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Parana » Informe Digital
Fecha: 16/10/2025 02:33
El conflicto judicial entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) y la firma Lácteos Vidal tomó un rumbo inesperado tras la presentación de un escrito ante la Justicia Federal, en el que se solicita investigar presuntos vínculos de la empresa con “operaciones de narcotráfico, triangulación de fondos ilícitos y violaciones a los derechos laborales”. Fuentes cercanas a la pyme láctea afirmaron que la escisión societaria cuestionada por el sindicato es una medida administrativa iniciada hace más de ocho años, antes de la pandemia, destinada a reorganizar la estructura interna por motivos de costos y rentabilidad. En tanto, en un video difundido en X, la dueña de la empresa aclaró que “no conoce a Fred Machado” y que la firma tampoco aportó para la campaña electoral de Patricia Bullrich. Las acusaciones de Atilra, según consta en un escrito, se sustentan en la Causa N° 31095/2025 – “Anidos, Claudio Andrés y otros c/ Lácteos Vidal S.A. s/ Medida Cautelar”–, donde la parte actora presentó documentación que, según el sindicato, probaría transferencias millonarias desde cuentas vinculadas al empresario detenido por narcotráfico Fred Machado hacia la titular de Lácteos Vidal. “La presentación judicial se apoya en documentación de la Justicia de los Estados Unidos, que confirma transferencias millonarias desde cuentas asociadas al empresario detenido por narcotráfico Fred Machado hacia Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal. Esas operaciones —registradas en planillas del Bank of America incorporadas a la causa que se instruye en Texas contra Machado y Debra Mercer-Erwin por lavado de activos de cocaína— revelan además que Bada Vázquez aportó luego $215 millones a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023, lo que refuerza la sospecha de una triangulación de fondos de origen ilícito hacia la política argentina”, indicaron. “Lejos de la imagen de víctima de bloqueos sindicales, que el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) —referenciado en Florencia Arietto y vinculado al espacio de Patricia Bullrich— intentó instalar. Lácteos Vidal acumula denuncias por despidos persecutorios, fraude laboral, incumplimiento de fallos judiciales y hasta amenazas con armas de fuego contra sus trabajadores”. Alejandra Bada Vázquez, una de las propietarias de Lácteos Vidal Según mencionaron, “durante la pandemia, la empresa obligó a empleados a trabajar sin medidas mínimas de seguridad sanitaria, provocando la muerte de un obrero por Covid-19. Las imágenes de Bada Vázquez increpando a sus trabajadores con un arma recorrieron el país y se convirtieron en símbolo de un modelo empresarial violento y antisindical”. En el escrito, Julián Coronel, abogado de Atilra, advirtió: “Librar oficios de levantamiento en este contexto implica facilitar maniobras ilícitas vinculadas al narcotráfico. Resulta absolutamente urgente impedir dicho acto procesal”. El escrito de Coronel solicita a la Cámara Federal que: • Detenga de inmediato las escisiones societarias dispuestas por la empresa. • Revoque el levantamiento de medidas cautelares, restituyendo el efecto suspensivo. • Investigue a fondo los vínculos con el narcotráfico y el financiamiento político. • Garantice la protección del crédito laboral de los trabajadores, evitando el vaciamiento patrimonial. El gremio denuncia en el escrito “un entramado de poder, negocios ilícitos y violencia laboral. El caso Lácteos Vidal ya no puede ser reducido a un conflicto gremial”, afirmaron. Según dicen “expone el cruce entre poder económico, narcotráfico y política, un entramado que amenaza el orden público y la seguridad jurídica en la Argentina”. Observaron en la presentación judicial que “la Cámara tiene la obligación institucional y moral de frenar estas maniobras. Avalar significa dejar la puerta abierta a un sistema donde el narcotráfico financia empresas y campañas políticas con total impunidad, mientras se vulneran los derechos más elementales de los trabajadores”. El conflicto entre el gremio Atilra y la pyme se ha extendido a lo largo de los últimos tres años. Gza. Beluardo En un video publicado en sus redes, Bada Vázquez dijo “no conocer a Fred Machado” y negó que la firma haya hecho aportes a la campaña electoral. “Lácteos Vidal nunca aportó para la campaña ni de la doctora Bullrich, ni de ningún otro candidato. Somos una empresa familiar que no hacemos política: lo intentan y quieren ensuciarnos en campañas políticas, pero no. ¡Basta! Tráiganme la transferencia de Lácteos Vidal a alguna campaña. No existe. ¡No la van a encontrar! Dejen de usarme para la política. No lo voy a permitir. Comprendo que la mafia sindical está molesta y es destructora del empleo. Siempre lo voy a decir: destruyen el empleo. Es la verdad y con la verdad vamos al fin del mundo. Recalde [Mariano, candidato a candidato a senador por CABA de Frente Patria],se presentó como Amicus Curiae en la causa de Lácteos Vidal y toda la runfla de abogados que no quieren el país y que le hacen daño. La industria del juicio mata empleo. ¡Sépanlo! ¡Basta, muchachos! Los delitos están probados. Hagan la campaña que quieran. Antes o después van a tener que rendir cuentas, si hay justicia. Los delitos están probados y no entran más”, dijo. Bada Vázquez se defendió de las acusaciones que la vinculan con Fred Machado Tras una consulta de LA NACION, fuentes cercanas a la pyme afirmaron que la Justicia ya se pronunció sobre la escisión y que el juez Ignacio Ramonet resolvió permitir la continuidad del proceso con efecto devolutivo, luego de constatar que el balance de la compañía garantizaba solvencia suficiente para afrontar obligaciones laborales y contingencias judiciales. Además, señalaron que, para evitar interpretaciones erróneas, se dispuso que las nuevas unidades económicas creadas tras la escisión se solidaricen patrimonialmente con Lácteos Vidal, de modo que “la empresa principal continúa siendo responsable ante cualquier reclamo”. Por último, el entorno de la empresa dijo que el caso está siendo utilizado con fines políticos. “El conflicto judicial está siendo usado para instalar acusaciones falsas y dañar la imagen de la empresa. Nunca existieron aportes irregulares ni vínculos con el narcotráfico”, subrayaron.
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