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» El Ciudadano
Fecha: 28/10/2025 19:44
Con el amplio respaldo obtenido en las elecciones legislativas del domingo último, el presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno volverá a la carga con lo que llama reformas «de segunda generación». Son tres, y la primera es la laboral, que toma como referencia el proyecto que a fines del año pasado presentó la diputada nacional por Santa Fe Romina Diez, principal referenta libertaria en la provincia y más específicamente de la hermana y secretaria Presidencial Karina Milei. El texto de la legisladora contiene aspectos incluidos en el capítulo IV del DNU 70/23 que fueron suspendidos por la Justicia laboral y pendientes de definición en la Corte Suprema. Otro dador de letra a la iniciativa es el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex abogado del poderoso grupo Techint. El primer intento de lo que ahora se denomina «ley de promoción de inversiones y empleo» estaba incluido en la Ley Bases original, pero quedó desactivado luego de que el Gobierno tuviera que resignar 42 de sus 58 artículos. Después, la gestión libertaria insistió con el DNU 70/2023, pero de nuevo la parte medular quedó bloqueada por los tribunales laborales. El nuevo impulso, que goza de un adelanto de acompañamiento de otros espacios políticos, entre ellos y según afirmó poco antes de las legislativas el gobernador Maximiliano Pullaro y la diputada electa y actual gobernadora Gisella Scaglia, del armado Provincias Unidas. Con sello santafesino La nueva embestida, con todo y de acuerdo a algunas fuentes oficiales, no incluiría cambios sobre la recaudación y a la vida democrática de los sindicatos. Esos eran ejes de otros proyectos de ley impulsados por el PRO y la UCR, que apuntaban al poder de las organizaciones de trabajadores, pero quedaron en suspenso luego de conversaciones mantenidas por el Gobierno y la CGT durante el año pasado. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, manifestó sin embargo su deseo de avanzar sobre los convenios colectivos para revisar la obligatoriedad de los aportes sindicales. También, sobre el concepto de ultraactividad, por el que los convenios sectoriales se prorrogan si a su término no hay acuerdo de partes para un nuevo esquema. Reforma Laboral de La Libertad Avanza by Claudio de Moya La propuesta, relanzada ante la inminencia de una nueva conformación parlamentaria más que favorable al oficialismo, está inspirada en el proyecto presentado por la santafesina Diez. La diputada es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Rosario con especializaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario y en la Universidad de León (España). Está estrechamente vinculada, además, con la Fundación Libertad. Dinámicos, pero hacia abajo Uno de los puntos más controversiales de la reforma laboral se refiere a los «salarios dinámicos». Antes de la sorpresa en las urnas, lo presentó Cordero en el Coloquio de Idea realizado en Mar del Plata. Implica un reordenamiento del sistema actual de referencia salarial por el que los salarios de convenio se mantendrían como mínimos garantizados, pero se busca que los valores pactados sectorialmente funcionen como topes para los respectivos gremios. Según el funcionario, los valores fijados en los convenios dejarían de ser «pisos» y pasarían a funcionar como «techos» de referencia. De esa forma, los sindicatos perderían la prerrogativa de utilizar los mínimos asegurados y cada empresa podría pactar sumas diferentes, siempre que no superen lo fijado colectivamente. Hoy, los salarios básicos de los convenios representan para los sindicatos un resguardo que se aplica de modo uniforme a los empleados de su ámbito. Con la reforma, el Gobierno pretende flexibilizar los mecanismos entre las partes (actualización y revisión de ingresos) para «adaptarlos» a la situación de cada sector. De la parte empresaria, precisamente. La propuesta oficial también plantea eliminar la fijación automática de incrementos salariales en función de la inflación, con el objetivo de evitar indexaciones ajenas a la productividad y las capacidades de cada empresa. El secretario de Trabajo, que responde directamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, habló de negociaciones también «dinámicas». Es un eufemismo que antes utilizó Domingo Cavallo cuando en 1992 el Gobierno de Carlos Menem limitó por decreto los aumentos para atarlos a la «productividad». Se trata de un factor conflictivo tanto por su definición precisa en cada área como de la decisión de quién lo mide. La intención del oficialismo es, en síntesis, que se discutan paritarias por productividad y por empresa, con lo que se desploma el poder de negociación de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales. Otra vez, la flexibilización bajo el argumento de fomentar empleo El texto en estudio propone una amplia reconfiguración del régimen laboral bajo el argumento de «actualizar la relación entre empleador y empleado». En los hechos, como en anteriores ocasiones, habilita una flexibilización integral. Entre los cambios más relevantes, se prevé la ampliación de la jornada laboral y la desregulación de los convenios colectivos, permitiendo a las empresas modificar tareas, horarios y modalidades de trabajo según su conveniencia. También se crean bancos de horas, que permiten compensar horas extras con francos, eliminando en los hechos el pago adicional por tiempo trabajado. Indemnizaciones en cómodas cuotas En materia de indemnizaciones, las micro, pequeñas y medianas empresas podrán abonarlas en hasta doce cuotas mensuales, y se redefine el régimen de intereses en créditos laborales, lo que reduce drásticamente los montos que los trabajadores podrían percibir en juicios. El proyecto también introduce nuevos mecanismos de control patronal sobre las licencias por enfermedad, manteniendo los plazos vigentes pero habilitando la intervención directa de la Secretaría de Trabajo para verificar certificados médicos, con posibilidad de sancionar a los profesionales. Si el trabajador no se reincorpora luego del año adicional de reserva del puesto, se autoriza la extinción del vínculo sin indemnización. Vacaciones, cuando quiera el empleador: puede fraccionarlas o darlas en invierno Respecto de las vacaciones, la reforma propone habilitar su fragmentación en lapsos, eso sí, no inferiores a una semana. Y flexibilizar su otorgamiento en base a priorizar las necesidades de la empresa. Los cónyuges o convivientes que trabajen en la misma firma podrán solicitar vacaciones conjuntas, aunque la decisión final queda en manos del empleador. Otra modificación clave redefine los beneficios sociales no remunerativos, incluyendo desde almuerzos y útiles escolares hasta servicios de telefonía e internet, pero sin integrarlos al salario. Esto amplía la posibilidad patronal de otorgar compensaciones sin impacto en aportes, aguinaldo ni cargas sociales. Además, el texto habilita la emisión electrónica de recibos de sueldo y refuerza el poder disciplinario del empleador, estableciendo plazos de 30 días para que el trabajador pueda impugnar sanciones. Eso, esgrimieron referentes gremiales, limita los mecanismos de defensa sindical y judicial frente a los abusos patronales. Por último, se crea un sistema de bonos de crédito fiscal para empresas que realicen nuevas contrataciones en los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con beneficios de entre 25% y 100% según el tamaño de la firma, y se introducen modificaciones al régimen de trabajo agrario que excluyen a trabajadores de actividades industriales o de servicios, precarizando aún más el empleo rural. Obvio: respaldo empresarial y resistencia sindical Las cámaras empresariales respaldaron la reforma al afirmar que la negociación salarial sectorial resulta incompatible con escenarios de crisis o recesión. En ellos, argumentaron, no todos los actores pueden afrontar los mismos compromisos. El sector patronal sostiene que la dispersión y flexibilidad de los salarios sintoniza mejor con la productividad y las necesidades de generación de empleo. Las organizaciones sindicales, por el contrario, advirtieron sobre el riesgo del debilitamiento de la protección colectiva y la precarización de condiciones laborales. La intención de Milei es una reforma inspirada en el proyecto de Diez como base y añadidos que surjan del hasta ahora inactivo Consejo de Mayo, que entre otros actores integran un representante de los gremios (el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez) y otro del empresariado (el presidente de la UIA, Martín Rappallini). En su momento, el texto de la santafesina fue avalado, entre otros, por sus colegas de la Cámara José Luis Espert y Lorena Villaverde, el primero ahora con pedido de licencia y ambos vinculados a presunto financiamiento narco y compra de drogas ilegales, respectivamente. También acompañaron el coterráneo de la autora Nicolás Mayoraz, Bertie Benegas Lynch y Lilia Lemoine.
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