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» Santo Tome al dia
Fecha: 21/10/2025 11:00
El Gobierno nacional promulgó este martes dos leyes centrales: la N° 27.795, de financiamiento de la educación universitaria y recomposición salarial, y la N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales en salud. Sin embargo, ambas normas no entrarán en vigencia inmediata, ya que su ejecución quedó condicionada a la inclusión de partidas específicas en el Presupuesto Nacional. La decisión se formalizó a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial. De este modo, el Poder Ejecutivo justificó la suspensión de la implementación debido al alto costo fiscal de ambas leyes, y a la falta de definición parlamentaria sobre cómo se financiarán. La misma medida fue adoptada hace un mes con la Ley de Emergencia en Discapacidad. En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras el rechazo del Congreso al veto presidencial, se establece la actualización automática del presupuesto universitario según el IPC, una recomposición salarial para docentes y no docentes, y la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico. También ordena la actualización de los programas de becas estudiantiles. Según los cálculos del Gobierno, la ejecución de esta norma implicaría un gasto adicional de más de $1 billón en 2025 y de $2 billones en 2026, lo que excede los márgenes fiscales actuales. Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica busca garantizar el acceso a servicios de salud infantil, reforzar hospitales pediátricos y mejorar las condiciones laborales y salariales del personal de salud. También establece la priorización de insumos críticos y la exención del impuesto a las ganancias para quienes trabajen en áreas sensibles. El costo estimado de implementación asciende a $196.270 millones, cifra que, según el decreto, supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, que ya registra un déficit de más de $102.400 millones. El Gobierno argumentó que ninguna de las dos leyes establece fuentes de financiamiento concretas, en aparente incumplimiento de lo dispuesto por la Ley 24.156 de Administración Financiera, por lo que su ejecución quedó en suspenso hasta que el Congreso las contemple en el próximo Presupuesto Nacional. Finalmente, el Ejecutivo advirtió que ejecutar estas leyes sin respaldo presupuestario pondría en riesgo otros programas esenciales y podría generar presiones inflacionarias, contradiciendo —según sus fundamentos— los mismos fines que las normativas dicen proteger.
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