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Parana » El Once Digital
Fecha: 24/10/2025 01:30
La entrada de una nueva empresa al servicio de transporte público en Paraná genera incertidumbre sobre la estabilidad laboral de los choferes. Alfredo Britos, abogado laboralista, analiza el marco legal y las tensiones entre el Estado, las empresas y los sindicatos. La llegada de una nueva concesionaria al transporte urbano de Paraná generó un conflicto sobre la continuidad laboral de los choferes. La empresa entrante, San José, convocó a cubrir 120 puestos de trabajo, mientras el gremio UTA sostiene que, por la Ley de Contrato de Trabajo, todos los trabajadores de la empresa actual deberían ser incorporados con sus derechos y antigüedad intactos. ¿Qué peso tiene la Ley de Contrato de Trabajo frente a la normativa municipal en este caso? ¿Cómo se garantiza el servicio a los usuarios sin afectar los derechos de los trabajadores? Guillermo Michel: “Fuerza Entre Ríos es el único voto útil para ponerle un freno a Milei y al gobierno provincial” En la capital entrerriana, la llegada de una nueva empresa para gestionar el transporte público de pasajeros ha desatado una compleja discusión legal y social. Los choferes que actualmente prestan el servicio bajo la concesión de la empresa Buses Paraná, se encuentran en una situación de incertidumbre respecto a su continuidad laboral. Esta preocupación fue abordada recientemente por Alfredo Britos, abogado laboralista y experto en derecho del trabajo, quien dialogó con el programa El Ventilador que se emite por Elonce, ofreció su visión, sobre el proceso de transición y los derechos de los trabajadores. “Son tiempos críticos de colonialismo financiero y que las familias se queden sin trabajo, es muy duro”, sostuvo. “Tensión normativa” “El derecho no es una ciencia exacta, pero en este caso, hay una suerte de tensión normativa desde el punto de vista de las facultades del Estado, estamos hablando del municipio y del bien para tutelar que es el conjunto de los trabajadores”, afirma Britos al abordar las diversas interpretaciones que se han generado sobre las condiciones laborales de los choferes durante el cambio de concesión. “A partir de ahí, es como juega el tema del rol del Estado como para garantizar la concesión a una nueva empresa que viene con un nuevo hecho de condiciones, pero también, saber qué es lo que va a pasar con el grupo de trabajadores, quienes esperan la continuidad de su trabajo, de su remuneración y sus derechos”, explicó a Elonce “Lo que se tiene que entender es que, cuando hablamos de una concesión pública, la cuestión legal no se resuelve de manera tan simple como en una empresa privada. Aquí entra en juego el Estado, la nueva empresa y, por supuesto, los derechos de los trabajadores”, afirmó el abogado. “Tenemos que ver cómo, en cierto modo, incide la concesión a la nueva empresa por parte del Estado municipal, que esto no es una solución estrictamente legal desde el punto de vista del derecho del trabajo, sino que hay fenómenos de hecho con consecuencia jurídica”, agregó Britos. ¿Obligatoriedad o prioridad? La clave del debate Una de las cuestiones que ha generado confusión es la interpretación de la Ordenanza N° 10.213, sancionada en diciembre de 2024, que establece que la nueva empresa debe dar “prioridad en igualdad de condiciones” a los trabajadores de la concesión anterior. Este término de “prioridad” ha sido interpretado de manera diferente por los actores involucrados. Para el abogado Britos, la confusión radica en que la palabra “prioridad” no implica necesariamente obligatoriedad. “Lo que se habla en el pliego es que se debe dar prioridad, pero eso no quiere decir que se esté obligando a tomar a todos los trabajadores. En el ámbito privado, el empresario tiene una libertad de contratación, pero eso cambia cuando el Estado está de por medio”, afirma. Por otro lado, el sindicato de choferes de Paraná, representado por la UTA, sostiene que la prioridad en el pliego debe ser entendida como un mandato legal que obliga a la nueva concesionaria a mantener a los trabajadores actuales, con sus antigüedades y derechos laborales intactos. La UTA considera que la omisión de una cláusula que garantice la continuidad de los trabajadores vulnera sus derechos. El rol del Estado y la negociación colectiva Britos subraya que la intervención del Estado es crucial en este tipo de situaciones. “El Estado tiene un rol protector de los trabajadores, pero también debe velar por el buen funcionamiento del servicio público. No es lo mismo la compra de una empresa privada que la concesión de un servicio público”, afirma. En su opinión, la situación requiere de un acuerdo entre el sindicato, el Estado y la empresa que asuma el servicio, para garantizar los derechos laborales sin obstaculizar la correcta prestación del servicio. El abogado laboralista también menciona que en casos como estos, la negociación colectiva es la herramienta más adecuada para resolver los conflictos. “En este tipo de situaciones se resuelve todo a través de la negociación colectiva, que es el camino adecuado para encontrar una solución que contemple tanto los derechos de los trabajadores como las necesidades de la nueva empresa”, explica. ¿Es posible una continuidad laboral plena? En su análisis, Britos hace una distinción importante entre la continuidad laboral en empresas privadas y el contexto particular de la concesión del transporte público. “Cuando hablamos de una privatización o de la compra de una empresa privada, el nuevo propietario asume tanto los activos como los pasivos de la empresa. Sin embargo, en este caso, el Estado tiene la potestad de regular cómo se lleva a cabo la concesión del servicio”, explica. El abogado destaca que la situación en Paraná no es comparable con una privatización tradicional, ya que aquí el Estado actúa como intermediario, otorgando la concesión a una nueva empresa. “La intervención del Estado municipal introduce un factor que no está presente en los casos de privatización pura y dura. Aquí no se trata solo de un comprador y un vendedor, sino que hay un bien público involucrado”, afirma a Elonce. En este sentido, Britos advierte que no es razonable esperar que la nueva empresa asuma de manera automática todos los trabajadores de la concesión anterior. “Aunque me gustaría que todos los trabajadores mantuvieran sus empleos, creo que es un tanto forzado pensar que la nueva empresa debe tomar a todos los empleados con sus condiciones intactas”, señaló al dialogar con El Ventilador. ¿Qué opciones tienen los trabajadores? Frente a la incertidumbre, Britos subraya la importancia de que los trabajadores se organicen de manera colectiva. “Aquel que intente enfrentarse solo a una situación como esta, está destinado al fracaso. La unión hace la fuerza, y es clave que los trabajadores, a través de sus sindicatos, luchen por la continuidad de sus derechos”, asegura. En cuanto a las posibilidades legales, Britos explica que el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, en caso de una transmisión de empresa, los trabajadores deben mantener sus derechos laborales, incluyendo antigüedad y remuneración. Sin embargo, reconoce que el caso de Paraná es único y que la intervención del Estado podría modificar las condiciones de esa continuidad. El futuro de los choferes de Paraná El futuro de los trabajadores del transporte público de Paraná dependerá de la evolución de las negociaciones y de la interpretación legal que se haga de las normativas vigentes. Britos resalta que los precedentes judiciales en situaciones similares, como las privatizaciones de empresas estatales en la década de 1990, podrían influir en la resolución del conflicto. El abogado también subraya que la justicia social debe ser un principio fundamental en la resolución de este tipo de disputas. “La justicia social implica garantizar los derechos de los trabajadores, pero también la estabilidad del servicio público. Lo que está en juego es el bienestar de todos los actores involucrados: los trabajadores, las empresas y los usuarios del servicio”, concluye. Transporte urbano en Paraná: La continuidad laboral de los choferes en debate
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