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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 01/11/2025 01:52
(ADN).- El juicio contra el exintendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, continuó este jueves con la exposición de cuatro testimonios y cerró la jornada con la declaración del propio imputado, quien buscó desmontar las acusaciones del fiscal jefe Martín Lozada por presunto peculado en el manejo de fondos del plan Techo Digno. Gennuso escuchó atento las declaraciones previas y luego utilizó su turno para “contextualizar” las decisiones que tomó en los primeros meses de su gestión. Con tono reflexivo y apelando a la situación social que enfrentaba, comenzó su alocución recordando: “Mi contexto es 900 familias tocándome la puerta de la oficina, queriendo las viviendas”. El exjefe comunal -consignó Radio Con Vos Patagonia- sostuvo que el municipio estaba en una situación financiera crítica. “Nos caíamos en los pozos. No alcanzaba para pagar los sueldos”, dijo. Explicó que, ante la falta de fondos, “había que recurrir a un ATN o usar dinero de otro lado”. En su exposición, relató que el entonces secretario de Viviendas de la Nación, Iván Kerr, le comunicó la decisión del presidente Mauricio Macri de cerrar el programa Techo Digno. “Me dijo: use esa plata que tiene para dar respuesta a los beneficiarios”, afirmó Gennuso, asegurando que los recursos fueron resguardados con ese propósito. “Si los devolvía, hoy 870 familias no tendrían su casa”, insistió. En un tramo de fuerte contenido emocional, Gennuso insistió en que las decisiones adoptadas buscaron evitar la parálisis total del programa. “Si hubiera devuelto ese monto, el plan se terminaba. No habría ninguna vivienda hecha”, argumentó. Y agregó: “Tratamos de que esas familias tuvieran la casa sin tener ningún proceso administrativo mal hecho”. El exintendente recordó que, en diciembre de 2015, el municipio tenía en el Banco Nación unos 150 millones de pesos provenientes del plan y que su gestión “inmovilizó” esos fondos hasta que Nación autorizara la reanudación del programa. “El dinero en ningún momento se perdió, siempre tuvo control y destino”, aseguró. También rechazó que las maniobras financieras hubieran afectado la transparencia de la administración municipal: “Lo único que intentamos hacer fue proteger el dinero. Cuando el programa se reinició, Nación nos dio la venia para pagar los certificados demorados que fueron auditados como válidos”. Gennuso también se mostró crítico respecto de la imputación en su contra. “Acá discutimos cosas que no tienen nada que ver conmigo. Los fondos me los encontré. Todos los testigos hablaron de gestiones anteriores”, señaló, en referencia al gobierno de María Eugenia Martini, su antecesora. Luego añadió: “Me llama mucho la atención que esta causa venía desde 2018 y me imputan cuando dejo la gestión. Me pregunto si molestaría yo”. Hacia el final, el exintendente buscó transmitir un mensaje político más amplio: “Todo esto, fuera de contexto, desalienta a la gente que quiera entrar en la política. Porque si no, entrás y te hacen un juicio”. Antes de concluir, Gennuso agradeció a sus exfuncionarios presentes en la sala. “No quiero ningún reconocimiento. Varios de los que están acá pusieron el alma y el cuerpo. Sé que les duele más que a mí”, dijo. La acusación fiscal El fiscal jefe Martín Lozada acusó a Gennuso por dos hechos de peculado, al considerar que “consumó una conducta que atenta contra la correcta administración de la cosa pública”. Según el planteo, el exintendente “se valió de las prerrogativas del cargo para administrar el patrimonio municipal de modo arbitrario y en contradicción con la ley penal”. De acuerdo con la acusación, los fondos provenían de convenios firmados con la Nación en el marco del Programa Federal de Viviendas Techo Digno, y tenían destino exclusivo: el pago a empresas constructoras por certificados de obra o su devolución al Tesoro nacional en caso de no ejecución. El Ministerio Público sostiene que el entonces intendente apartó del control municipal y de su destino específico un total de 105 millones de pesos, al colocarlos en plazos fijos fuera de la cuenta habilitada. Esa operatoria, según la fiscalía, “quebró la esfera de administración y custodia sobre caudales confiados en razón del cargo”, con un perjuicio patrimonial que —actualizado al 30 de septiembre de 2025— se estima en 13.028 millones de pesos. El juicio continuará mañana viernes con los últimos alegatos de la Fiscalía y la defensa, para luego dar paso a la elaboración de al sentencia en manos del Tribunal que deberá expedirse durante la próxima semana.
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