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» Tu corrientes
Fecha: 20/10/2025 17:26
Un fuerte revuelo institucional se desató este sábado tras la denuncia de la defensa de Lázaro Antonio Báez, quien habría sido trasladado de la Unidad Penitenciaria Federal N° 15 de Río Gallegos sin notificación ni autorización judicial. Su abogada, Yanina Nicoletti, alertó al juez Néstor Guillermo Costabel por lo que calificó como un hecho de “extrema gravedad institucional”. Un episodio sacudió el escenario judicial y político de la provincia de Santa Cruz, se conoció cuando la abogada defensora de Báez se presentó este sábado en la Unidad Penitenciaria Federal Nº 15 con el propósito de entrevistarse con su cliente. Sin embargo, el director del establecimiento le informó que el detenido ya no se encontraba allí, sin brindar precisiones sobre su destino ni las razones del traslado. La letrada elevó de inmediato una presentación urgente ante el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del doctor Néstor Costabel, solicitando su intervención inmediata y la habilitación de días y horas inhábiles para exigir información sobre el paradero del interno. En su escrito, Lucas Nicoletti sostuvo que el traslado se produjo sin aviso ni autorización judicial, en plena vigencia de un proceso de habeas corpus que aún no había adquirido firmeza. “Esto no solo vulnera garantías procesales básicas, sino que remite a prácticas de épocas que creíamos superadas”, señaló la abogada en diálogo con La Opinión Austral. “Técnicamente está desaparecido”, agregó otro de los integrantes del equipo legal, visiblemente preocupado. Según informaron, Báez había sido visitado por uno de sus defensores a las 15 horas, y apenas minutos después personal penitenciario comunicó que “se lo habían llevado” y que “ya no pertenecía a esa unidad”. La familia del empresario, en tanto, inició por su cuenta una desesperada búsqueda en los principales centros de salud de la ciudad, entre ellos el Hospital Regional y la clínica Medisur, pero sin resultados. “Estoy angustiada, hablé con él por teléfono a las 14”, expresó Claudia Insaurralde, su esposa en declaraciones a La Opinión Austral, quien no ocultó su preocupación por el delicado estado de salud de Báez, que -según sus allegados- incluye episodios de sangrado y sospechas de cáncer de colon. La situación se agrava debido a que el Servicio Penitenciario Federal había argumentado días atrás no contar con medios logísticos adecuados para trasladarlo a El Calafate para estudios médicos, mientras que el aeropuerto de Río Gallegos permanece cerrado por refacciones y el más cercano, el de El Calafate, no tiene vuelos programados hacia Buenos Aires. Estas circunstancias generan aún más interrogantes sobre cómo y hacia dónde habría sido trasladado. De acuerdo con fuentes cercanas a la causa, el traslado a la Unidad de Ezeiza -que en principio estaría previsto- no habría quedado firme debido a una apelación de la defensa tras el rechazo a la prisión domiciliaria. En ese marco, cualquier cambio en el lugar de detención debería haberse realizado con intervención judicial y comunicación previa a los representantes legales y familiares. El propio Juzgado Federal había reconocido, días antes, que la defensa aún se encontraba dentro del plazo legal para responder a la propuesta de cambio de alojamiento. Pese a ello, el movimiento del interno se habría concretado de manera intempestiva, sin resolución firme y sin información oficial por parte del Servicio Penitenciario o el tribunal competente. En las últimas horas, los abogados de Báez reiteraron su pedido de intervención urgente y calificaron la situación como de “gravedad institucional”, al tiempo que insistieron en que se trata de un caso que pone en riesgo derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la salud, la comunicación con la defensa y la transparencia del sistema penitenciario.
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