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» LaVozdeMisiones
Fecha: 18/10/2025 01:12
Los caciques Francisco Ramos, de la comunidad Marangatú de Puerto Leoni, e Hilario Moreira de Tapé Mirí, ubicada en Garuhapé, fueron designados presidente y vicepresidente del Consejo de Caciques, organismo encargado de defender y representar las voces de la nación mbya guaraní frente a los gobiernos provincial y nacional. La designación se dio durante la Asamblea General de las Comunidades Mbya Guaraní llevada a cabo en la aldea El Pocito de Capioví, del 14 al 16 de octubre pasado, con la participación de alrededor de 250 integrantes de al menos 100 comunidades mbya radicadas a lo largo y ancho de la provincia. En ese marco, enumeraron las demandas aún presentes que serán exigidas por el Consejo proximamente, entre ellas; la incorporación del derecho indígena a la Constitución provincial, regularización de territorios, servicios básicos, acceso a la salud y educación intercultural, mejora de caminos, viviendas, inversión, políticas públicas con perspectiva mbya guaraní y el cese de intrusiones y desmontes dentro del territorio indígena. Frente a esto, adelantaron que el próximo lunes 20 de octubre presentarán un documento con cada una de las demandas al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones y a la Dirección de Asuntos Guaraníes. Otras consideraciones De la asamblea desarrollada durante tres días en la localidad de Capioví participaron caciques, lideresas, jóvenes, docentes, mujeres, promotores de salud y estudiantes, como resultado de la manifestación con acampe encabezado por comunidades en la plaza 9 de Julio de Posadas del 15 al 19 de septiembre pasado. La medida de fuerza fue levantada luego de una reunión con el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, quien se había presentado en el lugar desde el primer día de acampe a fin de llegar a un acuerdo. Tras cinco días de debate, se comprometió a trasladarlos en colectivo hasta sus comunidades y facilitar los recursos necesarios para llevar a cabo la asamblea provincial que finalmente se concretó esta semana. En esa oportunidad, la manifestación en la capital provincial contó con el acompañamiento de la sociedad en general. En tanto, el presidente de la Cámara de Rrepresentantes, Oscar Herrera Ahuad y la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, firmaron un acta de compromiso con la realización de la asamblea general, en la que garantizaban el traslado de todas las comunidades de la provincia, como así también el alimento para los días de duración, además de acordar la presencia de funcionarios al finalizar la asamblea. Sin embargo, “varios compromisos no se cumplieron”, repudiaron los caciques, y aseguraron que el acompañamiento de la asamblea, por parte del gobierno provincial, “fue muy precario”. Durante la asamblea los caciques también definieron el equipo técnico territorial de las comunidades en distintas zonas de la provincia, los cuales tienen la tarea de hacer relevamientos y llevar las demandas del territorio al Consejo de Caciques. Y decidieron que la misma se realice dos veces por año, como principal órgano de consulta para el Consejo. Para finalizar, lamentaron a través de un comunicado que: “La ausencia de funcionarios del gobierno provincial el jueves por la tarde en la asamblea, fue tomada por sus participantes, como falta de voluntad política, de interés y responsabilidad con sus funciones públicas”. Y concluyeron: “La asamblea de las comunidades busca seguir generando lazos entre las mismas, para tener mayor unidad y fuerza en sus acciones, así como también convoca al resto de la sociedad a acompañar y unir fuerzas en las luchas por los derechos humanos, hoy seriamente amenazados”.
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