18/10/2025 02:35
18/10/2025 02:34
18/10/2025 02:34
18/10/2025 02:34
18/10/2025 02:34
18/10/2025 02:34
18/10/2025 02:34
18/10/2025 02:34
18/10/2025 02:33
18/10/2025 02:33
Crespo » Paralelo 32
Fecha: 17/10/2025 17:15
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió este jueves revocar la resolución del Juzgado Federal N°1 de Paraná que había dispuesto el sobreseimiento y la falta de mérito de 43 personas imputadas por las quemas de pastizales ocurridas en el Alto Delta del Río Paraná en febrero y marzo de 2020, cuyos efectos se sintieron en gran parte de la región. El tribunal, integrado por Mariela Emilce Rojas, Mateo Busaniche y Beatriz Aranguren, resolvió —por mayoría— hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (MPF), al que adhirió la Municipalidad de Rosario como querellante, y revocar la resolución dictada el 4 de abril de 2025 por el juez federal de primera instancia. La decisión se produce en el marco de una causa que investiga una serie de incendios en las islas del Alto Delta, ocurridos los días 13, 28 y 29 de febrero y 1° de marzo de 2020, que provocaron intensos focos de humo, afectaron la visibilidad en rutas nacionales 9 y 174, el tránsito fluvial y aéreo, y generaron daños ambientales de magnitud. Un fallo dividido El voto de la mayoría, integrado por Busaniche y Rojas, consideró que existen elementos que justifican profundizar la investigación a fin de “dilucidar los extremos de las imputaciones efectuadas” y “reconstruir las circunstancias que rodearon los hechos que se investigan”. Los magistrados señalaron además que, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa, es necesario “individualizar y llevar a cabo las medidas probatorias estrictamente pertinentes para evitar dilaciones innecesarias y resolver con la celeridad que el caso demanda”. En disidencia, la jueza Beatriz Aranguren votó por rechazar la apelación, sosteniendo que los argumentos presentados por el fiscal y las querellas “no permiten desvirtuar los sólidos fundamentos del magistrado de primera instancia”. Según su postura, no se halló un nexo causal directo entre las conductas de los imputados y los incendios, y “atribuir responsabilidad penal únicamente por ser titulares registrales de los inmuebles implicaría una responsabilidad objetiva, contraria a los principios constitucionales en materia penal”. Antecedentes de la causa La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Municipalidad de Rosario en febrero de 2020, a través de su entonces subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, por los reiterados incendios en la zona del Alto Delta del Paraná. A partir de diversas medidas probatorias, entre julio y diciembre de 2020 fueron indagadas más de 40 personas, entre propietarios y responsables de campos ubicados en las islas del delta, a quienes se imputó haber causado o no evitado los incendios que generaron peligro común para bienes y personas, además de contaminación ambiental. Las acusaciones se sustentan en los artículos 186 (incisos 1 y 3) y 194 del Código Penal, y el artículo 55 de la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos, en concurso ideal. En septiembre de 2023, el Juzgado Federal N°1 de Paraná había dispuesto el sobreseimiento de seis imputados —entre ellos Enzo Vignale, Esteban y Raúl Morist, y José Vincenti— y la falta de mérito para los restantes. Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, con la adhesión de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Municipalidad de Rosario, dando lugar a la intervención de la Cámara Federal. Continuidad de la investigación Con el nuevo fallo, la Cámara Federal de Paraná ordenó continuar la investigación para esclarecer las responsabilidades penales de los imputados y avanzar en la recolección de nuevas pruebas. La resolución enfatiza la necesidad de profundizar el análisis pericial y documental, así como de individualizar las acciones concretas que pudieron haber contribuido a los incendios registrados en las islas del delta, que desde hace años constituyen un problema ambiental y judicial de escala interprovincial. De esta manera, la causa —que tiene como querellantes a la Municipalidad de Rosario y a la Asociación Civil Cuenca del Paraná— permanece abierta y en curso, bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal Federal.
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por