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Parana » Bicameral
Fecha: 01/11/2025 07:41
El diputado nacional Ricardo López Murphy presentó un proyecto denominado “Ley Marco de Garantía y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad”. El texto tiene más de 80 artículos y propone actualizar y unificar la legislación vigente para adaptarla a los estándares internacionales de derechos humanos, en línea con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El proyecto del exministro reemplaza la actual Ley 24.901, vigente desde 1997, y se asienta en el modelo social de la discapacidad, que pone el acento en la eliminación de barreras físicas, comunicacionales y culturales, y no en las limitaciones individuales. “El objetivo es promover y asegurar el ejercicio efectivo, permanente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”, sostiene el texto. Entre sus principales innovaciones se destaca la creación del Fondo Único de Discapacidad, un fideicomiso administrado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que reunirá recursos públicos y privados para financiar prestaciones de salud, apoyos, transporte, educación, vivienda y trabajo. El fondo —subraya el proyecto— no podrá ser disminuido ni reorientado por decisiones administrativas, y deberá asegurar el pago directo a personas con discapacidad y prestadores, evitando la intermediación. Otro eje central es la creación del Certificado Único de Acceso a Apoyos (CUDA), que reemplazará al actual CUD. Este nuevo instrumento acreditará la discapacidad en todo el territorio nacional y permitirá acceder a los apoyos y beneficios previstos en la ley con un criterio más dinámico y multidimensional, consignó Parlamentario. El texto también instituye una Asignación Universal por Discapacidad (AUD), una prestación mensual no contributiva, gestionada por la ANDIS, destinada a todas las personas con discapacidad, independientemente de su situación laboral. Las pensiones no contributivas vigentes se convertirán de oficio en esta nueva asignación. El proyecto incluye capítulos específicos sobre educación inclusiva, trabajo y empleo, vida independiente, acceso a la justicia y accesibilidad universal. En materia laboral, fija un cupo mínimo del 4% para personas con discapacidad en los tres poderes del Estado y empresas concesionarias, y extiende incentivos fiscales a empleadores privados que contraten personas con discapacidad. Asimismo, establece la capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad y derechos humanos para todos los agentes públicos, al estilo de las leyes Micaela y Yolanda, y ordena la creación de un Consejo Federal y un Consejo Consultivo de Discapacidad para articular políticas entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
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