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Parana » Informe Digital
Fecha: 07/11/2025 02:31
De la redacción de INFORME DIGITAL Un joven empresario entrerriano fue detenido y procesado en el marco de una investigación federal que indaga una presunta asociación dedicada al contrabando de metales (principalmente cobre y bronce) y al blanqueo de las sumas obtenidas. La causa está radicada en los tribunales federales de San Isidro y fue impulsada por el fiscal Fernando Domínguez. Qué se investiga La investigación, que se originó a partir de una causa mayor vinculada a operaciones con cuevas financieras y criptoactivos, apunta a una maniobra que habría consistido en extraer materiales ferrosos del país y comercializarlos en el exterior, para luego canalizar los pagos a través de cuentas en Hong Kong y China y convertir esos fondos en efectivo o criptoactivos. Las autoridades describen un circuito integrado por empresas, casas de cambio y “empresas pesificadoras” que habrían permitido la triangulación de los recursos. Detenidos e imputados Según el expediente y las fuentes oficiales citadas por la causa, entre los imputados y detenidos figuran: Franco Sebastián Ludi, 26 años —identificado como empresario paranaense y vinculado a empresas dedicadas al reciclaje de chatarra (Recicladora del Paraná; Gestiones F&N S.A.S.). La justicia le imputa roles relacionados con la recepción y distribución de fondos dentro de la operatoria. Cristian Daniel Álvarez. Juan Carlos Russillo. Cristian Víctor González. Jorge David Vargas. Leandro Di Nunzio. Claudio Gabriel Umaño. María Rosa Stella. Huaying Chen Zhu (ciudadana de nacionalidad china), imputada por violaciones al régimen cambiario y por lavado de activos. Cuatro millones de dólares en una casa. Las fuentes judiciales y las notas oficiales indican que, en total, fueron detenidas nueve personas en distintos procedimientos y que hay funcionarios y agentes de seguridad bajo investigación por supuesta colaboración u omisión. Allanamientos y secuestros La jueza federal a cargo de las medidas fue Sandra Arroyo Salgado (Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro). Por orden judicial se realizaron múltiples allanamientos —en la Ciudad de Buenos Aires y en localidades del conurbano y otras provincias— que incluyeron galpones, domicilios y oficinas. En una de las viviendas allanadas, a “uno de los implicados”, se le incautaron 4.000.000 de dólares en efectivo; además, en el conjunto de los operativos se secuestraron 4.495.419 dólares, 473.722.770 pesos, 124.585 euros, 76.042 reales y 44.090 USDT (criptoactivos), así como vehículos, armas, equipos informáticos y documentación. Los autos secuestrados Situación procesal y medidas cautelares La jueza dictó el procesamiento del joven empresario y trabó embargos sobre bienes por un monto que, según la resolución consultada, asciende a 5.000 millones de pesos en relación con las maniobras atribuidas. El fiscal del caso es Fernando Domínguez, de la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro. Las defensas de los imputados preservan el derecho a recurrir y a plantear su estrategia procesal. Datos de la operatoria atribuidos en la causa El expediente reúne escuchas, movimientos bancarios, constancias de operaciones con criptoactivos (se mencionan miles de operaciones y montos millonarios en USDT) y documentación que, según la investigación, describiría la cadena de pago desde exportadores informales hacia cuentas en el exterior y su posterior liquidación en efectivo en la Argentina. La Unidad Contable Forense que intervino en el expediente advirtió discrepancias entre la categoría fiscal (monotributo de baja facturación en el caso de alguno de los acusados) y las acreditaciones bancarias y gastos declarados, lo que motivó análisis patrimoniales incluidos en el legajo. Estado actual La causa continúa su curso: la investigación mantiene secreto de sumario en partes del expediente y la justicia no descartó nuevas medidas (allanamientos, detenciones o indagatorias) a partir del análisis de la prueba digital y financiera. Las fuentes judiciales señalan que el proceso busca tanto individualizar la responsabilidad penal de cada imputado como rastrear el destino final de los fondos.
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