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» Diario Cordoba
Fecha: 11/10/2025 15:54
La presunta red corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos para realizar adjudicaciones irregulares de obra pública, que salpica al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, puede acabar siendo examinada al mismo tiempo por tres órganos de instrucción diferentes si, como sospecha la Fiscalía Europea, alguno de los contratos sospechosos fueron financiadas con fondos europeos. Desde el órgano de investigación europeo se busca ahondar en la línea de investigación que ha motivado el ingreso en prisión preventiva del que fuera el último secretario de Organización del PSOE, cuyo papel parece ser central en las actividades presuntamente delictivas. No obstante, los fiscales no buscarán esta vez arrastrar toda la investigación como intentaron en vano el verano del 2024, cuando la actividad del asesor ministerial Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama era aún objeto de la Audiencia Nacional y se apuntaba a contratos firmados por las administraciones balear y canarias pagados con fondos europeos. El Tribunal Supremo acabó resolviendo el conflicto de competencias a favor de la Audiencia Nacional. Tras la asunción de la parte esencial del caso Koldo por el alto tribunal, debido a la imputación del hoy diputado Ábalos, fuentes de la Fiscalía Europea señalan a EL PERIÓDICO que esta vez la estrategia será diferente y únicamente se reclamarán para su avocación los expedientes concretos que pudieran haber sido financiados con fondos de europeos, y eso en el caso de que existan. No se plantean reclamar el procedimiento completo al alto tribunal. Por el momento, las fiscales Laura Pellón y Olga Muñoz han pedido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente les informe sobre "el objeto de su investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que están siendo actualmente investigados". Como en el caso Begoña De este modo, y según las mismas fuentes, se actuara de un modo similar al del caso contra Begoña Gómez, en el que los fiscales europeos indagan únicamente en dos de los contratos sospechosos de incurrir en tráfico de influencias adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, mientras que el juez Juan Carlos Peinado sigue teniendo competencia sobre el resto. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. / Fernando Sánchez - Europa Press Existen sin embargo, diferencias este caso y el de la mujer de Pedro Sánchez, según las fuentes consultadas, puesto que el Supremo parece estar convencido de que la investigación de la trama Koldo es tema suyo, mientras que en el caso del Juzgado de Instrucción número 41 fue el propio juez Peinado el que dio parte al organismo europeo. Valorar los contratos Por ello, pese a sospechar desde hace meses que la investigación del Supremo puede afectar a contratos de los que la Fiscalía Europea es competente, se decidió esperar a que pasara un tiempo prudencial y terminara el verano para que Puente pudiera seguir avanzando en sus pesquisas, al considerar que la prioridad es la investigación. A ello se suma que antes de ir a una avocación de parte del procedimiento la Fiscalía Europea necesita valorar a fondo toda la información existente, y por ello es ahora cuando se han decidido a pedirla. De no hacerlo así, este organismo incurriría en una dejación de sus funciones. En julio de 2024 el Supremo rechazó el conflicto positivo de competencias que planteó el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que dicho momento centrado en los contratos de mascarillas, incluso los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario que en principio habrían sido pagados con fondos de la UE. Lo argumentó en que todo se limitaba a una "trama de corrupción nacional" que no afectaba a los intereses financieros de la Unión Europea. No creyó entonces el Supremo que la Fiscalía Europea se encontrara en una mejor posición para asumir la investigación por contar con una mayor especialidad o mejor dotación de medios materiales y humanos que la Audiencia Nacional. En dicha ocasión el alto tribunal pidió informe a la Fiscalía de Sala del propio Supremo, que informó a favor de dejar la investigación en España, pero sus colegas europeos no tuvieron la oportunidad de pronunciarse antes de que se adoptara una decisión definitiva sobre la competencia. En todo caso, en esta ocasión se intentará no llegar a dicha situación y evitar un conflicto de competencias, optando por la fragmentación de la investigación según los contratos, si es necesario. Obras bajo sospecha Por el momento, la instrucción del juez Puente se centra en 11 expedientes concretos de Adif y Carreteras, si bien los informes de la UCO aludían a siete más. A ellos podría sumarse casi otra decena a tenor de lo consignado en los documentos resultantes de sus registros realizados en la casa del propio Ábalos en Valencia, cuando los agentes se vieron obligados a consignar el intento de una mujer que acompañaba entonces al exmandatario de sacar de la vivienda uno de los pendrives. La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera Posada, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 29 de mayo de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press Las principales sospechas de la actuación de la trama recaen sobre la adjudicación cinco obras de Adif, en la etapa en la que esta entidad estaba bajo el mando de Isabel Pardo de Vera, que son las del ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) -que se licitó por un importe inicial de 51.7 millones de euros, ampliándose hasta los 62.026 millones; el soterramiento de la red ferroviaria en Murcia (158,8 millones); la construcción del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería (tramo: Pulpí-Vera, por 121.1millones); obras en puentes y túneles en el tramo Monforte-Lugo y obras de emergencia en los taludes de la línea entre la estación de Gijón y Pravia, en Asturias, por 592 millones de euros. También se apunta a la posible responsabilidad del que fuera director general de carreteras, Javier Herrero con respecto a seis obras sospechosas de estar bajo la influencia de la trama Cerdán-Koldo-Ábalos. Se trata del tramo Arrúbal-Navarrete en La Rioja (92,4 millones de euros); tirantes del Puente del Centenario en Sevilla (102,8 millones de euros); segunda calzada de la Autovía A-63 Salas-La Espina, en Asturias (7,3 millones de euros), tramo Úbeda-Torreperogil en la carretera de Córdoba a Valencia; conservación de carreteras en Teruel (5,7 millones) y el tramo de la A-12 Camino de Santiago, entre Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río (en La Rioja por 72.4 millones de euros).
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