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» Impactocorrientes
Fecha: 07/11/2025 03:51
Asociación de Consumidores exige revisión del aumento del transporte urbano a $1.890 La Asociación emitió un comunicado en el que rechaza de manera categórica el reciente incremento del boleto urbano a 1.890 pesos en la ciudad de Corrientes. Según la entidad, la medida presenta “graves irregularidades” tanto en el proceso de justificación económica como en la supervisión de los organismos de control. Compartir en Facebook Compartir en Twitter El documento, acompañado de informes y recibos, cuestiona la transparencia del acuerdo que permitió el ajuste tarifario y señala la complicidad de las autoridades municipales y del Concejo Deliberante por su falta de control sobre la prestación del servicio público. La Asociación sostiene que la suba se fundamentó en un “acuerdo laboral espurio” entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa del Grupo ERSA, principal concesionaria del transporte urbano en la capital correntina. Según el comunicado, el acta presentada como respaldo del aumento alude a una “grave crisis del sector empresarial”, argumento que el colectivo de usuarios considera falso, al afirmar que “la situación financiera de la empresa no justifica de ninguna manera el ajuste aplicado”. En esa línea, la entidad indica que el incremento resulta desproporcionado frente al nivel de servicio que actualmente reciben los pasajeros. DENUNCIAS SOBRE IRREGULARIDADES EMPRESARIALES El pronunciamiento detalla además una serie de presuntas irregularidades laborales y tributarias por parte del grupo empresario. Según el informe, se observaron reducciones en los recibos de haberes de dos choferes de la empresa y, al mismo tiempo, se detectó la falta de aportes jubilatorios correspondientes. La Asociación adjuntó dos informes de la Administración de Recaudación de Corrientes (ARCA) en los que se constata que “la empresa continúa con la vieja política de no realizar los aportes previsionales del personal”, lo cual, según el texto, constituye un “grave delito penal tributario”. La entidad advierte que este tipo de conductas empresariales vulnera derechos laborales básicos y afecta la integridad del sistema previsional, motivo por el cual exige la intervención inmediata del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante. La organización señala que ambos poderes “deben controlar el buen funcionamiento de los servicios públicos”, y denuncia que su pasividad los convierte en “cómplices de esta situación irregular”. Con ello, subraya la necesidad de una fiscalización más estricta y de sanciones efectivas para evitar la reiteración de estos hechos. Asimismo, la Asociación apunta a la falta de transparencia en el manejo de los subsidios que el Estado provincial y municipal otorgan a las empresas de transporte. Según sostiene, las compañías deberían justificar el uso de esos fondos con claridad, garantizando que los recursos sean destinados exclusivamente al mantenimiento y mejora del servicio. La organización expresó su preocupación por la aparente ausencia de auditorías y controles que certifiquen el correcto destino de esos aportes públicos. CUESTIONAMIENTOS AL SERVICIO Y AL USO DE LAS UNIDADES En el mismo comunicado, el vocero de la Asociación relató una situación presenciada personalmente el viernes 17 de octubre, cuando “antes de llegar a Formosa” observó “decenas de colectivos, aproximadamente cerca de 50, rumbo a la ciudad de Formosa”. Según el testimonio, las unidades, pertenecientes a la empresa ERSA, eran controladas por efectivos de Gendarmería y de la Policía Vial, lo que despertó la sospecha sobre su finalidad. “Mi pregunta es qué hacían esos colectivos, cuál era su jurisdicción, seguramente sacados de línea, y qué combustible utilizaron para ir, y supuestamente regresar; quiero imaginar que no es con los subsidios que les da el Estado Provincial y Municipal”, expresó. Posteriormente, la Asociación informó que el viernes 24 de octubre, previo a las elecciones, “fueron utilizados nuevamente decenas de estas unidades en la ciudad de Formosa, con fines electorales”. Según la información recopilada por el organismo, los colectivos habrían sido empleados en actividades vinculadas a un servicio especial, aunque regresaron luego a Corrientes. “A fin de mes, todas las unidades que son 29 irían hacia Formosa por aparente licitación”, añadieron, mientras que las “unidades nuevas irían hacia Buenos Aires porque allá están con inconvenientes, y vendrían hacia Corrientes unidades usadas, traídas desde Córdoba”.
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