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Parana » Informe Digital
Fecha: 31/10/2025 08:17
El próximo 10 de noviembre vence el plazo fijado por el Gobierno para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Comodoro Py, luego de la prórroga “por única vez, excepcional e improrrogable” otorgada en agosto. A pocos días de ese límite, la Procuración General volvió a expresar su resistencia a implementar la reforma, tras una reunión sugestiva con el Ministro de Justicia y con fiscales federales que instruyen causas que involucran a altos funcionarios del Poder Ejecutivo. En ese marco, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) afirma que cambiar la fecha para complacer a los fiscales que investigan al propio Gobierno solo permitiría una lectura: “que el clásico mecanismo de Comodoro Py de usar la impunidad como moneda de negociación vuelve a ponerse en juego”. Sin razones para un cambio de decisión Inecip sostiene que “no existe ninguna razón técnica, institucional ni presupuestaria que justifique una nueva prórroga”. Los argumentos expuestos por el propio Ministerio de Justicia en la Resolución 530/2025 siguen plenamente vigentes. Conviene repasar sus considerandos, porque nada ha cambiado en estos tres meses que justifique alterar el carácter “excepcional e improrrogable” de la postergación: 1) “El estancamiento de la reforma procesal iniciada en 2014 compromete gravemente los intereses del Estado Nacional y la eficiencia del sistema de justicia penal federal”. 2) La coexistencia de sistemas procesales distintos “obstaculiza el funcionamiento del sistema y frustra la posibilidad de una persecución penal estratégica, coherente y eficiente”, afectando la seguridad jurídica y la capacidad para enfrentar los fenómenos criminales federales. 3) “La transformación del sistema procesal penal federal (…) no puede verse condicionada por motivos edilicios o tecnológicos acumulados desde hace décadas”, dado que son limitaciones que afectan a cualquier modelo, incluso al actual sistema inquisitivo. 4) La ley misma prevé un margen temporal suficiente para adaptar la estructura de trabajo sin riesgo de colapso, ya que la reforma solo rige para causas iniciadas tras su entrada en vigencia. Nada de esto se modificó desde agosto. Lo único que cambió fue el avance de causas sensibles para el poder político. El argumento de “falta de recursos” es insostenible Los datos del informe de Inecip, “Radiografía de las fiscalías de Comodoro Py”, refutan de manera categórica las quejas de la Procuración: – Los fiscales federales de CABA tienen la menor carga de trabajo del país: hasta 64% menos casos que la media nacional. – Si se computa además el rol de los auxiliares fiscales, la carga se reduce a apenas 36 casos por litigante al año. – La propia ley prevé un aumento de recursos para las fiscalías, a través del traspaso de personal desde juzgados a fiscalías. – La supuesta “alta complejidad” de los casos es marginal: la mayoría corresponde a expedientes menores que el sistema acusatorio permitirá cerrar en días, y solo en 1% de las condenas son por delitos complejos. Además, el sistema acusatorio aporta herramientas para mitigar la limitación de recursos: audiencias orales que acortan plazos; creación de unidades fiscales que permiten economías de escala; mejor aprovechamiento del personal calificado (como los secretarios); respuestas diversificadas para causas menores; y un filtro inicial y rápido para el archivo o la desestimación de expedientes. Lo que colapsó es el sistema actual Es el sistema vigente —inquisitivo, escrito y lento— el que atraviesa una crisis real. – Diez de las causas de corrupción y criminalidad económica más emblemáticas de la historia argentina llevan más de seis años sin resolución; algunas, décadas. – Entre ellas figura la causa YPF, con graves consecuencias patrimoniales para el Estado. – Menos del 3% de los casos penales que ingresan al Ministerio Público Fiscal de la Nación reciben una respuesta de calidad. Tras 11 años de prórrogas de un Código aprobado en 2014, sostener que “esta vez sí” será la oportunidad para ordenar lo que no se hizo en más de una década resulta inverosímil. La experiencia reciente en Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, General Roca, Mar del Plata y Bahía Blanca muestra que el colapso anunciado nunca ocurrió. Lo que sí se repitió fue una mala práctica de la Procuración: aprobar el rediseño institucional exigido por la ley recién el último día hábil previo a la entrada en vigencia del Código. Esa demora no solo entorpece la implementación y desaprovecha tiempo valioso de preparación, sino que también evidencia que solo la efectiva entrada en vigencia del Código pone a la Procuración en acción. Lo que está en juego es más que una fecha El 10 de noviembre no es solo un vencimiento administrativo. Es una prueba de credibilidad institucional. La reforma fue diseñada para revertir la impunidad estructural, la lentitud y la discrecionalidad que marcaron al sistema federal durante 30 años. Dilatarla nuevamente no solucionará los problemas, no mejorará la capacidad institucional y solo enviará un mensaje claro a la sociedad y al mundo: que en Argentina la impunidad volvió a usarse como prenda de cambio.
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