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» La Capital
Fecha: 04/11/2025 19:32
Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, consideró que se pretende instalar que los problemas del empleo provienen de la protección legal a los trabajadores y de una supuesta “industria del juicio” La posibilidad de una reforma laboral volvió a instalarse en el centro del debate. Desde el gobierno nacional ratificaron su intención de impulsar un nuevo proyecto que, según trascendidos, retomaría el espíritu de la Ley Bases pero con un alcance más amplio. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (Alal), advirtió que la insistencia de realizar una modificación regresiva de la legislación del trabajo “no responde a una necesidad del país, sino a los intereses del poder económico”. En ese sentido, apuntó: “La legislación laboral es totalmente intrascendente para el crecimiento de la economía o para el crecimiento del empleo; es la política económica de un gobierno lo que hace que crezca o no el empleo y la economía”. Cremonte analizó la ofensiva oficial sobre el tema y resaltó que “no es una obsesión del gobierno, es una obsesión de los empresarios, del poder económico, y el gobierno que está a su servicio, por supuesto, que lo plantea entre sus prioridades”. “Uno puede haber escuchado muchas declaraciones de empresarios, reclamos de la UIA u otros sectores y siempre ponen por delante esa cuestión. Aun cuando la realidad demuestra que si algo no es necesario en este momento o no es prioridad, es una reforma laboral. Incluso desde el punto de vista de los empresarios, que tienen problemas con el tipo de cambio, con la depresión del mercado interno, con la apertura indiscriminada de importaciones o con el costo del dinero para financiarse. Debe ser el problema número 10, si es que es un problema hoy alguno vinculado a la legislación laboral o al costo de una relación de empleo”, agregó. Para Cremonte “la legislación laboral es intrascendente para el crecimiento del empleo”. Consultado sobre los puntos más preocupantes de los proyectos que circulan, Cremonte apuntó en primer lugar contra lo que considera una “falacia conceptual” que encubre un objetivo de fondo: “Es absolutamente falso, así como fue cuando lo plantearon en la Ley Bases, que se trate de una modernización laboral. Lo que se propone es reformular la legislación de manera regresiva: facilitar el despido, reducir algunos costos, favorecer el empleo temporario, bajo el argumento de que eso dinamizaría la economía. La realidad es que es todo lo contrario”. Según el titular de Alal, la experiencia reciente lo demuestra: “El año y medio que hace que se sancionó la reforma laboral de la Ley Bases creció el empleo no registrado, crece el empleo precarizado, y la economía se estancó o incluso empieza a ver señales de depresión. Nunca una reforma de estas características creó empleo, sino todo lo contrario. Lo primero que me gustaría señalar es eso: la legislación laboral es totalmente intrascendente para el crecimiento de la economía o del empleo; es la política económica de un gobierno lo que hace que crezcan o no”. Respecto de los contenidos, Cremonte indicó que el nuevo proyecto “será presentado después del 10 de diciembre, cuando cambie la legislatura, y se discutiría en sesiones extraordinarias”. Según anticipó, “es muy ambicioso: busca reinstalar la negociación colectiva por empresa, convertir los convenios por actividad en un techo en lugar de un piso, reglamentar la huelga en servicios esenciales hasta eliminarla, reducir las indemnizaciones por despido, flexibilizar la jornada laboral mediante bancos de horas y avanzar hacia la deslaboralización del empleo”. “Se creó la figura del trabajador independiente en la Ley Bases, y ahora algunos borradores incluyen excluir directamente a los repartidores —los de Rappi, Glovo, los que llevan los pedidos— de la Ley de Contrato de Trabajo, considerándolos autónomos. Son cuestiones nada intrascendentes, directamente perjudiciales para los trabajadores y beneficiosas para los empresarios. No hay ninguna duda: son dos caras de una misma moneda”, afirmó. La desprotección no genera empleo Uno de los argumentos habituales de los defensores de estas reformas es que podrían generar más empleo formal al reducir la brecha entre trabajadores registrados e informales. Sin embargo, Cremonte sostuvo que la evidencia histórica desmiente ese supuesto. “La Ley Bases derogó las sanciones que tenían los empleadores por no registrar relaciones laborales, con el mismo fundamento: que así se iba a generar registro. El resultado fue el contrario, creció el empleo no registrado”, recordó. >> Leer más: Murchison: "Se abusa de la utilización del monotributismo" En ese sentido, apuntó: “Es lo mismo que sucedió en los años 90, cuando se fomentaba el empleo temporario y se crearon los llamados contratos basura. Argentina terminó con casi un 25% de desempleo entre 2001 y 2002, y el empleo no registrado creció siempre”. Para el abogado laboralista, se trata de una “patología del mercado de trabajo” que no guarda relación con los costos laborales. “Hay países que redujeron drásticamente las cargas patronales, como Perú, y sin embargo tienen cerca del 70% de informalidad. No hay vínculo entre reducir derechos y generar empleo”, remarcó. La industria del juicio no existe Cremonte también cuestionó los discursos que responsabilizan a los trabajadores y a los abogados laboralistas por los problemas del empleo. “Cada vez que un gobierno va a presentar una reforma regresiva, pavimenta el camino tratando de instalar en la opinión pública que la causa de los problemas del empleo son la rigidez del sistema laboral, la justicia laboral o la industria del juicio”, explicó. “Eso es falso, y además es falso estadísticamente. La ilegalidad del mercado de trabajo está cerca del 40%. Más de seis millones de personas podrían iniciar un juicio todos los días, pero la tasa de litigiosidad es menor al 1%. Y la mayoría son reclamos contra las ART, no contra los empleadores”, precisó. “Si hay reclamos, es porque hay derechos vulnerados. Como en cualquier orden de la vida, cuando alguien no cumple, el otro reclama. Es como echarle la culpa a los acreedores de que crece la justicia comercial. Lo que crece, en todo caso, es el incumplimiento”, subrayó. >> Leer más: Más allá del ruido: el debate urgente sobre el empleo en la Argentina Al reflexionar sobre el sentido mismo del derecho del trabajo, Cremonte recordó que su origen está en la desigualdad de poder entre las partes. “Porque hay una desigualdad entre quien tiene la posibilidad de contratar gente y quien sólo tiene su fuerza de trabajo. Esa relación es tan desigual que el Estado debe intervenir para proteger a una de las partes”, explicó. “Si el Estado no interviene, lo que hace es favorecer a la parte más poderosa. La Ley de Contrato de Trabajo lo dice claramente: Las desigualdades que crea esta ley en favor de una de las partes deben entenderse como una compensación de las desigualdades que existen en la realidad”, citó. Flexibilización: resistencia social Sobre las posibilidades de que prospere una nueva reforma, el presidente de Alal consideró que “dependerá de las mayorías y las alianzas en el Congreso, pero también, y fundamentalmente, de la resistencia que pueda haber de los propios interesados”. “Cuando el Congreso va a decidir sobre la vida de las personas que trabajan, todos tienen derecho a expresarle a sus representantes su disconformidad. Ahí cobra relevancia el derecho de huelga, la acción sindical y la protesta. Son derechos constitucionales pensados para incidir en una ley”, sostuvo y añadió: “Nuestra sociedad tiene una tendencia sana y democrática a movilizarse. El movimiento obrero está llamado a expresar ese rechazo, con la unidad y la contundencia que pueda alcanzar. Si no, va a ser difícil”. Finalmente, Cremonte consideró que una reforma laboral “sí es necesaria, pero no para reducir derechos, sino para mejorar la vida de las personas que trabajan”. “Hay que preguntarse para qué se quiere una reforma. Si es para que crezca la economía a costa de los derechos, no. Si es para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, desde luego que sí”, afirmó Cremonte, al tiempo que planteó: “Tenemos una ley que limita la jornada a 8 horas diarias sancionada hace 100 años. Deberíamos modernizarla para que exista más descanso y mejores salarios. El salario mínimo vital y móvil está en la ley, pero no se cumple. ¿Cómo no va a haber una política que garantice un ingreso digno y una jornada más corta?”. También reclamó avanzar en temas pendientes: “¿Cómo puede ser que no tengamos una ley nacional de comités mixtos de seguridad e higiene? ¿O una ley de prevención de accidentes? ¿Por qué hay tanta tercerización que genera trabajadores de primera, segunda y tercera dentro de un mismo establecimiento?. Hay infinidad de cuestiones para reformular. Pero insisto: depende del objetivo. Si es para que el trabajo no sea penoso y la vida sea mejor, por supuesto que hay que hacerlo”, concluyó.
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