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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 06/11/2025 12:44
La mujer trans fue asesinada en 2023 La Sala I Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó el sobreseimiento de nueve de los 10 policías de la Bonaerense imputados por el crimen de Sofía Fernández, una mujer trans que fue hallada sin vida en una celda de la comisaría de Derqui, en el partido de Pilar, en abril de 2023. El fallo, al que accedió Infobae y emitido por los magistrados Oscar Roberto Quintana y Leonardo Gabriel Pitlevnik, anuló la decisión del juez de Garantías Walter Saettone, quien había favorecido a los 9 agentes, algunos acusados por encubrimiento y falsificación de documentos, mientras que dos de ellos por homicidio agravado. Todos habían estado detenidos al comienzo de la investigación junto a Carlos Matías Rodríguez-quien permaneció tras las rejas hasta mayo de este año-, pero fueron liberados apenas un mes después luego de que la Justicia resolviera que no había pruebas suficientes en su contra. Sin embargo, Rodríguez -que se desempeñaba como Oficial Ayudante en la comisaría 5ta de Presidente Derqui, donde sucedió el crimen de Fernández- no fue absuelto a pesar del pedido formulado por su abogado defensor, Francisco Oneto y sí fue enviado juicio. Con el fallo de la Cámara, ahora los 10 deberán responder en un debate oral. La acusación sostiene que la víctima fue asesinada en un contexto de odio a la identidad de género y que, posteriormente, varios miembros de la fuerza policial intentaron encubrir el hecho mediante la manipulación de pruebas y la falsificación de registros oficiales. La decisión de la Cámara responde a una serie de recursos de apelación presentados por los fiscales Manuel Cayuela y Esteban Álvarez, la particular damnificada Sandra Mabel Valdez (hermana de la víctima, representada por el letrado Ignacio Fernández Camillo), la Comisión Provincial por la Memoria, e incluso de las defensas de los imputados. El tribunal consideró que existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de la acusación y que la investigación debe avanzar hacia el juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal de los involucrados. Según la acusación, Rodríguez, Yesica Isabel Núñez y Edith Viviana Ruiz, todos policías de la Provincia de Buenos Aires, habrían aprovechado su posición de autoridad para asesinar a Sofía Fernández. La imputación: homicidio agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrado por miembros de la fuerza policial. Mabel, la hermana de Sofía, durante una de las marchas en reclamo de justicia El hecho habría ocurrido entre las 17:00 del 9 de abril y las 7:00 del 10 de abril de 2023, cuando la víctima se encontraba bajo su custodia. La acusación describe -en base a la autopsia- que los imputados introdujeron en la boca de Sofía una prenda íntima y trozos de colchón, lo que le provocó una asfixia mecánica que le causó la muerte. Subrayan que este acto se habría dado en un contexto de violencia de género y odio a la identidad de género, agravado por la premeditación y la participación de más de una persona. En la resolución de la Cámara también se revoca el sobreseimiento de los agentes Ezequiel Francisco Ávalos Ybáñez, Gustavo Gabriel Camacho, Gabriela Itatí Miño, Camila Belén Pitulak, Gonzalo Germán Robles, Daniel Eduardo Salerni y Miriam Elisabeth Valor. Se les imputa los delitos de encubrimiento agravado por resultar el hecho precedente especialmente grave y por ser perpetrado por miembros de la fuerza policial y falsificación de documento público. Entre las pruebas que sustentan la acusación se encuentran la adulteración de libros de guardia, la desaparición de actas de inspección de calabozos y la manipulación del teléfono celular de la víctima, del que se borraron "1.358 eventos de información digital", entre el 8 y el 10 de abril de 2023. En ese sentido, destacan la eliminación de más de 190 mensajes del celular de la víctima. El análisis de la Cámara destaca la existencia de inconsistencias en los registros oficiales y la recuperación de fotografías y mensajes que evidencian la falsificación de documentos. Por ejemplo, se detectaron discrepancias entre los nombres consignados en las inspecciones de calabozos y la presencia real de los agentes en la comisaría. Además, se comprobó que algunos imputados intercambiaron mensajes para coordinar qué información debía asentarse en los libros oficiales, lo que refuerza la hipótesis de un encubrimiento deliberado. La autopsia, clave La autopsia fue clave para descartar la hipótesis de suicidio sostenida por las defensas. En el examen se concluyó que la causa de muerte “fue una asfixia por obstrucción de la vía aérea, resultado de la introducción de un cuerpo extraño compuesto por fibra de lana y una prenda íntima”. En su declaración, la médica que realizó el examen afirmó: “Era muy poco probable que la muerte de Sofía hubiese resultado de una conducta autolesiva”. Esta conclusión se vio reforzada por la ausencia de antecedentes de suicidios con características similares. Por su parte, la defensa presentó un informe pericial elaborado por la Policía Federal, que sostenía la posibilidad de un suicidio y cuestionaba la interpretación de las lesiones y la cronología de la muerte. Sin embargo, la Cámara consideró que este informe no logra desvirtuar la hipótesis acusatoria ni alcanzar el grado de certeza requerido para dictar el sobreseimiento. El tribunal señaló que las conclusiones de la pericia de parte se basan en presunciones y no explican adecuadamente las contradicciones detectadas en la causa, especialmente en lo relativo a la posición del cuerpo, la rigidez cadavérica y la evolución de los signos de putrefacción. Sofía apareció muerta en una celda de una comisaría de Derqui La Cámara subrayó que la muerte de Sofía Fernández ocurrió en un contexto de especial vulnerabilidad, ya que la víctima pertenecía a un grupo históricamente expuesto a la violencia y la discriminación. En palabras del tribunal, “la población trans está a menudo sometida a condiciones estructurales de vulnerabilidad, marginalidad y violencia sistemática, lo que las coloca en un estatus social desventajoso que es leído por otros actores como condiciones de posibilidad para la aplicación de la violencia”. Entre los elementos que refuerzan la hipótesis de homicidio y encubrimiento, el tribunal mencionó la existencia de mensajes discriminatorios y violentos recuperados de los teléfonos de los imputados, así como la falta de atención a las necesidades básicas de la víctima durante su detención. La resolución destacó que Sofía permaneció aislada en una celda sin agua, sin luz y sin servicios sanitarios, lo que incrementó su vulnerabilidad y facilitó la comisión del delito. La Cámara concluyó que la desvinculación de los imputados en esta etapa resulta prematura y carente de sustento probatorio. Los magistrados enfatizaron “la obligación del Estado de investigar con seriedad y exhaustividad las muertes bajo custodia policial, especialmente cuando involucran a personas pertenecientes a grupos vulnerables”.
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