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Concepcion del Uruguay » Miercoles Digital
Fecha: 20/10/2025 22:04
El legislador minimiza el potencial nocivo en permitir pulverizar de forma terrestre o con drones a 10 metros y aérea a 45 metros de áreas sensibles, porque entiende que la acción depende que no se haga “con viento en contra”. Desde la Coordinadora Por una Vida Sin Agrotóxicos “Basta es Basta” expresaron a ERA Verde que se trata de un texto similar al aprobado en Entre Ríos; que es promovida por las cámaras empresarias que comercializan este tipo de productos cuyo fin es ser un “tapón” y formalizar la falta de cumplimiento de las normativas ambientales. La normativa, se sintetizó, tienen “un triple impacto negativo: en la salud, en el ambiente y en lo fiscal”, ya que no plantean una trazabilidad de los productos y servicios que se vinculan con estas prácticas. Con el número de expediente 5621-D-2025 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios”. Su impulsor es representante entrerriano, el radical Atilio Benedetti, quien aspira a que sea un marco normativo de referencia para todo el país, según expresó en declaraciones radiales al defender su iniciativa. Entre sus distintos aspectos, el punto más polémico son las distancias mínimas que permite para la pulverización con agroquímicos. El artículo 9º de proyecto señala expresamente los alcances de la denominada “zona de exclusión”, que se “extenderá, desde el límite exterior de la zona sensible (caseríos, escuela o bien natural) hacia la zona productiva, con el siguiente alcance según el mecanismo de aplicación: a) Aplicaciones terrestres, diez (10) metros; b) Aplicaciones con VANT (vehículo aéreo no tripulado), RPA (robots automatizados) o drones, diez (10) metros; c) Aplicaciones aéreas, cuarenta y cinco (45) metros”. INVISIBILIZACIÓN Al trascender la idea, la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas calificó el proyecto como regresivo, criminal y negacionista de las evidencias científicas que dan cuenta lo peligroso de habilitar el uso de venenos tan cerca de sectores que pueden verse severamente afectados: zonas pobladas, cursos de agua, áreas naturales protegidas y establecimientos rurales. Para la Coordinadora Por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos Basta es Basta, en tanto, “la ley como la que impulsa el diputado Benedetti son leyes tapón” al cumplimiento de las normativas ambientales. Sobre este último aspecto, se explicó a ERA Verde, que consumar una legislación para regular las fumigaciones, termina por “blanquear” la falta de controles sobre este tipo de procedimientos. Las pulverizaciones agrícolas no son consideradas actividades peligrosas para la salud y el ambiente, por lo cual están excluidas de las medidas de recaudo que establecen las normativas ambientales. He aquí “la trampa”. Las legislaciones para el cuidado del ambiente, se apuntó, tiene como pilares al principio precautorio y al acceso a la información pública. “Las pulverizaciones no siendo una actividad peligrosa para el ambiente y la salud, no se ajusta al derecho ambiental nacional e internacional. Como no se considera una actividad peligrosa que pueda ser encuadrada en la Ley General del Ambiente, con los requisitos mínimos de control ambiental. Esto hace que se llegue a una ley que es un mera guía de recomendaciones como es este proyecto de Benedetti”, se sintetizó. Así, las fumigaciones pasan a ser una actividad invisible, plantean desde el Basta es Basta. No teniendo la obligación de ajustarse al derecho ambiental, tampoco se ajustan a un seguimiento de tipo fiscal. “No hay trazabilidad de los movimientos económicos, los servicios de fumigación y las condiciones laborales de la gente que trabaja en este tipo de servicios. Este tipo de normativas tiene un triple impacto negativo: en la salud, en el ambiente y en lo fiscal”. Desde las organizaciones socio ambientales aguardan ahora que se abran las audiencias públicas en el Congreso donde puedan exponer sus planteos. Esperan tener mayor eco que en los debates que se llevaron a cabo en la Legislatura provincial previos a la aprobación de la ley de Agroquímicos de Entre Ríos. En estas instancias, señalaron, hubo exposiciones del sector científico, gremial, de las organizaciones socio ambientales, de la ciencia y la academia, pero “no se los tuvo en cuenta, se siguió con un proyecto que no se ajusta al derecho ambiental”, lamentaron. De la Redacción de ERA Verde
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