de la asociación ilícita, junto con su esposo y expresidente Néstor Kirchner, quienes ocuparon la presidencia entre 2003 y 2015. Según el dictamen, ambos “detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, y entre 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, respectivamente”. La justicia federal sostiene que los acusados desempeñaron distintos roles para garantizar “el funcionamiento del sistema recaudatorio”, con conocimiento de quiénes retiraban y recibían el dinero. Además, participaron máximas autoridades del extinto Ministerio de Planificación Federal. El fiscal Carlos Stornelli, al solicitar la elevación a juicio, hizo hincapié en los cobros a empresarios registrados en los cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública. Stornelli afirmó que la asociación ilícita estuvo constituida por más de tres personas y operó de manera permanente entre 2008 y 2015, extendiéndose desde 2003. Por ello, pidió que la expresidenta sea juzgada como jefa, coautora y partícipe necesaria del delito de cohecho pasivo. Entre los organizadores señalados se encuentran Julio Miguel De Vido, exministro de Planificación Federal; Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión; Ernesto Clarens, financista; y Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. También fue incluido Ricardo Raúl Jaime, exsecretario de Transporte, por irregularidades en contratos ferroviarios. Otros imputados vinculados a la cartelización de obras públicas son Nelson Periotti, exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales; y Sergio Pasacantando, exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A. La investigación determinó la existencia de un sistema de recaudación de dinero desplegado principalmente por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, quienes establecieron acuerdos con empresarios nacionales e internacionales para obtener beneficios mutuos. La primera audiencia se extenderá hasta las 14:30 e incluirá la lectura del requerimiento de elevación a juicio oral, donde se detallarán las acusaciones. Se espera que esta etapa abarque entre cuatro y cinco audiencias. En este marco, Cristina Kirchner participará de las audiencias a través de una conexión vía Zoom, modalidad que fue autorizada por el tribunal. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el sistema ilegal de recaudación contaba con una “vertiente directa” integrada por funcionarios públicos que actuaban como recaudadores del dinero entregado por los empresarios, y un segundo grupo de funcionarios que cumplía otras funciones dentro de la organización. El juicio marcará un capítulo clave en la investigación de uno de los casos de corrupción más resonantes en la historia reciente de Argentina.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por