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Gualeguaychu » Nova Comunicaciones
Fecha: 29/10/2025 02:42
Una denuncia por defraudación a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Entre Ríos ha provocado una extensa serie de allanamientos en domicilios particulares de funcionarios y sedes de empresas. La medida judicial, impulsada por el propio organismo provincial, busca desentrañar un complejo esquema de presuntos sobreprecios y contrataciones irregulares. El Foco de la Operación: Funcionarios y Sobreprecios. Los allanamientos, que se desarrollan este martes, son el resultado de una denuncia presentada por la actual conducción de la DPV. Denunciante: El director administrador del organismo provincial. Delito Investigado: Defraudación contra la administración pública. Imputados (Bajo Investigación): La mira judicial se ha puesto sobre al menos cuatro funcionarios de la DPV y varias empresas contratistas del Estado. Aunque los nombres específicos se mantienen bajo reserva en las primeras horas del operativo, se trata de individuos y firmas que habrían estado involucrados en procesos clave de contratación y compra. Por trascendidos, uno de los funcionarios sería Ignacio Difiori, que estaba al frente del Area de Suministros en la gestión anterior. También se menciona a otro funcionario de apellido Maccor. Mecanismo Presunto: La denuncia se centra en el supuesto pago de sobreprecios en diversas contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios destinadas a la infraestructura vial. Este tipo de maniobras implica un perjuicio económico directo al erario provincial. Alcance Geográfico de los Allanamientos. La envergadura de la causa queda de manifiesto en la amplitud territorial de los procedimientos ordenados por la Justicia. La acción policial y judicial no se limita a la capital entrerriana, sino que se extiende a otras provincias, sugiriendo la participación de proveedores o personas con domicilio fuera de Entre Ríos. Paraná (Entre Ríos): Se realizan procedimientos en viviendas particulares de los funcionarios investigados, buscando documentación y elementos probatorios. Un allanamiento de interés se llevó a cabo en una cooperativa textil ubicada en calle Emilio Caraffa, en la capital provincial, cuyo vínculo con la causa aún no está completamente esclarecido, pero podría estar relacionado con la simulación de compras o contrataciones. Otras Jurisdicciones: Se ordenaron allanamientos en: Dos domicilios en la provincia de Buenos Aires. Dos domicilios en la provincia de Santa Fe. Dos domicilios en la provincia de Córdoba. Pruebas Buscadas: El Rastro del Dinero y la Documentación El objetivo central de los procedimientos es la obtención de pruebas que vinculen a los funcionarios con las empresas en el esquema de sobreprecios y que determinen el modus operandi del fraude. Se espera que los equipos policiales y periciales busquen y secuestren: Documentación Contable y Administrativa: Facturas, recibos, órdenes de pago, expedientes de licitaciones, contratos, y cualquier papel que revele el circuito del dinero y los costos reales versus los pagados. Dispositivos Digitales: Computadoras, laptops, tablets, teléfonos celulares y pendrives que puedan contener correos electrónicos, archivos, o comunicaciones que revelen acuerdos o coordinación entre funcionarios y empresarios para inflar los costos. Informes de Obras: Documentación técnica que pueda comparar el valor de mercado de las obras, materiales y servicios con los montos efectivamente desembolsados por la DPV. Esta acción judicial de gran escala evidencia una decisión política de la actual gestión Friegerio de avanzar contra presuntos focos de corrupción dentro del organismo, que históricamente maneja una porción significativa del presupuesto provincial. Con información del Portal de Ricardo David.
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