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Parana » La Rosca online
Fecha: 30/10/2025 22:56
La Rosca |Deuda previsional | El escenario de los litigios entre provincias y el Estado nacional por deudas previsionales sumó nuevos capítulos, luego de que la Corte Suprema de la Nación convocara a audiencias de conciliación a La Pampa y Entre Ríos para abordar reclamos que, en conjunto, superan los $550.000 millones. De esta forma, el tribunal reforzó su postura de declararse competente en disputas que involucran a los estados federales y la Nación, extendiendo su intervención a una lista creciente de causas que trascienden el ámbito previsional. La audiencia correspondiente a La Pampa fue fijada para el próximo miércoles 5, mientras que la de Entre Ríos tendrá lugar una semana después, el 12 de noviembre. En el caso pampeano, el gobierno encabezado por Sergio Ziliotto calcula que la deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) asciende a $400.000 millones, cifra que la provincia reclama en virtud del Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260. La administración provincial presentó una medida cautelar urgente, argumentando dificultades de financiamiento derivadas de recortes en los aportes nacionales desde la asunción de Javier Milei. En el caso de Entre Ríos, el reclamo fue formalizado en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes. La provincia exige el pago de $154.606 millones, monto calculado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones como deuda acumulada. El fundamento de la demanda radica en compromisos asumidos en el Consenso Fiscal de 2017, que establecía partidas presupuestarias actualizadas, anticipos automáticos y un sistema simplificado de información sobre las cajas provinciales no transferidas. Según la provincia, el incumplimiento de estos compromisos generó un déficit en su sistema previsional. Frigerio, quien se alió electoralmente con Javier Milei y obtuvo una victoria contundente en las elecciones provinciales, sostiene que la Nación no ha cumplido con las transferencias acordadas. La competencia originaria El máximo tribunal, al aceptar estos planteos, reiteró su competencia originaria en litigios entre provincias y el Estado nacional. En el caso de La Pampa, el escrito de la Corte señala: “Toda vez que la Provincia de La Pampa —a quien le corresponde la competencia originaria de esta Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional—, demanda al Estado Nacional —con derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental—, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria”. La intervención de la Corte Suprema en estos conflictos no se limita a La Pampa y Entre Ríos. Otras provincias, como Santa Fe, también han presentado demandas por deudas previsionales. En el caso santafesino, la provincia reclama la reposición de anticipos mensuales automáticos de la Anses hacia la Caja de Jubilaciones, interrumpidos por decreto, y estima la deuda en $1,2 billones. La provincia solicitó una medida cautelar para restablecer los pagos y el gobernador Maximiliano Pullaro asistió en junio a la audiencia de conciliación en la Corte, acompañado por sus antecesores Antonio Bonfatti y Omar Perotti. El reclamo bonaerense La provincia de Buenos Aires anunció que presentará ante la Corte un reclamo por una deuda previsional que calcula en $1,6 billones, atribuyendo al Estado nacional la falta de transferencias de la Anses a la caja previsional provincial, así como la paralización de otros programas y obras. Además, otras jurisdicciones como Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran en distintas etapas de formalización o negociación de reclamos previsionales, por montos millonarios. La tramitación de estos expedientes revela diferencias metodológicas en el cálculo de las deudas: mientras las provincias suelen presentar el saldo acumulado y reclaman la reanudación del flujo mensual, la Nación propone ofertas parciales o planes de pago. Algunas provincias, como Córdoba, aceptaron acuerdos en ciertos tramos, mientras que otras, como Santa Fe, los rechazaron.
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