Contacto

×
  • +54 343 4178845

  • bcuadra@examedia.com.ar

  • Entre Ríos, Argentina

  • Proyecto de ley del Gobierno instala la noción de “democracia ambiental" como eje de la gestión

    Parana » APF

    Fecha: 20/10/2025 11:30

    El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas que propone “sintonizar el desarrollo económico con los principios de la sostenibilidad y la equidad intergeneracional”, Destacó que “representa un paso importante hacia la modernización de la gestión ambiental provincial, asegurando que el desarrollo económico se realice de manera sostenible y con la participación activa de la comunidad”. Promueve la simplificación y desburocratización de los trámit lunes 20 de octubre de 2025 | 10:40hs. El Poder Ejecutivo entrerriano presentó un proyecto de ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas que, entre otros objetivos, pretende: “1) establecer los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el ambiente, los bienes naturales y la calidad de vida de la población, de forma armónica con la política provincial de desarrollo integral y sostenible; 2) asegurar el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para la vida y la dignidad humana; 3) establecer el marco jurídico y administrativo al que deberá ajustarse el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se realice en todo el territorio provincial, bajo parámetros de simplificación, modernización, uniformidad administrativa y eficacia procesal; y 4) garantizar canales efectivos de participación ciudadana en procesos de toma de decisión ambiental”. Fundamentos. En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostuvo que el proyecto “de Ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas que tiene por objeto establecer un nuevo marco normativo, claro y unificado, en consonancia con las necesidades de los tiempos que corren y que promueva la simplificación y desburocratización de los trámites que se deben realizar ante la autoridad ambiental provincial”. La Ley, se sostuvo, “pone en el centro de la gestión ambiental de las actividades económicas y productivas la noción de ‘democracia ambiental’, entendida como el derecho de los ciudadanos a involucrarse en la toma de decisiones que afecten a su entorno, sobre todo cuando se trata de proyectos de alto impacto”. No solo miren el beneficio inmediato Tras reconocer que “la creciente degradación ambiental demuestra la necesidad de adoptar políticas que protejan los bienes naturales sin descuidar el crecimiento productivo y que hagan posible un desarrollo sostenible”, se entendió que “las políticas económicas deben orientarse a un desarrollo armónico que no agote los recursos naturales ni dañe sistemáticamente los entornos naturales, sino que respete los límites ecológicos y permita la renovación de los ecosistemas”. Así, se sostuvo que “esta Ley reconoce la importancia de que las decisiones económicas no solo miren el beneficio inmediato, sino que aseguren un futuro viable para las generaciones venideras”. La descentralización política y la autonomía exigen que cada provincia tenga la capacidad de formular leyes propias que respondan a las particularidades locales, promoviendo el equilibrio territorial y ambiental dentro del marco de la Constitución Nacional. Además, es dable destacar que se reconoce la importancia de la participación ciudadana como un eje clave para garantizar que las políticas públicas sean legítimas y reflejen el interés colectivo. En el mensaje a la Cámara de Diputados se remarcó que “es fundamental destacar que este proyecto de Ley es fruto de un arduo trabajo, que demandó muchos meses, y fue llevado a cabo y en conjunto por el personal técnico/profesional de la Secretaría de Ambiente, en articulación con el personal y funcionarios de las distintas dependencias que forman parte del Ministerio de Desarrollo Económico y sus respectivos equipos de trabajo. Se considera prioritario y fundamental avanzar en una armonización y actualización del sistema vigente”. Derogación y ctualización normativa También se precisó que “este proyecto propone una actualización de la normativa, conforme a los actuales paradigmas de tutela ambiental y de derechos humanos. De este modo, se plantea la derogación de la Ley N° 6260 de Prevención y Control de la Contaminación por parte de las Industrias, sancionada en 1978. Además, se toma como base y se mejoran las previsiones contempladas en el Decreto N° 4977/09 GOB, a través del cual se aprobó la reglamentación de la Evaluación de Impacto Ambiental, buscando así dar un salto de calidad normativa”. Certificado Único Ambiental En proyecto se destacó también “la creación del Certificado Único Ambiental (CUA) que facilitará el proceso administrativo, reemplazando múltiples certificados existentes, buscando mejorar la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios, promoviendo la innovación y el uso responsable de los recursos, a la par de que se sostiene un compromiso institucional con la participación pública”. En aquella línea se entendió que “la inclusión de la ciudadanía en los procesos de evaluación de proyectos garantiza un control social sobre el impacto ambiental de las actividades económicas. La incorporación de tecnologías digitales y de la información en la gestión pública busca no solo agilizar trámites, sino también transparentar y mejorar la eficiencia administrativa”. También se indicó que “este principio responde a un contexto de digitalización global que demanda que las instituciones públicas se adapten a nuevas tecnologías para ofrecer un mejor servicio al ciudadano, aumentando la accesibilidad y reduciendo la burocracia.- Se busca un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del ambiente, destacando la prevención de impactos negativos a través de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”. (APFDigital)

    Ver noticia original

    También te puede interesar

  • Examedia © 2024

    Desarrollado por